Por un blindaje legal de la inmersión lingüística

La nueva redacción de la ley estatal de educación puede suponer un respiro para el catalán

En medio del océano de malas noticias por la pandemia, este martes se ha producido una positiva, al menos en cuanto a la lengua catalana. El PSOE, Unidas Podemos y ERC negocian en el Congreso una enmienda al proyecto de ley de educación que prepara la ministra Isabel Celaá que corregiría la redacción de la ley Wert, que establecía que el castellano también era lengua vehicular en las escuelas. En concreto, lo que se negocia es sustituir esta parte por una que establezca que el objetivo del sistema educativo tiene que ser el conocimiento del castellano y de la lengua cooficial que corresponda, si es el caso. Es decir, la lengua estatal se fijaría más en el objetivo final, esto es, que los niños sepan catalán y castellano, y no en el método.

Esta corrección supondría un respiro para el modelo de escuela catalán, conocido como inmersión, que desde la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut y la ley Wert se ha visto amenazado. Recordamos que ya ha habido varias sentencias que han dictaminado que las clases en Catalunya tienen que ser como mínimo en un 25% en castellano. Y si tiene que ser un 25%, un 30% o un 15% no lo tienen que decidir los jueces sino los especialistas en función del proyecto lingüístico y educativo de cada centro y su contexto.

El sistema tiene que ser eficiente, es decir, tiene que garantizar el conocimiento de las dos lenguas, y por eso tiene que ser capaz de adaptarse a la realidad sociolingüística de cada territorio. Por eso, puede ser que en algunos casos haya que incrementar las horas de castellano o, a la inversa, reforzar al máximo el catalán. Pero tiene que quedar claro que no existe un derecho a recibir la enseñanza en una lengua determinada, como pretendía el ministro José Ignacio Wert, que llegó a destinar miles de euros para financiar la escuela privada en castellano para quien lo pidiera. Por suerte, la demanda fue tan exigua que la iniciativa fracasó.

Pero si una cosa demuestra la injerencia de la justicia en el modelo educativo es que hace falta más blindaje legal. Por este motivo la enmienda que se está negociando en Madrid es una buena señal y un paso en la buena dirección. Y sobre todo representa un paso del PSOE en el camino de demostrar con hechos su compromiso con la realidad plurilingüe del Estado. Porque esta reforma tendría que tener efectos no sólo en Catalunya, sino también en el País Valenciano y en las Baleares, donde la derecha es muy hostil a la enseñanza en catalán, y también en Galicia, el País Vasco y Navarra.

En Catalunya, el primer partido en el Parlament, Ciutadans, nació claramente con la voluntad de tensionar el modelo de convivencia y puso la escuela en su punto de mira. Afortunadamente, tres años después de ser la primera fuerza en el Parlament, su proyecto va a la baja y no se ha consolidado. El catalán continúa siendo la lengua de cohesión social en Catalunya. Pero con esto no hay bastante. Hay que luchar para obtener la misma situación legal que había, al menos, hasta antes de la sentencia del Estatut, y disponer de las herramientas necesarias para garantizar el futuro de la lengua.

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