El caballo de Troya

Las defensas de casi todos los acusados pusieron ayer el dedo en la llaga al exigir una vez más la incorporación de todas las actuaciones del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona al jucio oral

Ay  señor con las prisas. Nada más comenzar el juicio, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, solicita a las defensas que expongan en tiempo razonable sus alegaciones sin extenderse más allá de lo necesario. Y a continuación se gira a la derecha y se dirige a Andreu Van den Eynde, letrado de Oriol Junqueras, para ofrecerle la palabra. Andrés Martínez Arrieta, a su derecha, se da cuenta del lapsus y le indica que al empezar el juicio la letrada de la Administración de Justicia, María Antonia Cao, tiene que dar cuenta de los cargos contra los acusados.

Las defensas de casi todos los acusados pusieron ayer el dedo en la llaga - el eslabón más débil de la cadena instructora del juez Pablo Llarena - al exigir una vez más -ya lo habían hecho al solicitar las pruebas- la incorporación de todas las actuaciones del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona al juicio oral.     

Esas actuaciones, en las que el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, fallecido a primeros de noviembre de 2018, delegó una gran parte de la investigación del procés en la Guardia Civil en calidad de policía judicial, fueron integradas selectivamente -las presuntas pruebas de cargo fueron elegidas como quien saca lo que más le apetece de una cesta de cerezas- por los fiscales del Supremo y han terminado convirtiéndose en la génesis y fundamento probatorio -atestados policiales mediante -de la instrucción practicada en el Tribunal Supremo.

El tribunal ya rechazó la petición de incorporar toda la causa del juzgado 13 en el auto de pertinencia de pruebas por considerar que se trataba de una solicitud genérica.

Problema: gran parte de los acusados nunca fueron parte en la investigación de Ramírez Sunyer y por tanto se han enterado del contenido por las diligencias que escogieron los fiscales.

Los fiscales del Tribunal Supremo entendieron cuando Llarena asumió una parte de la causa que el juzgado de instrucción número 13 era una mina. En la misma, había tres presuntas vetas de oro: intervenciones telefónicas; documentos conspirativos y malversación.

Los fiscales viajaron en repetidas oportunidades a Barcelona para revisar el sumario y hablar con el juez Ramírez Sunyer. A continuación solicitaron al juez Llarena que pidiera los materiales escogidos para utilizarlos en la instrucción del Supremo.

Ramírez Sunyer inició la investigación del juez y senador independentista Santiago Vidal, a raíz de una denuncia del abogado Miguel Durán a finales de enero de 2017.El juez y senador no fue llamado a declarar hasta febrero de 2018, más de un año después de admitida la denuncia. Durante el año 2017, las diligencias las decidía la Guardia Civil.

En julio de 2017, ante la citación de funcionarios y cargos del Govern de la Generalitat en dicha investigación, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), emitió una nota, después de consultar con el juez, según la cual se aclaraba que las diligencias y citaciones realizadas “no habían sido solicitadas por el magistrado”. Ayer varios letrados de las defensas señalaron que Ramírez Sunyer había delegado, según una providencia del juzgado, actuaciones en la Guardia Civil. Fue el 20 de septiembre de 2017 que la Guardia Civil al practicar veinte detenciones, encontró los presuntos smoking gun (pruebas de cargo) en el domicilio de Josep María Jové, el número dos de Junqueras en la vicepresidencia de la Generalitat. La ya célebre agenda Moleskine y el informe Enfocats.

Ramírez Sunyer orientó su instrucción justificándola en motivos sucesivos hasta incluir la rebelión y la sedición. A primeros de octubre de 2018, cuando Llarena llevaba instruyendo los mismos delitos en el Supremo y la juez Carmen Lamela había llevado la causa por sedición en la Audiencia Nacional, Ramirez Sunyer aclaró que no tenía indicios de rebelión y/o sedición.

Cuando falleció, en noviembre de 2018, uno de sus amigos, José María Macías, miembro de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), escribió un obituario titulado: “Ramírez Sunyer, un juez extraordinario y patriota”. Allí señaló que “su investigación es en buena medida la base de la que, a su vez ha llevado a cabo el juez Llarena por los acontecimientos del 1 de octubre”. El presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, le escribió una carta el  2 de noviembre, dos días antes de su muerte, elogiando su vocación de servicio público: “Pero ese cumplimiento adquiere dimensiones heroicas cuanto todo cuanto te rodea se convierte en hostil”. Es una referencia nada velada al procés.

Si no hay nada que ocultar, el tribunal de enjuiciamiento debería dar la oportunidad a los acusados para que conozcan lo que ya saben, con ventaja, los fiscales del procedimiento del juzgado número 13.

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