El calvario político-judicial del PP

La apertura del año judicial, cuya ceremonia se celebra este martes, dia 6, en Madrid, será de 'facto' el final de la tregua o receso de los tribunales. Y, por tanto, supondrá la reanudación de las informaciones sobre casos de corrupción, principalmente del Partido Popular.

"La ceremonia pondrá fin a las vacaciones y a las grandes maniobras. La España real vuelve por sus fueros. Parecerá después del 6 que hemos vivido en agosto una cierta ficción", dice a ARA una fuente judicial con amplio conocimiento de las causas penales pendientes.

Como Sísifo, Mariano Rajoy tendrá que cargar sobre sus espaldas la colosal piedra de la corrupción y subir la montaña, ello en circunstancias fuera de serie: mientras prepara su segundo y nuevo intento de lograr la investidura, tras el fracaso o bluf del pasado viernes, después de las elecciones vascas y gallegas del 25 de septiembre.

Y tras la previsible convocatoria, el 28 de septiembre, del referéndum sobre la independencia de Cataluña por el Parlament para el primer semestre de 2017.

La primera resolución judicial de importancia es la sentencia del caso Fitur, el primer juicio de la trama Gürtel, que la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya tiene elaborada. El juicio finalizó el 14 de abril y la materia son los contratos de las empresas de Francisco Correa –principalmente Orange Market– con la Generalitat de Francisco Camps. Fuentes judiciales aseguran que el tribunal declarará la trama de Correa "organización criminal" y que el cabecilla puede ser condenado a seis años de prisión.

Y Valencia sigue en la agenda. El fiscal del Tribunal Supremo solicitó en julio, tal como pedía el juez instructor de la causa sobre blanqueo de capitales (pieza separada de la Operación Taula), que se asuma la investigación de la ex alcaldesa y senadora Rita Barberá.

Por tanto, la sala de admisión del Supemo, que preside el magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda, e integran los magistrados Ana Ferrer y José Luis Maza, tendrán que decidir sobre la petición del fiscal. Es previsible que la sala nombre magistrado instructor.

Una vez dado el paso, será el instructor el que deberá resolver sobre las diligencias a practicar.
Una de ellas puede ser la de citar a declarar en calidad de investigada a Barberá antes de solicitar, o para determinar, si procede pedir suplicatorio (petición de desafuero) al Senado. El artículo 118 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal permite esa declaración voluntaria sin suplicatorio. Pero debe hacerlo con todos los derechos, esto es, como investigada, asistida de letrado/a.

Otra de las circunstancias procesales en agenda es la resolución del recurso del PP contra el auto de la juez Rosa Freire que ha calificado al partido como persona jurídica investigada en el caso de la destrucción de los discos duros de uno de los ordenadores de Luis Bárcenas. Es la primera persona jurídica imputada desde la reforma legal del Código Penal que lo contempla,el 28 de diciembre de 2012.

En septiembre, el 17, comienza el caso de las tarjetas Black de Caja Madrid- Bankia. Rodrigo Rato y Miguel Blesa, las grandes estrellas, coparán la atención en el banquillo de los gastos de 15 millones de euros.

Y en octubre, el día 4, comienza en la Audiencia Nacional, en la sala de San Fernando de Henares, el gran caso de la primera etapa de Gürtel, el periodo 1999-2005, donde Correa, Pablo Crespo, Luis Bárcenas y un nutrido banquillo de decenas de acusados. Correa y Crespo llegarán con la mochila de Fitur, y quién sabe, ¿desde la cárcel?.

Pero estos son solo brochazos del calvario judicial. Porque al tiempo, sigue la instrucción de la operación Púnica y la investigación del patrimonio de Francisco Granados y la declaración de nuevos imputados.

Y 'last but not least', otros dos asuntos: en primer término, el agente de seguros José Faya López vuelve a declarar como investigado ante el juez José de la Mata este martes, sobre las operaciones de trafico de influencias de los ex abogados Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, que entre 2009 y 2015 ingresaron 5 millones de euros por "asesoramiento" de unas veinte empresas. 

Y en segundo lugar, Marchena, Ferrer y Maza tienen que resolver en los próximos días sobre la admisión a trámite de la querella criminal presentada por Xavier Trías y el partido Demócrata Catalán contra el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso.

Esta es la España realmente existente en la que Rajoy se atreverá, sin complejos, a pedir por segunda vez la confianza del Congreso de los Diputados.

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