MadridMariano Rajoy ha logrado cierto consenso en la valoración de que ha dado un golpe lúcido con su primera aparición del viernes pasado convocando elecciones autonómicas para el jueves 21 de diciembre. Esa decisión de quitarse el asunto de Cataluña de encima cual piedra de la espalda de Sísifo, empero, dependerá de los resultados del 21 de diciembre. Lo que ha sido un acto de audacia podría fácilmente convertirse en lo contrario.
Y, precisamente, por un hecho: con las dos querellas presentadas ayer por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, cuyo borrador es de José Miguel de la Rosa, jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE) y su equipo– que trabajaron con un archivo interno bajo el título más dura será la caída- se asegura que los cincuenta días que quedan hasta las elecciones del 21 de diciembre estarán dominados por las acciones penales.
Catorce son los consejeros –suponiendo que Carles Puigdemont, Joaquín Forn, Meritxell Borràs, Toni Comín, Dolors Bassa y Meritxell Serret, desde ayer en Bruselas, cosa que no está nada clara- acudan a prestar declaración una vez que se admita la querella por sedición y rebelión en la Audiencia Nacional probablemente en el día de hoy, martes, día 31 de octubre. Y
Y, en paralelo, Carme Forcadell, presidenta del Parlamento catalán, y otros cinco miembros de la Mesa del Parlament, desfilarán para prestar declaraciones ante la Sala Segunda del Supremo.
Todos los procedimientos judiciales en curso hasta ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en los juzgados de instrucción de Barcelona (número 13) y otros, se tendrán que inhibir a favor de la causa de sedición y rebelión en la Audiencia Nacional.
El fiscal general Maza ha presentado la querella ante el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, que este lunes 30 asumía la jueza Carmen Lamela, quien lleva la causa por sedición contra el mayor Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana y quien ha enviado a prisión a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de ANC y Omnium Cultural respectivamente.
La jueza decidirá hoy, según fuentes de la Audiencia Nacional, si asume también la investigación por rebelión y sedición o si,en su calidad de jueza de guardia, la remite a reparto para que caiga en otro juzgado.
Dado que se trata de actos de preparación del referéndum del 1 de octubre y habida cuenta de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se apresta estos días a ampliar la denuncia de la manifestación del 20 de septiembre ante la consejería de Economía a la jornada del 1 de octubre, la jueza Lamela puede, por conexidad y antecedentes, incorporarla a la investigación que ella misma está llevando.
El delito de rebelión que invoca Maza no se sostiene, jurídicamente, hablando. Los esfuerzos de la querella de remontarse al 23 de febrero de 1981 hacen más patente el esfuerzo por encajar a machamartillo el tipo penal, al comparar el alzamiento armado –un intento de golpe de Estado usando metralletas en el Congreso de los Diputados y sacando a los tanques en Valencia-, con el plan para conseguir la independencia de Cataluña. Maza y sus muchachos vienen a decir que es lo mismo presentarse con armas y tanques -23 de febrero 1981- que una hipotética violencia por parte de aquellos que organizaron la independencia…que no se produjo.
Pero, más allá de los aspectos penales, la instrucción de ambas causas, como se ha apuntado, sembrará el camino de las elecciones del 21 de diciembre con las noticias judiciales, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. Será, pues, muy lejos de una “normalización”, un escenario de choques diarios. El destino, pues, parece deparar nuevos enfrentamientos. Aunque el 155 sea “un 155 tolerado”.
Puigdemont, los partidos y las asociaciones, decidieron sobre las dos de la madrugada del viernes 27 de octubre que estaban de acuerdo –fruto de la negociaciones en las que intervino el lehendakari Iñigo Urkullu y los contactos con Jorge Moragas, director de gabinete de Mariano Rajoy- en convocar elecciones autonómicas “normalizadas”, como todas las que se habían celebrado desde 1978.
Junqueras apuntó que tendría que consultar con su consejo ejecutivo, pero, sin embargo, enseguida propuso firmar el decreto de disolución del Parlament y convocatoria de las elecciones. Pero, se dijo, cómo firmar el decreto a las dos de la madrugada. Mejor hacerlo por la mañana. Fue esa dilación la que provocó el vuelco de la situación, con Junts pel Sí, y la gente en la puerta del Palau agitando la independencia lo que cambió las tornas.
¿ Y la falta de garantías sobre la no aplicación del 155? Esas garantías no existieron porque Rajoy no quiso darlas. Pero, al cambiar la situación, en las reuniones de la mañana del viernes 27 se convirtieron en la excusa.
Hoy martes la Sala de Admisión del Supremo dictará el auto de admisión de la querella contra Forcadell y la Mesa del Parlament y nombrará magistrado instructor. Y en la Audiencia Nacional, la jueza Lamela dirá si se queda la querella contra Puigdemont y los 13 consejeros o la envía a reparto.
Bruselas
La salida de Puigdemont a Marsella con destino a Bélgica - operación clandestina hasta para su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, que habló con su cliente el domingo pasado, y dirigentes del PDeCat- es un grave error estratégico para su defensa penal -aparte del coste político que supone- por dos razones.
Si lograse -lo que es muy difícil habida cuenta de la crisis que ya ha aflorado en el Gobierno del primer ministro Charles Michel- permanecer en Bruselas y "resistir" la querella se arriesgaría al cabo de cierto tiempo a ser encarcelado allí.
Y si opta por regresar en las próximas horas a España, habría confesado que su retorno es el resultado del fracaso de su búsqueda de cobijo en otro otro país, a saber, que le informaron de las escasas posibilidades de conseguir la protección belga. Habría intentado, pues, sustraerse a la acción de la justicia española sin éxito.
Por tanto, la justificación de una medida cautelar de prisión preventiva, estaría servida, aunque tácticamente Maza todavía no la solicitado.
