El juez decidirá si autoriza retransmitir el juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

MadridEl juez Eduardo Muñoz de Baena, titular del juzgado de lo penal 31 de Madrid, deberá resolver, previsiblemente hoy, si autoriza o rechaza la retransmisión televisada del juicio por la destrucción de los discos duros de los ordenadores del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que comienza el próximo viernes, día 14 de junio.

La iniciativa de retransmisión fue propuesta por el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para facilitar el trabajo periodístico, pero el PP se ha opuesto porque, señala, los periodistas “no necesitan la utilización de medios audiovisuales para proporcionar información veraz a la ciudadanía". Según el PP, si el juez permite “una señal en directo, se vulneraría el derecho a la imagen y al honor de la formación, acusada como persona jurídica, y de las otras tres personas que se sientan en el banquillo: la extesorera, Carmen Navarro; Alberto Durán, director de los servicios jurídicos; y José Manuel Moreno, ex responsable informático de la formación”.

La Fiscalía Provincial de Madrid, a cargo de Pilar Rodríguez - que solicitó en instrucción el archivo del caso- no acusa, pero ha solicitado al juez su oposición a que se retransmita “en aras a garantizar el derecho de defensa”. Según su breve escrito, se debe evitar que “los testigos que hayan de declarar en el juicio oral puedan tener conocimiento de lo que hubiesen declarado otros testigos o, incluso, los propios acusados", al tiempo que se trata de proteger "la identidad e intimidad de aquellos testigos anónimos que han sido llamados a declarar”.

Los delitos que se enjuiciarán para los tres acusados citados son los de daños informáticos y encubrimiento por la destrucción del disco duro de Bárcenas en 2013, cuando se libraba una dura batalla contra el extesorero y los secretos que pudiese utilizar contra la cúpula del PP. Según declaró el ahora acusado José Manuel Moreno, ex responsable informático,ante la instructora, procedió a borrar 35 veces el disco duro de los ordenado y que después los rayó, los rompió y los tiró a la basura por orden del responsable jurídico del partido, Alberto Durán.

Como parte de esa batalla también se montó una operación para espiar a Bárcenas y sustraer de su domicilio documentos presuntamente comprometedores (Operación Kitchen), una tarea que habría sido encargada a los ex comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño por altos cargos del ministerio del Interior a cargo de Jorge Fernández Díaz. El juez Manuel García-Castellón está a cargo de la investigación y se espera que llame a declarar en los próximos días como imputado al ex número dos de Interior, Francisco Martínez.

Pero este juicio de los discos duros tiene notoriedad por otra circunstancia: es la primera vez que se sienta en el banquillo en calidad acusado (delito de daños informáticos) un partido político, el PP, tras la reforma del código penal del 27 de diciembre de 2012, según la cual se incorpora a los partidos políticos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas después de ser excluidos en 2010. Esa exclusión, precisamente, acabó con el gobierno de Mariano Rajoy; el PSOE, por su parte, defendió que siguiese la excepción, sin éxito.

Precedentes recientes

Aunque la sentencia del Tribunal Constitucional autorizó en 2004 a los medios audiovisuales a cubrir los juicios y consagró el derecho del público, la retransmisión se puede denegar con un auto motivado. En los últimos años se han retransmitido los grandes juicios como el 11-M, el caso Nóos, Gürtel o, ahora mismo el del procés, que se difunde por primera vez desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los acusados alegan que -a diferencia de otros casos- son muy poco conocidos por la opinión pública y que la retransmisión acabaría con su anonimato. La Fiscalía señala que “dado el interés relevante y público de la causa, se adopten las medidas oportunas para permitir la grabación o puesta a disposición de los medios necesarios para que los medios de comunicación acreditados puedan tener acceso a la citada vista oral y de lo que allí suceda".