La denuncia por sedición quiere paralizar a ANC y Omnium el 1-O
El TC da por legales las renuncias de los 27 síndicos
La denuncia contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de ANC y Òmnium Cultural, respectivamente, da por hecho que el 1-O se perfila como un acto de participación ciudadana y busca paralizar sus respectivas capacidades de movilización una vez desarticuladas las formalidades (censo y sindicaturas) del referéndum.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional lleva desde el 5 de noviembre de 2015 con la idea de imputar el delito de sedición, y lo hizo, sin éxito, contra los ayuntamientos barceloneses de San Cugat del Vallès y Premià de Dalt. Dos denuncias que fueron archivadas por los jueces de instrucción y por la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en febrero de 2016.
Sin embargo, el delito de sedición –tal como se razonaban en las instrucciones internas de la citada Fiscalía y en las comunicaciones con diversos departamentos del Gobierno- no se ha invocado en relación con la que ha sido hasta ahora la movilización más multitudinaria: la Diada del 11 de septiembre.
Porque tanto los discursos, como la pancarta de la urna el día de la Diada, con el Sí a la independencia, tuvieron lugar después de la prohibición de la ley del referéndum y del decreto del Govern del 7 de septiembre. Por tanto, encajaba en las instrucciones de noviembre de 2015, firmadas por el entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza.
Sin embargo, ha sido, según fuentes jurídicas, la existencia del enfrentamiento, que permite usar el término “tumultuario, con la Guardia Civil, a raíz del registro de la consejería de Economía, lo que decidió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentar la denuncia, dirigida contra Sánchez y Cuixart.
Ayer, el Tribunal Constitucional, por su parte, tomó nota de las 27 renuncias enviadas a dicho órgano a partir del viernes pasado, día 22 de septiembre, tras la aprobación de las multas coercitivas de 12.000 y 6.000 euros, a las Sindicatura Electoral y Territorial, respectivamente. El TC ha da por buenas esas dimisiones y será el ponente quien propondrá cómo evaluar el cumplimiento de las resoluciones.
De momento, según dijeron fuentes jurídicas, a pesar de presiones de la derecha judicial, el presidente del TC, Juan José González Rivas, no enviará a Hacienda la petición prevista para empezar a cobrar las multas diarias.
