La 'desinflamación judicial' del presidente Sánchez

La Abogacía General del Estado reduce a la mitad las penas solicitadas por la Fiscalía

La noticia de las conclusiones provisionales para el juicio del Procés ha estado en la Abogacía de Estado habida cuenta de que las peticiones de las Fiscalías del Tribunal Supremo y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya eran bastante conocidas. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la Abogada General del Estado, Consuelo Castro, han dado forma a la idea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de continuar con su pretendida fórmula de desinflamación de la situación en Cataluña, esta vez tomando partido sobre el delito de rebelión. Las penas que se derivan del escrito de la Abogacía General del Estado, que, como anticipó el ARA se desmarcaría de la Fiscalía, suponen, aproximadamente, la mitad de las que solicita la Fiscalía en el Supremo y en la Audiencia Nacional, por los delitos de sedición y malversación. La Abogacía General del Estado ha logrado continuar o profundizar la dinámica ya perfilada en la situación política española. 

Los partidos conservadores, que exigen la adhesión incondicional al delito de rebelión y propugnan la aplicación de un 155 permanente, ven las conclusiones como la prueba de cargo del contubernio que permitió a Pedro Sánchez ocupar La Moncloa con la moción de censura, mientras que las formaciones independentistas, que exigen la absolución, ven en ellas la traición del presidente. El relato de hechos del escrito de la Abogacía General del Estado no menciona una sola vez la palabra violencia en los hechos del 20 y 21 de septiembre y del 1-0 de octubre de 2017, una palabra que abunda en los escritos de las dos Fiscalías. Y no la menciona porque se ciñe a una minuciosa relación de los hechos. Y sin necesidad de decirlo, a saber, de que falta el requisito para el tipo penal de rebelión -el alzamiento violento- conduce a Consuelo Castro, la Abogada General del Estado, firmante del escrito, a optar por la alternativa de la sedición, donde la violencia no forma parte de la tipicidad penal.

Establecida, pues, la diferencia en la calificación preliminar o provisional, la pregunta que cabe hacer es la siguiente: ¿por qué el gobierno de Pedro Sánchez se ha metido en este jardín, a sabiendas de que iba a recibir el ataque de tirios y troyanos? Porque el Gobierno de Rajoy promovió la personación de la Abogacía General del Estado, en enero de 2018, para actuar como acusación particular del delito de malversación de caudas públicos. Es verdad que el abogado del Estado en la causa, Edmundo Bal Francés, no se limitó, durante la instrucción, a indagar y presentar escritos exclusivamente sobre la malversación, una conducta que llevó a las defensas de los imputados a presentar un recurso contra su actuación. El magistrado instructor, Pablo Llarena, al resolver un recurso de reforma sobre el asunto, legitimó a la Abogacía General del Estado para ir más allá de la malversación.

Pero, a pesar de esta legitimación, se podía perfectamente pasar de la rebelión-sedición y atenerse a la personación, planteada por el Gobierno de Rajoy, por el delito de malversación. Hay dos explicaciones posibles a la decisión de cruzar la frontera de la malversación. La primera: abrir una brecha en el delito de rebelión y proponer penas considerablemente más bajas optando por la sedición, absorbiendo en un ese único delito la malversación. La segunda: dejar constancia de que si bien en Cataluña no ha habido una rebelión por la ausencia del requisito de la violencia, la movilización social tuvo las características de sedición. Este mensaje era especialmente importante para el PSOE ante las próximas elecciones autonómicas del 2 de diciembre en Andalucía dada la situación de precampaña electoral.

Los que acusan desde la defensa incondicional del delito de rebelión al Gobierno de golpismo deberían, si son coherentes, lo que es pedir peras al olmo, incluir entre los golpistas nada menos que a la magistrada Carmen Lamela, que procesó por sedición y no por rebelión a Josep Lluís Trapero, Teresa Laplana, Pere Soler y César Puig. Lamela, partidaria de la sedición, se sienta ahora en la Sala Segunda del Supremo junto a Llarena, quien solo ha visto rebelión y nada más que rebelión. Y ello a pesar de que hay un magistrado, Luciano Varela, que en el debate de la sala de admisión del 31 de octubre de 2017, se empecinó en que debía introducirse en la resolución que admitía la querella de la Fiscalía el delito de conspiración para la rebelión. Y Varela es uno de los siete magistrados del tribunal de enjuiciamiento. Una fórmula que permitiría reducir las penas a 7 años de prisión.

El juicio oral comenzará en la segunda mitad de enero de 2019. Serán los letrados de los procesados los grandes protagonistas, los que deberán aportar los elementos probatorios para demostrar que la rebelión que esgrime la Fiscalía fue un gran equívoco -el farol de Clara Ponsatí- o una tentativa de la que se desistió.

 

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