El día en que las campanas han doblado por la rebelión

La declaración de Forn ilustra el 'desistimiento' y autoincumplimiento del plan independentista

Escolta aquí l'article llegit per Ernesto Ekaizer

Acaba de terminar el interrogatorio de Joaquín Forn por parte de su letrado, Xavier Melero. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, levanta la sesión hasta el próximo martes, día 19 de febrero, y ordena el abandono de la sala. Los acusados se ponen de pie. Forn está exhausto. Oriol Junqueras se aproxima al estrado de abogados. Y le estrecha la mano a Melero. Le da la enhorabuena porque lo que se ha escuchado en las últimas dos horas y media. Va bien para todos. Forn obtiene permiso de Marchena para reunirse con su mujer e hijos. En las puertas del Tribunal Supremo, el abogado Andreu Van den Eynde explica su estrategia con un argumento: “Hemos dejado claro que es un juicio político y nunca hemos sucumbido. No vamos a dar minutos a las acusaciones…”. 

En efecto, Junqueras solo ha contestado a su letrado y aunque estaba en condiciones –habida cuenta de la soltura, espontaneidad y locuacidad que ha exhibido-  ha preferido no responder a la Fiscalía. No hubiera perdido nada, pero eludió el cuerpo a cuerpo.

Forn, en cambio, dio varias horas a las acusaciones, Fiscalía y Abogacía del Estado –sin "sucumbir" a contestar a Vox- y ello permitió a su defensa crear una situación que solo se puede apreciar desde dentro de una sala que seguía superconcentrada los hechos que se relataban. Fue la historia de dos realidades.

Varios magistrados con el presidente a la cabeza tomaban notas sin parar. Y aunque tuvieron que girar varias veces la cabeza a su izquierda para ver los documentos que entregó Melero al oficial, mantuvieron el interés por saber.

Una realidad, la narrada por la Fiscalía sobre la rebelión-sublevación- insurrección, violencia mediante, y otra realidad: la ausencia de plan violento, por un lado, asociada a una estrategia independentista pulcramente diseñada, con sus leyes aprobadas puntillosamente por el Parlament… , unas leyes que pulcra e impunemente fueron incumplidas desde el momento en que debían ponerse en práctica a partir del referéndum del 1-O. El momento clave: la suspensión de las sindicaturas electorales que debían dar fe de los resultados. El Tribunal Constitucional las suspendió y amenazó con multar a sus miembros. La decisión fue acatada. Desapareció pues la certificación prevista de los resultados del 1-O.

Forn hizo, de hecho, una ilustración de lo que la ex consejera Clara Ponsatí, sin pelos en la lengua, lanzó al ruedo el 9 de junio de 2018, en una de las autocríticas más duras y peor digeridas por el independentismo hasta el momento: “Estábamos jugando al póquer e íbamos de farol”.

“Yo me preparé para un partido de Champions, pero me encontré con un equipo diferente al que esperaba”, dijo Melero horas después.

Los documentos proyectados muestran que el escenario que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el referéndum del 1-O en ningún momento asumían, en los días previos, que tendrían lugar hechos de violencia generalizada, más allá de algunos actos aislados. Lo que, a su vez, indica que no existía evidencias de un plan de alzamiento violento y público en ciernes. Esa construcción, que sostiene la Fiscalía, tendría, de seguir esos documentos, un sesgo retrospectivo. Por ausencia de esa alerta, precisamente, se explica que no se aplicase ni el estado de excepción ni la ley de Seguridad Nacional...y, se podría añadir, por esa realidad tampoco se tuvo la previsión de que Carles Puigdemont y otros exconsejeros podían salir de España.

El juez instructor, Pablo Llarena, hizo una instrucción que, ya desde el primer momento, le pareció muy sencilla, como quien dice pan comido, con la Guardia Civil a su servicio, que a su vez, ya había tenido un protagonismo en la instrucción del juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del juzgado de instrucción número 13 de instrucción de Bárcelona.

Es una instrucción, en gran parte, de atestados policiales, dirigida por Daniel Baena, jefe de la Policía judicial de la Guardia Civil de Cataluña. La Fiscalía también ha asumido esa instrucción. Todo guiado por una idea de Llarena que también asumió el presidente de la Sala Segunda y presidente del tribunal, Manuel Marchena: el enjuiciamiento concebido como castigo debía tener lugar lo más cerca coetáneamente a los hechos.

Los riesgos de esa apuesta serán más evidentes con cada jornada de juicio. El magistrado Marchena ha hecho bien en subrayar antes de comenzar  las declaraciones que solamente las piezas de prueba que serán examinadas en el plenario permitirán llegar a la convicción sobre lo que han formulado las acusaciones respecto a la acusación del delito de rebelión. Que es lo mismo que decir: las pruebas de cargo aportadas por la Guardía Civil.

Hay que señalar, asimismo, que el tribunal ha pinchado las expectativas de que la Guardia Civil pueda convertirse en la pieza de jaque mate de las acusaciones. Porque la comparecencia de Baena, por ejemplo, no será en calidad de perito sino de testigo. Y los atestados son informes no pruebas de cargo sagradas e indiscutibles como Llarena y los fiscales han asumido hasta ahora.

Una instrucción descuidada, "externalizada" por Llarena a otros juzgados, empieza a aflorar.

Lo que no quiere decir, claro, que aquí no ha pasado nada. Del mismo modo que Forn ha ilustrado la intensidad del farol al que había aludido Ponsatí, será el tribunal el que determinará qué delitos pudieron haberse competido. 

Pero lo dicho: las campanas han empezado este 14 de febrero a doblar por la rebelión.

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