Un 63% de los inmigrantes con trabajo atendidos por CCOO trabajan de manera ilegal

El 37% se dedican a la limpieza en el hogar, ámbito en el que la gran mayoría son mujeres latinas

En los primeros seis meses del 2019 se han agravado casi todos los indicadores de la situación de los inmigrantes llegados a España. Los Centros de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE) distribuidos por toda Cataluña han atendido, en el primer semestre de 2019, unas 6.500 personas, y han concluido que cada vez hay más inmigrantes sin autorización de residencia -pasa al 56% de 2018 al 61% en 201-, que sólo un 45% de las personas atendidas tienen trabajo -ligera mejora respecto al año anterior- y que, de estos últimos, el 63% trabajan de manera irregular. En 2018 la cifra apenas llegaba al 60%.

"Las mujeres sufren más esta situación, y esto está directamente relacionado con el sector de trabajo al que están vinculadas", ha explicado este jueves Carles Bertran, director del CITE. Se refiere a que el 37% de los trabajos irregulares son el sector del hogar (donde un 95% de la fuerza de trabajo son mujeres) y que el 24% se dedican a otros servicios, donde están incluidas las atenciones geriátricas. En estos dos ámbitos, además, los países de procedencia más identificados son Venezuela y Honduras.

Son personas, indicó Toni Mora, secretario de acción social y migraciones de CCOO, que "no tienen derecho a sanidad ni a prestación por desempleo y que se ven sometidas a irregularidades como ser despedidas sin ningún tipo de justificación".

En este sentido, aunque el país de donde más inmigrantes proceden es Marruecos (el 15% del total), el 60% de inmigrantes atendidos proceden de países emplazados en América Latina. Mientras que durante los años 2000 y 2005 el reclamo para venir era ser mano de obra en una economía en expansión, explicó Bertran, actualmente pesa mucho más la expulsión de los países de origen. En cuanto a Venezuela, la situación del país es más que sabida, ha profundizado el portavoz de los CITE, y Honduras tiene una violencia estructural que, sumada al hecho de que "la vía tradicional, que era Estados Unidos, ahora está muy cerrada", hace que se opte por España como destino de la migración.

La responsabilidad social y administrativa

Los dos portavoces han aprovechado para reivindicar que el Pacto Nacional para la Inmigración firmado en 2008 va "lento en su aplicación" y que sobre el Pacto por la Interculturalidad anunciado tampoco saben mucho. "Hay que ponerlo ya en marcha, esperamos que nos convoquen de manera inmediata para comenzar a trabajar", pidió Toni Mora. Sobre todo, ha añadido, porque "la ley de extranjería es un gran obstáculo para la situación real de las personas inmigradas y su posibilidad de integrarse".

Además, Mora ha criticado que desde los medios de comunicación se haga un tratamiento sesgado de la cuestión, relacionando "habitualmente" inseguridad con inmigración. En línea con ello, también ha incidido en que "cuando niños y jóvenes están en la calle y vienen a buscar mejores condiciones de vida y trabajo, una sociedad democrática, abierta y diversa debe responder con recursos, soluciones e integración".

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