AUTOPISTAS

Abertis reclama alargar las concesiones de los peajes para compensar el descenso de tráfico

Las autopistas están excluidas de las empresas con derecho a indemnización por el covid-19

Imagen de la AP-7, vacía por el confinamiento obligatorio, a su paso por Bellaterra (Barcelona). / CRISTINA CALDERER

Una de las consecuencias del confinamiento obligatorio para combatir el covid-19 ha sido la caída en picado del tráfico, lo que ha rebajado los ingresos de las concesionarias de autopistas en la misma proporción. Para compensar este agujero, Abertis ha iniciado contactos con el gobierno español para que sus contratos de peajes se alarguen durante el tiempo que dure el estado de alarma, según ha podido saber ARA.

Esto significaría que los peajes de la AP-7 (Tarragona-La Jonquera), la AP-2 (Barcelona-Zaragoza) o la C-32 (Barcelona-Palafolls) no acaben el 1 de septiembre del próximo año, que es cuando expiran los contratos, sino más adelante.

Poco después de que se declarara el estado de alarma, el gobierno de Pedro Sánchez promulgó varios decretos. En dos hablaba directamente de qué pasará con las empresas privadas que prestan un servicio público en régimen de concesión. Hay empresas de todo tipo -desde gimnasios hasta guarderías o centros deportivos- que operan con un contrato del Estado, de las autonomías o de cualquiera de los miles de ayuntamientos que hay en España.

Las empresas de servicios esenciales están obligadas a abrir y el Estado no las quiere compensar

Los decretos del gobierno establecen que las empresas que se hayan visto obligadas a cerrar tendrán derecho a una compensación durante el tiempo que no hayan podido prestar el servicio. Además, especifica que esta compensación se hará "ampliando la duración inicial" del contrato. Es decir, que si se han visto obligadas a detenerse tres meses, el contrato se alargará en la misma proporción.

Pero empresas como Abertis, que prestan un servicio esencial, no han podido cerrar y se han visto obligadas a seguir operando a pesar del descenso del tráfico, y en cambio no se pueden acoger a estas condiciones. En uno de los decretos del gobierno incluso se explicita que las empresas que "garantizan la movilidad", entre otras, quedan excluidas de esta opción. Hoy por hoy, por tanto, el Ejecutivo no prevé que se les prorrogue el contrato.

Esta situación afecta a las concesiones de autopistas, las operadoras de transporte (como el tranvía de Barcelona o líneas interurbanas de autobuses) o los restaurantes de aeropuertos, entre otros.

Ninguna de ellas, sin embargo, es tan sensible como Abertis, la principal propietaria de concesiones de Cataluña, como la AP-7, autopista con una larga historia y que ha sido un negocio esplendoroso desde que se construyó en los años 70. Desde entonces, la concesión -que inicialmente vencía en 2004- se ha prorrogado en dos ocasiones.

Los contactos de Abertis con el mundo político se están haciendo por dos vías. Por un lado, directamente con el gobierno, y, por otro, con los partidos del Congreso de Diputados. Los dos decretos del gobierno central ya han sido convalidados por el Congreso, por lo que el resto de formaciones ya los han avalado. Pero estos decretos posteriormente pueden convertirse en proyecto de ley modificado, y lo más importante: en este proceso se pueden introducir enmiendas que modifiquen el texto inicial. Con todo, el trámite en el Congreso se podría esquivar si el gobierno decidiera hacer un nuevo decreto.

En teoría, el tiempo para presentar enmiendas se agota este miércoles, 29 de abril, pero este plazo puede prorrogarse varias veces, por lo que no hay fecha definitiva. Un portavoz de Abertis no quiso confirmar ninguna información, ni tampoco valorar qué expectativas de éxito tienen los contactos con el gobierno. Abertis no está sola: todas las operadoras de autopistas se han implicado en esta operación. Pero ninguna tiene el tamaño de Abertis.

Dividendos y agencias de rating

Esta situación coge a Abertis en un momento especial. El pasado martes la compañía aprobó el reparto de un dividendo de 875 millones a sus accionistas, que desde hace dos años son básicamente dos: la ACS de Florentino Pérez y la italiana Atlantia. Este es el tercer dividendo más alto de la historia de Abertis y significa que, en principio, cada una de estas empresas se embolsará cerca de 440 millones.

Y si es en principio, es porque la junta de accionistas de Abertis decidió que la mitad del dividendo, que ha de pagarse en noviembre, esté condicionado a que la concesionaria no empeore la calificación crediticia que le dan las agencias de rating, lo que implicaría que endeudarse le saldría más caro.

De hecho, una de las ventajas que tendría para Abertis que el gobierno le permitiera alargar sus contratos actuales sería, precisamente, que le sería más fácil mantener el rating y pedir créditos a los bancos sin tener que pagar más intereses. Es decir, que si el gobierno alarga el contrato también facilitará que los accionistas reciban los 440 millones que están pendientes de cobrar. Cabe recordar que, con estos dividendos, ACS y Atlantia quieren recuperar buena parte de los 16.000 millones que les costó la compra de Abertis.

El precedente de la última crisis

Durante la última crisis económica Abertis ya llevó al Estado a los tribunales al considerar que, según el contrato de concesión, el descenso de tráfico de la AP-7 de aquellos años le daba derecho a una compensación. En concreto exigía 3.000 millones de euros de indemnización. El asunto terminó en el Supremo y el alto tribunal, en una decisión del todo inesperada, no resolvió nada: dijo que esperaría al vencimiento del contrato de la AP-7, en 2021, para decir quién tenía razón. Algunas voces creen que, en caso de que Abertis finalmente tuviera razón, ahora también tendrá derecho a una compensación económica.

LAS CLAVES

1. ¿Cuál es el problema de Abertis y qué propone?

Que el tráfico ha caído en picado debido al confinamiento obligatorio (durante la Semana Santa la afluencia bajó más de un 80% respecto a la del año pasado) pero, al mismo tiempo, las autopistas siguen abiertas. Esto significa que sus costes se mantienen, pero los ingresos han bajado al mismo ritmo que el tráfico.

2. ¿Tiene derecho Abertis a una prórroga del contrato?

A estas alturas el Gobierno no lo prevé. Los reales decretos que ha aprobado establecen que todas las concesionarias que han seguido operando (ya que forman parte de los servicios esenciales) no tienen derecho a indemnización. Para el resto de concesionarias sí se prevé una compensación en forma de alargamiento del contrato.

3. ¿Qué está haciendo Abertis?

Está intentando que el gobierno español reconozca su derecho a recibir una compensación, y cree que la manera más fácil de recibirla es alargando el contrato de concesión en la misma proporción que duren las medidas extraordinarias por covid-19.

4. ¿Qué pasará si se alarga el contrato?

En caso de que el Estado acceda a alargar el contrato, Abertis tendrá más fácil mantener la calificación que le dan las agencias de rating. Al mismo tiempo, también será más probable que la compañía pague cerca de 440 millones de euros en dividendos a sus accionistas (ACS y Atlantia). La empresa ha aprobado repartir 875 millones en dividendos este año, pero condiciona la mitad de ese dinero a la estabilidad del rating. Paradójicamente, por tanto, si el Estado alarga la concesión contribuirá a conseguir que Abertis mantenga su rating y, al mismo tiempo, hará más probable que la compañía pague el dividendo. Los actuales propietarios de la concesionaria quieren estos dividendos para financiar parte de la compra de Abertis, hace dos años.

5. ¿Qué pasó la última vez que cayó el tráfico?

Abertis ya demandó al Estado por el descenso de tráfico en la AP-7 de la última crisis: reclamaba 3.000 millones. El Supremo, sin embargo, dijo que no dictaría sentencia hasta que el contrato expire, en 2021. No sabemos, por tanto, quién tiene razón.

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