Boom de contratos de hasta 11 meses para burlar la ley

BarcelonaJusto en medio de la Rambla, en el número 112, 45 metros cuadrados de parquet bañados por la luz del sol y una terraza compartida llena de plantas muy agradable “con zona de picnic, tumbonas y unas maravillosas vistas del Gòtic”, dice el anuncio en Idealista. Solo una mensualidad, de 695 euros, de fianza. Eso sí, el alquiler solo puede ser “desde 32 días hasta 11 meses”. La situación actual incluso permite que el anuncio diga que el piso está “en una zona tranquila”. Es solo un ejemplo del boom de alquileres temporales que burlan la ley de vivienda con centenares de anuncios de particulares e inmobiliarias en los portales de alquiler.

El límite de once meses no es casual. La nueva ley que regula la vivienda fija en siete años la duración obligatoria de los contratos, pero prevé el uso temporal, hasta un año, en “usos diferentes al de vivienda, una categoría que engloba los arrendamientos de segunda residencia, los de temporada, los tradicionales de local de negocio y los asimilados a estos”.

Para firmar un alquiler temporal se tiene que demostrar que la estancia será temporal, una situación que no se da en la mayoría de candidatos en un contexto de pandemia, con movilidad reducida y con miles de pisos vacíos que no se alquilan. “Yo informo a los propietarios de que esto no es legal si la persona no viene a hacer un proyecto temporal”, reconoce el propietario de una inmobiliaria que tiene 100 pisos en cartera, entre los cuales algunos temporales, y que pide el anonimato. La abogada y diputada del Col·legi d'Advocats Cristina Vallejo confirma esta tesis: “Los arrendamientos de temporada pueden convertirse en un fraude para evitar la aplicación de las normas de arrendamiento de vivienda, como por ejemplo la prórroga obligatoria de 5 años para el arrendador. Tiene que haber una finalidad temporal para cumplir la legalidad”.

“Tú di que lo renovaremos y después ya veremos qué hacemos”, le dicen algunos arrendatarios al propietario de la inmobiliaria, pero la misma fuente se muestra convencida de que en un futuro cercano “habrá juicios; los propietarios se encontrarán con un problema y tendrán que renovar los contratos, porque no puedes echar a alguien de su residencia habitual”. La ilegalidad, recuerdan en el sector, consiste en firmar un contrato temporal a una persona que quiere hacer un uso residencial del piso.

Pero en el Sindicat de Llogaters, donde ya han llegado unos cuantos casos, no son tan optimistas. “Los jueces acaban decantándose por los propietarios si han hecho firmar al arrendatario que acepta que se hará un uso no de vivienda y por una estancia temporal; es difícil demostrar de qué forma se le ha hecho firmar eso”, afirma su portavoz, Jaime Palomera.

El reto de encontrar inquilino

Un piso de 65 metros cuadrados por 775 euros en el barrio de Sant Pere-Santa Caterina y otro del mismo tamaño por 800 en el mismo barrio son otros ejemplos fáciles de encontrar en los portales de internet. En los barrios céntricos es donde se encuentra la mayor parte de esta oferta, en parte debido a los cerca de 6.000 pisos turísticos que se han liberado, según Apartur. “Hay otras causas: los que quieren esquivar la nueva regulación del alquiler porque creen que la tumbarán por inconstitucional y los que quieren poder volver a subir el precio cuando pase la pandemia”, explica este empresario. La situación es clara: tiene más pisos que nunca, están meses en el mercado bajando de precio “y cuesta mucho alquilarlos”. Por eso algunos “se están rindiendo del alquiler temporal porque no los alquilan”.

Esta fórmula, sin embargo, tiene inconvenientes. “Muchos propietarios no informan [del marco de ilegalidad] hasta el día de firmar el contrato con los arrendatarios”, alerta este empresario inmobiliario. Pero todavía es más difícil cancelar el alquiler una vez transcurridos los 11 meses y cuando el inquilino quiere continuar viviendo ahí: “Te encuentras de todo: el que perdona la fianza, le paga la mudanza…”

Desde el Sindicat de Llogaters hace tiempo que denuncian la situación. “Es escandaloso que en un momento de pandemia, con centenares de personas desahuciadas y miles de pisos de alquiler vacíos, los propietarios se dediquen a usos anómalos”, denuncia Palomera, que pide que el departamento de Territorio modifique la ley 18/2007 de vivienda para poder aplicar sanciones a los propietarios. Consultado por el ARA , el departamento no ha mostrado voluntad de modificar esta ley.