El Colegio de Economistas denuncia la acción "coordinada" del Estado para forzar los cambios de sede tras el 1-O

El Gobierno "habría puesto en riesgo" a Caixabank y al Sabadell con la retirada de depósitos

Leandre Ibar
4 min
Els dos principals bancs catalans van patir una fuga de dipòsits multimilionària

BarcelonaEl Colegio de Economistas de Cataluña ha denunciado las presiones de las instituciones del Estado para forzar a las principales empresas catalanas a trasladar la sede social fuera de Cataluña después del referéndum del 1 de octubre de 2017. "No existe ninguna duda sobre la coordinación e impulso desde el núcleo del Gobierno y del Estado", concluye la institución profesional en un documento resumen de los diferentes debates y estudios realizados para estudiar el impacto del 1-O sobre la economía.

La presión del Estado sobre las empresas "fue importante", asegura el estudio, y se concentró en compañías de "sectores muy regulados, o muy orientados al mercado español o con estructuras societarias que los hacían más vulnerables". "Las multinacionales instaladas en Cataluña, las empresas familiares y las básicamente exportadoras no participaron de manera significativa en el movimiento del cambio de sedes", añade el texto.

El Colegio ve complicado cuantificar exactamente el número de empresas que trasladaron realmente la sede, ya que muchas sociedades son instrumentales o fondos que dependen de empresas de mayores dimensiones. No obstante, el impacto sobre la economía catalana del cambio de sedes fue "negligible", ya que se trató de un cambio "nominal pero no real", porque las sedes operativas se mantuvieron en Cataluña.

Tanto por lo referente al cambio de sedes como por la retirada de depósitos de las entidades financieras y la intervención de la Generalitat mediante el artículo 155, Modest Guinjoan, profesor de la UPF y presidente de la Comisión de Economía Catalana del Colegio, ha asegurado que el Estado quiso demostrar "quién manda aquí". "A la práctica, la mayor incidencia no fue económica", ha comentado Guinjoan, sino política: "Fue un buen sistema de propaganda política sobre el sistema económico", ha dicho.

"El impacto que se buscaba con las intervenciones analizadas consistía en enviar un mensaje político y propagandístico. Este objetivo puede decirse que fracasó, tal como se manifestó en las elecciones del 21 de diciembre de 2017", añade el texto del Colegio de Economistas.

Riesgo sobre Caixabank y Sabadell

En un estudio realizado para el Colegio por el profesor de la UPF y exmiembro del consejo de administración del Banco de España, Guillem López Casasnovas, a raíz del referéndum se habrían retirado unos 30.000 millones de euros de depósitos ubicados en Cataluña, que una vez desestacionalizada se reduciría a 25.000 millones. Un año después, de estos habrían vuelto unos 8.000 millones.

La razón de esta reducción es que una parte de los depósitos que salieron de Cataluña correspondían a instituciones del Estado, y, una vez efectuados los cambios de sede de las entidades catalanas, volvieron rápidamente. Según Guinjoan, desde el Estado "se pusieron en riesgo dos entidades financieras catalanas" (refiriéndose a Caixabank y Sabadell), aunque finalmente la fuga de depósitos no tuvo un impacto negativo. "La retirada de depósitos llevaba implícito que el Estado hacía de actor", ha añadido.

La salida de empresas, además, tuvo un impacto reducido sobre las cuentas del Govern, ya que no afectó a los principales impuestos –IRPF, IVA e impuesto de sociedades–. Solo tuvo un coste por la tasa de actos jurídicos documentados de las empresas que movieron la sede social, que suponían una parte destacable de la recaudación de este tributo. Aun así, el hecho de que anteriormente las ampliaciones de capital ya hubieran quedado exentas del impuesto hizo que la reducción de ingresos fuera menor, de acuerdo con las conclusiones del Colegio.

Coste del 155

Además, el Colegio ha recordado el coste directo de 130 millones de euros sobre las cuentas de la Generalitat derivado de la aplicación del artículo 155, según fue cuantificado en su momento por el Comisionado por el Autogobierno. La cifra, sin embargo, se amplía a 1.800 millones si se incluyen los costes derivados del bloqueo presupuestario y del aplazamiento de pagos.

Ahora bien, la entidad profesional considera que "el principal daño causado por el artículo 155 fue sobre la capacidad de autogobierno y sobre la capacidad de autodefensa", como por ejemplo en el caso de "la pérdida de buena parte de la colección del Museo de Arte de Lleida".

A pesar de los malos pronósticos, la deuda de la Generalitat no se vio afectada con mayor incidencia que otros casos de inestabilidad política. Por ejemplo, la prima de riesgo de la Generalitat subió un 4,4% entre los meses anteriores al 1-O –igual que la española– y al día siguiente, pero cayó un 10,6% en noviembre de 2017. Para comparar, durante la moción de censura que acabó con el gobierno de Mariano Rajoy, la prima de riesgo del Estado se dobló. "No sabemos si los mercados creían que no había riesgo de independencia o si creían que la independencia no era un riesgo", ha indicado Guinjoan.

Impacto negativo en el turismo

El Colegio de Economistas sí que considera que el 1-O tuvo un impacto negativo sobre el turismo, especialmente durante el último trimestre de 2017, en el que se produjo una reducción de las reservas turísticas que se recuperó al año siguiente. Según uno de los responsables del informe, el catedrático de la UPF Albert Carreras, la principal causa de esta disminución fueron "las imágenes de las cargas policiales" durante la jornada del referéndum. "Con las manifestaciones las tiendas están abiertas, mientras que las cargas policiales asustan", ha concluido.

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