El Estado alargará finalmente 3 años la carencia de los préstamos ICO

El gobierno español aprobará la medida en el consejo de ministros de este martes

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ya avanzó este sábado que el ejecutivo español aprobaría en el consejo de ministros de este martes el alargamiento de la carencia de los créditos ICO, desplegados para que las empresas afrontaran el impacto económico de la pandemia. Inicialmente dijo que el alargamiento sería de 12 meses, pero este lunes ha rectificado y finalmente el ejecutivo de Sánchez ampliará el periodo de carencia (es decir, el tiempo durante el que no hay que pagar la parte principal del préstamo sino solo los intereses, en este caso también más reducidos que habitualmente) hasta tres años, según ha avanzado Europa Press y han confirmado fuentes del ministerio de Economía al ARA.

Esta medida tiene que servir para dar oxígeno a las empresas y a los trabajadores autónomos, que ante la nueva oleada de la pandemia ven difícil empezar a devolver los créditos la primavera que viene, como estaba previsto inicialmente. Además, el gobierno también ha anunciado que continuará dando avales ICO hasta el 30 de junio del año que viene, después del visto bueno de Bruselas. Un anuncio que amplía medio año más la posibilidad para que las empresas y los autónomos accedan a liquidez. Con todo, el objetivo de la medida que aprobará este martes el gobierno – en el marco de un nuevo plan de choque más amplio que también recogerá la rebaja del precio de las mascarillas– es permitir que las compañías puedan sobrevivir a la segunda oleada y no se vean obligadas a cerrar.

La ministra ha avanzado la medida en el marco de la creación este lunes de una nueva mesa de diálogo entre agentes sociales y gobierno español para abordar el futuro plan de recuperación. La foto de este lunes ha sido la segunda en pocos meses a la Moncloa con el gobierno español y los agentes sociales juntos. La primera imagen fue de julio, cuando el ejecutivo de Sánchez y los sindicatos mayoritarios –CCOO y UGT– y las patronales –CEOE y Cepyme– firmaron en los jardines de la Moncloa el "pacto para la reactivación económica y la ocupación".

La nueva mesa de diálogo tiene que permitir a los agentes sociales hacer un seguimiento y un control del plan de recuperación que el ejecutivo de Sánchez enviará a Bruselas, a través del cual se canalizarán los fondos europeos para combatir los estragos económicos causados por la pandemia, que este lunes han vivido una nueva crisis con el bloqueo de Hungría y Polonia.

Después del encuentro, el gobierno español ha avanzado que ultima la creación de una nueva figura denominada "Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica". El ejecutivo central ha trasladado a los agentes sociales la intención de aprobar un real decreto a través del cual "se eliminarán los cuellos de botella, se reducirán los trámites, controles e informes administrativos necesarios" con el objetivo de potenciar la colaboración público-privada y el acceso de las empresas a los fondos, para impulsar los proyectos de carácter "estratégico". Hasta ahora el gobierno español sólo había confirmado la aprobación de un real decreto para eliminar los principales "cuellos de botella legales" que afectan, sin embargo, las administraciones públicas. Las dos medidas las quiere aprobar el gobierno español antes de acabar el año.

Acuerdos pendientes

Actualmente el gobierno español también tiene encima la mesa dos negociaciones abiertas con los agentes sociales. Por un lado, la futura ley de plataformas digitales, popularmente conocida como ley rider, que se continuará negociando en una nueva reunión este jueves.

De la otra, el gobierno también está negociando la modernización de las políticas públicas de ocupación, que, de hecho, recibirán un total de 7.400 millones de euros de los presupuestos generales del Estado para el 2021. El documento que en estos momentos hay encima la mesa plantea, entre otras cosas, subvenciones de un mínimo de 4.000 euros para los contratos fijos iniciales.

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