Las instituciones europeas dejan desprotegidos a un millar de intérpretes 'freelance'

Muchos no pueden acogerse a ayudas nacionales y reclaman un ingreso mínimo

La Unión Europea tiene 24 lenguas oficiales y sus instituciones (sobre todo el Parlamento) pueden tener que trabajar con cualquiera de estas lenguas en cualquier momento. Por este motivo, el colectivo de intérpretes y traductores de las instituciones es una pieza clave del engranaje de la UE. Sin embargo, la gran mayoría no son funcionarios europeos. Por ejemplo, la Eurocámara (según cifras de la misma institución) cuenta con unos 270 intérpretes fijos y contrata servicios de hasta 1.500 freelance a lo largo del año. La pandemia del coronavirus ha reducido el ritmo de trabajo comunitario y, de rebote, también el de este colectivo. Los que han sufrido más las consecuencias son los freelance, que ya se encontraban en una situación más vulnerable, porque se les han anulado los servicios contratados y no cuentan con ninguna protección económica.

Según ha podido saber el ARA y han confirmado fuentes de la Eurocámara, a partir del mes de marzo las instituciones europeas comenzaron a notificar a los intérpretes freelance que cancelaban los servicios que ya tenían contratados a partir de finales de mayo. Los trabajos ya pactadas desde marzo hasta esa fecha se pagaron aunque no se llevaran a cabo, pero a partir de entonces, se anulaban la gran mayoría de los encargos previstos porque por culpa de la pandemia la agenda europea se ha alterado (por ejemplo, la Eurocámara sólo hace actividad legislativa esencial y ya no viaja a Estrasburgo).

Pero los intérpretes denuncian que su situación es especialmente problemática. Como trabajan para las instituciones europeas y, por tanto, bajo su régimen legal, laboral y fiscal, pagan la tasa comunitaria (que pagan funcionarios, cargos y eurodiputados) pero no cotizan en ningún hacienda nacional por el trabajo realizado por estas instituciones, ya que queda exenta. Esto les complica poder acogerse a muchas de las prestaciones nacionales, sobre todo si dependían principalmente del trabajo de las instituciones. Por ejemplo, como explica Silvia Puit Vogel, de la delegación de negociación de este colectivo, en Bélgica (y también en España), como no se puede probar una caída de la facturación mínima como autónomo, porque son ingresos que no se declaraban a las haciendas nacionales, no pueden acogerse a las ayudas.

La respuesta de las instituciones

Lo admite el propio vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en una carta el día 22 de abril al comisario encargado del presupuesto europeo, Johannes Hann, a la que ha tenido acceso el ARA en la que le cuenta la "difícil situación de los intérpretes freelance", que quedan "abandonados sin ninguna prestación social", y le pide que lo tenga en consideración para buscar una solución de cara al próximo presupuesto europeo.

"No pedimos que nos paguen lo que nos habrían pagado en un año sin coronavirus, queremos que los contratos pactados se respeten y una prestación mínima similar a las medidas nacionales", explica Puit, que en su caso hace 15 años que trabaja casi únicamente para las instituciones europeas y no tiene perspectivas de tener ingresos ni en junio ni en julio. Otro intérprete que prefiere mantener el anonimato calcula que entre las cancelaciones y otros servicios que preveía que se le pidieran habrá dejado de ingresar unos 4.000 euros hasta agosto, pero en su caso no trabaja únicamente para las instituciones. Después de tres reuniones, el 26 de mayo, tanto la Eurocámara como la Comisión Europea propusieron pagarles 1.327 euros, el equivalente a unas tres jornadas (en función de la experiencia de casda uno) con el compromiso de trabajarlas hasta a finales de año, pero sin más concreciones.

El colectivo no está conforme con esta oferta al considerar que no cumple el convenio ni les garantiza un mínimo para sobrevivir. Los intérpretes freelance calculan que son más de un 80% los que trabajan "principalmente" para las instituciones europeas y que, por tanto, dependen económicamente de ellas. En cambio, según fuentes de la Eurocámara, este es el caso de una minoría, ya que sólo un 3% de este cerca de 1.500 intérpretes trabajan más de ocho días al mes para la institución y un 63% trabajan menos de tres días al mes. Desde la Eurocámara justifican la dificultad de encontrar un encaje legal para resolver la situación porque no se puede pagar por un servicio no prestado, pero sí aseguran estar dispuestos a "estudiar medidas" más adelante para facilitar su situación, tales como contratar-los para hacer formaciones u otros tipos de servicios si no hay tanta actividad tradicional. Los intérpretes explican, en cambio, que algunos funcionarios ya han creado una caja de solidaridad para ayudar a sus compañeros a tener un mínimo de ingresos garantizado.

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