El difícil camino para igualar el impuesto de patrimonio en toda España

El gobierno central cre que el anuncio de la semana pasada dificultará la armonización fiscal

Dumping fiscal es el concepto de moda. Hace tiempo que circula esta expresión en referencia a las constantes bajadas de impuestos de la Comunidad de Madrid mientras el resto de comunidades se ven incapaces de seguir su camino. El verdadero éxito del concepto llegó la semana pasada, cuando ERC anunció un acuerdo de presupuestos con el PSOE que incluía la creación de un grupo de trabajo para armonizar la tributación de las grandes fortunas en toda España y acabar con el dumping fiscal. En particular se quieren revisar los impuestos de patrimonio (un tributo que no se paga en Madrid) y, en menor medida, el de sucesiones y donaciones (que sí se paga en la comunidad de la capital española, pero con más exenciones que en territorios como Catalunya).

Aún así, de aquí hasta que realmente se armonicen estos impuestos hay un largo recorrido. El obstáculo principal es político. El acuerdo PSOE-ERC ha encendido al Partido Popular y particularmente a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El ministerio de Hacienda reconoce que “se ha empezado de la peor manera posible”, porque reformas de este tipo se tienen que hacer “con consenso”, puesto que afectan a muchos territorios, según explican fuentes de este ministerio consultadas por el ARA. El hecho de que se haya hecho un anuncio a bombo y platillo, aseguran estas voces, dificultará que la reforma se acabe haciendo.

Por otro lado, en el ministerio están encantados porque los temas más sensibles del acuerdo de presupuestos (aumento de la inversión presupuestada en Catalunya y levantamiento definitivo de la intervención financiera a la Generalitat) han pasado sin hacer ruido entre el resto de partidos. “Para aprobar los presupuestos a nosotros nos va bien”, explican.

La incomodidad que se ha generado con el anuncio incluso ha llegado a políticos como Iñigo Errejón, diputado por Más País y cofundador de Podemos, que ha salido al paso de la propuesta de armonización asegurando que “Madrid no hace dumping fiscal” y que “ERC se equivoca de planteamiento”. Según Errejón, haber iniciado esta batalla es “un regalo” para Ayuso. En Hacienda están de acuerdo: “Esto a Ayuso le va de fábula y dificulta que la reforma se acabe haciendo”.

La idea con la cual trabaja Esquerra es que el Estado cree un tipo propio del impuesto en cuestión (por ejemplo, patrimonio) pero que descuente el que ya se haya pagado a la comunidad autónoma por ese concepto. Por ejemplo: si el gobierno central crea un tipo al 5% y la comunidad autónoma lo tiene al mismo nivel, toda la recaudación se la quedaría la comunidad. En cambio, si la comunidad optara por bajar el tipo al 2%, el resto de dinero hasta llegar al 5% se pagaría al Estado.

Con esta fórmula, explican voces cercanas al partido republicano, ninguna autonomía tendría incentivos para rebajar el impuesto (puesto que la recaudación sobrante se la quedaría el gobierno central) y se conseguiría la mencionada armonización.

Desde Hacienda, sin embargo, están muy lejos de este modelo, puesto que consideran que “no tendría mucho sentido”. La opción preferida por Hacienda es la de crear un tipo mínimo y un máximo y que, a partir de estos umbrales, las comunidades decidan donde lo sitúan. Así se evitaría que Madrid opte por poner el impuesto de patrimonio al 0%, pero a la vez se mantendría una cierta autonomía para las comunidades.

El ejemplo que ponen desde el ministerio es el IVA, que en la UE no puede ser más bajo del 15% porque está prohibido (en el caso del tipo general), pero a partir de aquí los países escogen si lo tienen más alto o más bajo.

Trabajo en marcha

En realidad hace tiempo que el gobierno español trabaja en una propuesta para armonizar la fiscalidad autonómica. En septiembre se supo que Hacienda ya había creado un grupo de trabajo con altos cargos del ministerio. De hecho, la actual ministra, María Jesús Montero, fue consejera de Hacienda de Andalucía antes de dar el salto al gobierno español, y desde que llegó al cargo ha ido insinuando su intención de hacer una reforma en este sentido.

El impuesto que está más en el punto de mira es patrimonio, que se paga cada año en función de la riqueza del contribuyente y que en Madrid se bonifica al 100% (es decir, no se paga). En cambio, en el impuesto de sucesiones y donaciones, a pesar de que en Madrid es más benévolo, la recaudación no es muy diferente de la de Catalunya y algunos años, incluso, la supera.

LAS CLAVES

1. ¿Qué importancia tiene el impuesto de patrimonio desde el punto de vista de la recaudación?

La Generalitat ingresa más de 500 millones de euros anuales por este tributo (el año pasado, en concreto, fueron 555), que suponen alrededor del 40% de lo que se paga en España por el impuesto de patrimonio. Estos 555 millones suponen una séptima parte de los 3.600 millones que la Generalitat recauda en impuestos propios y cedidos, es decir, que ingresa directamente la Agencia Tributaria de Catalunya.

2. ¿Y qué pasa con el impuesto de sucesiones y donaciones?

Sus ingresos oscilan algo más, puesto que dependen de la riqueza de los difuntos de cada año. El año pasado este tributo generó 561 millones de ingresos. A pesar de que no hay tanta diferencia con Madrid (algunos años esta comunidad supera a Catalunya en recaudación por este impuesto), es posible que también se busque una fórmula para armonizarlo.

3. ¿Cuál es el modelo de armonización que defiende ERC?

Una propuesta que está sobre la mesa es que el gobierno central cree un tipo general en toda España, de forma que los contribuyentes tengan que pagar al menos esa cantidad obligatoriamente. Si el tipo mínimo es del 5%, por ejemplo, las comunidades donde el impuesto sea del 5% se quedarían toda la recaudación. En cambio, si el impuesto está por debajo, el resto de dinero hasta llegar al 5% se lo quedaría el Estado.

4. ¿ Y cuál es la propuesta que tiene el gobierno central en la cabeza?

Hacienda prefiere establecer un tipo mínimo y uno máximo, y que cada comunidad elija. Esto impediría tener el impuesto al 0%, como pasa en el caso de patrimonio en Madrid.

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