La inversión real del Estado se desploma

BarcelonaLa inversión ejecutada por el Estado en Cataluña se desplomó el año pasado. El Gobierno solo ejecutó poco más de la mitad de la inversión pública presupuestada en 2018 para Cataluña, según datos publicados ayer por el ministerio de Hacienda. En total, la Administración estatal llevó a cabo inversiones en territorio catalán por un valor de 757 millones de euros —145 millones menos que el año anterior—, que representan poco más de una décima parte del total ejecutado en el conjunto de España, concretamente el 10,3%.

De hecho, el porcentaje de inversión del Estado se sitúa muy por debajo del peso de Cataluña tanto en población como en producto interior bruto, que es de aproximadamente el 16% de la población española y del 19,1% de la riqueza total. Además, la cifra del 10,3% supone la inversión más baja del Estado desde 2015, cuando fue del 8,3%, y está casi tres puntos por debajo de la de 2017 (13,2%).

Los datos del Ministerio de Hacienda muestran toda la inversión de los organismos estatales, cuya mayor parte va destinada a infraestructuras y demás obra pública. Eso incluye al Gobierno y todas las inversiones llevadas a cabo por otras agencias y compañías públicas, como la empresa de infraestructuras Adif o el gestor aeroportuario Aena.

Además, las cifras muestran la inversión ejecutada —es decir, la que se materializa—, que es diferente de la presupuestada, que es la que está incluida en las cuentas públicas aprobadas por el Congreso, pero que puede acabar por no llevarse a cabo nunca o hacerlo con años de demora. En el caso catalán, la diferencia entre la cantidad presupuestada y la ejecutada fue del 57,7% en 2018. Eso supone que un 42,3% de las obras públicas previstas el año pasado se quedaron sin hacer.

Este 57,7% se encuentra muy por debajo de la tasa de ejecución media del Estado, que fue del 75,5%. Dicho de otra manera: mientras que a nivel español tres de cada cuatro euros presupuestados en inversiones acaban gastándose, en Cataluña el Estado solo se gasta poco más de la mitad de lo previsto inicialmente.

Tradicionalmente, la tasa de ejecución de inversiones en Cataluña se ha situado unos cuantos puntos por debajo de la media estatal, pero en el caso del año pasado se produce una fuerte bajada en relación con el año 2017. De hecho, los niveles de ejecución cayeron casi diez puntos en España —del 85,2% al 75,5%—, mientras que en Cataluña se desplomaron más de 23 puntos, del 81% al 57,5% mencionado.

Final de la supervisión estatal

Por su parte, el vicepresidente del ‘Govern’ y ‘conseller’ de Economía, Pere Aragonès, exigió ayer al ejecutivo español que ponga fin al control financiero de la Generalitat.

Según Aragonès, que habló en la sesión parlamentaria de control en el ‘Govern’, el Estado mantiene la intervención de las cuentas catalanas por “discriminación ideológica” contra el ejecutivo catalán. “Nos han dicho que si no hubiera un gobierno independentista no existiría este control. Aunque somos los que cumplimos sus objetivos injustos y ellos son unos incumplidores sistemáticos”, declaró.

Aragonès añadió que el hecho de mantener la supervisión de la actividad económica de la administración catalana supone una vulneración de la autonomía de Cataluña. El vicepresidente cree que el ejecutivo español abusa de su poder con finalidades ideológicas: “Los gobiernos del Estado no soportan que los independentistas ganemos elecciones y nos utilizan y nos obligan a dar información financiera, dijo.