El SOS de la Moncloa al gran Íbex-35

BarcelonaLa situación económica que afronta España como consecuencia de la pandemia es tan difícil que el gobierno español lanzó un SOS hace unas semanas a un interlocutor tradicional: los grandes del Íbex-35. Según ha podido saber el ARA, mientras en Bruselas arrancaba el pulso sobre los programas para permitir a los estados afrontar el coste del abrupto parón económico, el ejecutivo que lidera Pedro Sánchez se puso en contacto con las principales empresas del selectivo español para pedirles ayuda con una petición concreta: que acudieran a comprar a las emisiones de deuda pública.

Fuentes conocedoras de estos movimientos han indicado el ARA que estas peticiones se hicieron entre el 24 y el 26 de marzo. Fueron contactos individuales, no colectivos, y, en pleno estado de alarma, no se hicieron en persona, sino por vía telefónica. Las fuentes consultadas han señalado a la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, y al jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, como interlocutores. Según las mismas fuentes, el presidente del gobierno no hizo en persona ninguno de estos contactos. Tanto el Ministerio de Economía como Presidencia, consultados por el ARA, evitaron confirmar este aspecto.

Lo que la Moncloa pidió a los máximos responsables de estas empresas era que compraran deuda pública en las emisiones habituales que el Estado hace para atender sus necesidades de caja. Y lo hacía para garantizar el éxito de estas salidas y evitar situarse en el punto de mira de los mercados. En la anterior recesión, la prima de riesgo (el sobreprecio que paga un gobierno respecto al alemán para financiarse) se convirtió en un dolor de cabeza constante y se disparó hasta el punto que en 2012 los observadores dieron por hecho que España quebraría. Y el gobierno Sánchez quiso servirse de las grandes empresas de la Marca España para evitar llegar a este punto.

Según explican a este diario las fuentes consultadas, que pidieron el anonimato, los destinatarios de estas peticiones del gobierno de Sánchez fueron "al Íbex-12 o al Íbex-15". La expresión hace referencia a las empresas más grandes por tamaño o influencia: los cinco grandes bancos, entre los cuales los catalanes CaixaBank y Banco Sabadell, el gigante Inditex y energéticas como Iberdrola, Endesa, Repsol o la catalana Naturgy. Telefónica también forma parte de este grupo de empresas más destacadas, y también lo hace, por supuesto, ACS, empresa del omnipresente Florentino Pérez. Sin embargo, la confidencialidad de las conversaciones ha impedido que este diario pueda elaborar el listado exacto de las empresas que recibieron esta petición.

El fantasma de los bonos patrióticos

La naturaleza de la petición y el momento de urgencia elegido para hacerla hizo que entre algunos de los que recibieron estas llamadas se llegara a la conclusión de que el gobierno quería emitir bonos patrióticos. Se denomina así el instrumento financiero dirigido a pequeños inversores que una administración lanza en un momento de dificultad. Suelen tener más riesgo y, por tanto, ofrecen una rentabilidad más alta. En España, la última administración que ha recurrido a esta herramienta es la Generalitat, que hizo varias emisiones durante la última crisis, tanto en tiempos del tripartito que lideraba José Montilla como posteriormente en el gobierno convergent de Artur Mas. Cada una de estas emisiones fue víctima del escarnio de una parte de la opinión pública española, que entendió los bonos patrióticos catalanes como una prueba de mala gestión por parte del gobierno catalán, asfixiado entonces por la caída de ingresos, el aumento de la población en riesgo de exclusión social y las normas europeas contra el déficit y la deuda pública.

Pero lo que la Moncloa planteó a finales de marzo a los grandes del Íbex-35 no eran bonos patrióticos. Eran bonos normales y corrientes. "Los de siempre", explica un directivo al que se los ofrecieron. Según exponen, lo único que los hacía especiales, o patrióticos, es la petición expresa del Gobierno, y su necesidad de que las emisiones se hicieran con éxito en un momento en que se prevé la mayor caída del PIB desde la Guerra civil, cuando el país quedó en la ruina. Salvando todas las distancias, la operación que pidió el gobierno a las empresas era muy parecida a la que lanzó en 2012 con la salida a bolsa de Bankia. Entonces, para evitar que el banco se acercara aún más a la quiebra total, grandes empresarios españoles recibieron la invitación de comprar acciones de Bankia para blindar su salida.

Lo que sí ha podido saber el ARA es que el movimiento del gobierno no tuvo éxito. Algunas empresas se mostraron más predispuestas que otras, y lo consultaron con la Comisión Nacional del Mercado de Valores para saber si la operación de compra de deuda pública era bien vista por el regulador. Contactado por el ARA, un portavoz de este organismo manifestó que desconocía que la consulta se hubiera hecho, aunque apuntó que este tipo de peticiones son confidenciales. Otras empresas ya de entrada se desmarcaron de la operación, especialmente en un contexto de crisis que desaconseja destinar recursos a ninguna otra cosa que no sea la propia supervivencia. "Era imposible que se lo plantearan, muchos se la están jugando de verdad", explica un directivo que conocía este movimiento.

Una semana más tarde del movimiento de la Moncloa, la petición entraba en vía muerta. Hacia el 2 y 3 de abril ya se sabía que no habría ninguna emisión con el apoyo de las grandes empresas. Durante los días previos el debate de los expertos internacionales estuvo centrado en la necesidad de que el Banco Central Europeo (BCE) garantizara el endeudamiento barato de los países miembros de la UE, y, a pesar de las dudas iniciales, así fue. A finales de marzo el BCE anunciaba que relajaría su propia normativa en materia de compra de deuda y que ayudaría más a los estados que más lo necesitaran. Y, de hecho, las emisiones que ha hecho el gobierno desde el estallido de la pandemia se han salvado sin complicaciones. Sin embargo, sí se aprecia un encarecimiento: a principios de marzo, la prima de riesgo estaba en 91 puntos básicos y actualmente se acerca a los 130. El fatídico 2012 alcanzó los 650 puntos.

Las conversaciones entre gobierno central y empresas, sin embargo, sí que tuvieron un fruto. Una vez estuvo claro que la compra de deuda pública por parte de las compañías no saldría adelante, el ejecutivo de Sánchez les pidió que en la medida de lo posible evitaran los ERTE. La petición respondía a la voluntad de preservar la imagen del país y el impacto en la ciudadanía de ver los grandes símbolos económicos despidiendo temporalmente a miles de trabajadores, y también el ejemplo que esto podía suponer para las pequeñas empresas.

Una petición particular

Resulta imposible saber hasta qué punto esto ha podido influir en las decisiones de los grandes del Íbex-35, pero lo cierto es que los expedientes temporales son prácticamente inexistentes entre estas empresas. La compañía más valiosa de España, Inditex, ha descartado de momento hacer un ERTE que, según anunció la misma empresa, debía afectar a 25.000 trabajadores de las 1.500 tiendas que quedan cerradas: el gigante gallego asumirá finalmente la totalidad de los salarios. La segunda compañía en capitalización del selectivo español, la vasca Iberdrola, tampoco lo ha aplicado, como no lo han hecho Endesa o Repsol. El Banco Santander, tercera empresa más valiosa pero históricamente quizás la más influyente, no sólo no hará ningún ERTE sino que hizo un comunicado mostrando su compromiso con el empleo. La primera empresa catalana por facturación, Naturgy, tampoco ha aplicado expedientes temporales. Y, siguiendo entre las grandes catalanas, ni CaixaBank ni el Banco Sabadell lo han hecho, y ello pese a que en las últimas semanas los dos bancos han visto fuertemente reducida su red de oficinas como consecuencia de la pandemia.

Telefónica, una de las empresas que más han hecho por ser eje de la Marca España y quinta por capitalización del Íbex-35, tampoco ha practicado esta medida de despedir temporalmente a los trabajadores. El BBVA, segundo banco de España en valor y segundo de Cataluña en implantación, no ha recurrido a los ERTE. Y lo mismo puede decirse de ACS, a pesar del impacto del estado de emergencia en la construcción.

El intento fallido del gobierno de implicar a las empresas en su financiación y la posterior petición de no hacer ERTE muestra la estrecha relación entre el ejecutivo central y las principales compañías españolas, que en la actual crisis no han rehuido tener un rol muy activo. El 10 de abril, en pleno debate entre gobiernos, patronales y sindicatos sobre el regreso a la actividad de los trabajos no esenciales, Ana Botín, presidenta del Santander, pidió públicamente que se planificara cuanto antes la vuelta al trabajo "de los más jóvenes y los que ya están inmunizados". Lo reclamaba un día antes de que Pedro Sánchez confirmara lo que su gobierno ya había adelantado: que el lunes 13, o al día siguiente en el caso de las comunidades donde era festivo, deberían volver a trabajar los empleados no esenciales.