El fiscal pedirá la declaración de los principales investigados tras el ‘estado de negación’ de Barberá
Barberá dijo que ella se dedicaba a obtener votos y que no era su responsabilidades controlar las finanzas del partido
Tras confirmar el previsible “estado de negación” de Rita Barberá –ha declarado por espacio de algo más de una hora- acerca de la financiación ilegal del grupo municipal y el Partido Popular valenciano, el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Cándido Conde-Pumpido, ha dado tres días a las partes para solicitar nuevas diligencias de investigación. Fuentes consultadas señalan que el fiscal, Juan Ignacio Campos, solicitará que declaren las principales personas investigadas en la operación de blanqueo de capitales. Entre ellas, María del Carmen García Fuster, secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia en marzo y abril de 2015.
La ex alcaldesa respondió a las preguntas del fiscal, de su letrado -el ex magistrado José Antonio Choclán- y del magistrado Conde-Pumpido, pero se negó a hacerlo ante la letrada Gloria de Pascual, que representa a la acusación popular del Partido Socialista Obrero Español.
Barberá apenas corrigió el texto –cuatro folios- que confeccionó el secretario por ordenador, ya que se resolvió no grabar la declaración para evitar retrasos, y salió de la sala con su declaración escrita. El texto resume sucintamente sus respuestas.
Según explicó, aportó 1.000 euros en apoyo de la campaña electoral de 2015 porque lo resolvió el comité de campaña del PP, en el que ella no participaba, y le recomendaron que era conveniente hacerlo. No recordaba quién se lo había solicitado. Señaló que no se le devolvió el dinero aportado. Dijo que ella se dedicaba a obtener votos y que no era su responsabilidades controlar las finanzas del partido.
Según reza el texto, la senadora dijo: “Desconozco todo absolutamente de las cuentas”. Y respecto a las preguntas sobre irregularidades, señaló: “Niego absolutamente la existencia de una caja B”. Y sobre financiación ilegal, apuntó: “Niego que en el PP de Valencia se produjera ningún tipo de financiación ilegal”.
Explicó que se había enterado por los medios de comunicación en su momento, y recientemente por la documentación del sumario que le había mostrado su abogado, de que había personas a las que, según afirmaban, se les había devuelto el dinero aportado a la campaña.
El fiscal indagó en la “financiación atípica” que suponía el sistema de donaciones, a lo que Barberá contestó que no aceptaba que fuese “atípica”. Al respecto, el letrado de la senadora, Choclán, quiso dejar constancia de que ya en 2011 se había utilizado el mecanismo de las donaciones de militantes. Solicitó que se mostrara a Barberá un folio del sumario (el número 199). La idea: en 2011 había más dinero que en 2015 y se recogieron aportaciones por valor de 28.000 euros; en 2015 habían llegado a 50.000 euros. Se sugería así que el PP no necesitaba lavar o limpiar dinero de mordidas.
Al terminar la declaración, el magistrado instructor, Conde-Pumpido, quiso precisar los dos datos más relevantes de su declaración. El primero, que no había recibido ninguna devolución de los 1.000 euros (blanqueo) y, segundo, que no conocía casos de las personas que habían declarado haber recibido de vuelta el dinero aportado. La senadora confirmó ambos extremos.
Conde-Pumpido, en un gesto que deja la iniciativa al fiscal y a la acusación, ha dado tres días para que soliciten nuevas diligencias. A partir de la declaración de Barberá no se va a solicitar el suplicatorio al Senado. Para llegar a este punto primero en todo caso tendrá que haber más pruebas. Algunas de ellas ya forman parte del sumario que instruye el juez Víctor Gómez en Valencia.
El fiscal Campos consultará ahora con el fiscal que lleva el caso en el juzgado valenciano y elevará una propuesta de diligencias. Desde la presentación de la exposición motivada del juez Gómez, en mayo pasado, la investigación ha avanzado considerablemente. Y, por tanto, se puede solicitar copia de esas actuaciones. Y algunas de las personas como García Fuster, María Elena Rodrigo, María José Alcón o Alfonso Grau pueden ser convocadas por el fiscal o la acusación popular. Son casi 50 las personas investigadas por utilizar el grupo municipal del PP valenciano como instrumento de financiación ilegal por parte del PP, que a su vez está imputado en la causa.
