El juez exculpa a la cúpula del Banco de España en la salida a bolsa de Bankia

Según el juez, el consejo de administración de Bankia sería presunto responsable de presentar unas cuentas que distorsionaban la realidad

Ernesto Ekaizer
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L'exvicepresident espanyol Rodrigo Rato. ACN

El juez Fernando Andreu, titular del juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, exculpa en un auto de 28 de noviembre a la cúpula del Banco de España de cualquier conducta dolosa en la salida a bolsa de Bankia y rechaza todas las diligencias propuestas por la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito, que representa el abogado Andrés Herzog.

Según señala el juez, “ningún sistema de supervisión [Banco de España] puede ofrecer una garantía completa, particularmente en el caso de que se cometan actos fraudulentos de terceros [Bankia], como podrá darse en el caso presente en que se habrían presentado unas cuentas con el correspondiente aval del auditor externo [Deloitte] que no reflejaran fielmente el estado económico financiero en la entidad cuya salida a bolsa refrendó”.

El juez, pues, avanza en este auto lo que puede ser en próximas fechas su auto de conclusión o transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado de la pieza “salida a bolsa de Bankia”.

El procedimiento del caso Bankia se divide en tres piezas separadas: acciones preferentes, salida a bolsa de Bankia y tarjetas black.

Según lo que se desprende del auto dictado por el juez, ha sido el consejo de administración de Bankia, encabezado por Rodrigo Rato, el que sería presunto responsable de presentar unas cuentas que distorsionaban la realidad del grupo BFA-Bankia –la sala de lo civil del Tribunal Supremo ya sentenció en febrero pasado el engaño- y el auditor Deloitte prestó el aval a las mismas. Los administradores de BFA-Bankia están imputados (investigados según la nueva terminología penal), lo mismo que la empresa auditora, Deloitte, y el socio auditor, Francisco Celma.

El juez asume la línea argumental del fiscal Alejandro Luzón, quien, en su informe de fecha 10 de noviembre, rechazaba que los cuatro correos enviados por el inspector “cabecera” del Banco de España en el grupo BFA-Bankia, José Antonio Casaus, a su superior, Pedro Comín, en abril y mayo de 2011, representaran una prueba de que la comisión ejecutiva de la entidad había aprobado la salida a bolsa sabiendo los responsables de supervisión que el proyecto no era viable.

Sobre esa inviabilidad, precisamente por problemas de contabilización de créditos de promotores impagables y la debilísima cuenta de resultados del primer trimestre de 2011, el inspector Casaus alertaba de que después de la salida a bolsa tendría lugar una nacionalización o “socialización de pérdidas”, hecho que finalmente ocurrió.

El juez estima que los correos de Casaus reflejan “una opinión personal… y como ha revelado el transcurso del tiempo, resultó ser acertada, si bien… no era la única opinión ni el único criterio, cuestión esta que resulta baladí a los efectos jurídico-penales, pues no cabe la criminalización de decisiones erróneas, sino que lo penalmente relevante es si, para la formación de la voluntad de los inversores, se falseó la información contenida en el folleto de emisión [de Bankia] engañando a los mismos, de manera que sufrieron un detrimento patrimonial que, de conocer la verdadera situación económico financiera de la entidad, no se habría realizado y en ningún momento José Antonio Casaus plantea, ni a nivel de simple sospecha, tal posibilidad”.

El juez subraya el “carácter informal y espontáneo” de los correos y apunta que el “debido rigor” está en los “informes de seguimiento” de los inspectores que estaban in situ en la entidad. Precisamente: en su declaración ante el juez, el propio Casaus explicó cómo se elaboran dichos “informes de seguimiento”, en concreto el de agosto de 2011. En el citado documento se decía que los saneamientos del grupo BFA-Bankia de los próximos dos años (2012 y 2013) estaban bien cubiertos.

Casaus explicó al juez ante el asombro del fiscal Luzón: “Es una frase desafortunadísima. De hecho no estaba en la primera edición del informe. Lo que pasa es que cuando lo revisan nuestros jefes nos piden que opinemos sobre eso, si los saneamientos estimados que son necesarios. Y al final llegamos a este acuerdo de decir, bueno, pues mira, de aquí a dos años, las pérdida esperada creemos que está cubierta, a largo plazo ya veremos”.

El juez Andreu, al restar importancia a los correos, rechaza otra de las peticiónes de la acusación popular, a saber solicitar al Banco de España que aporte todos los correos intercambiados entre Casaus y su entonces “jefe de grupo”, Comín, hoy director general adjunto de supervisión del Banco de España.

Otra de las diligencias, la comparecencia del inspector que se incorporó en septiembre de 2011 como “corresponsable” junto con Casaus en el grupo BFA-Bankia, también es rechazada. Esta diligencia apuntaba a contar con un testimonio clave acerca de la reformulación de las cuentas del estado de BFA-Bankia, que contempló la inyección de 22.400 millones de euros en ayudas públicas directas de capital y de otros 23.000 millones en aportaciones indirectas.

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