Villarejo ‘confesó’ las presiones sobre los Cierco para obtener los datos de Pujol

Fuentes jurídicas y policiales estiman que Villarejo pudo antedatar la fecha de un informe para sus superiores con la intención de atribuirse el mérito de la operación

El comisario José Villarejo dejó constancia en una nota fechada el 1 de julio de 2014 de que la familia Cierco, propietaria de la Banca Privada de Andorra (BPA), “forzada y obligada por las circunstancias”, facilitó las informaciones de las cuentas bancarias de miembros de la familia Pujol.

Los hechos de la denuncia de Higini Cierco el pasado 18 de agosto ante la juez Canòlich Mingorance, en la Batllia de Andorra, a la luz de este documento, ya habían sido confesados por uno de los policías que reveló en sede judicial la Operación Cataluña, es decir, la búsqueda de informaciones para criminalizar a dirigentes independendistas iniciada en 2012, tras la llegada del Partido Popular al gobierno.

Esta nota, una de varios informes reservados que Villarejo redacta para sus superiores –el entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, brazo derecho del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz-, se hace en nombre de una “unidad de inteligencia”.

Villarejo reproduce el célebre pantallazo, un cuaderno con los nombres de Marta Ferrusola, esposa del expresidente Pujol, y sus hijos Mireia, Pere y Oleguer, y once movimientos bancarios en las respectivas cuentas de BPA, realizados entre el 9 de diciembre de 2010 y el 24 de enero de 2011, por valor de 3,4 millones de euros. La fecha del 1 de julio de 2014 es seis días anterior a la filtración de ese pantallazo al diario El Mundo, que lo publicó aquel 7 de julio. Villarejo no cree, según afirma en la nota, que estos fondos sean la totalidad del dinero de los Pujol. Estima que el dinero “en BPA no sería inferior a 500 millones de euros y en caso de fondos indirectos de unos 1.500/1.800 millones”

El documento lleva la fecha del 1 de julio de 2014, pero hay una pista para entender que la fecha está antedatada

"Parte de estas informaciones, aunque de manera forzada y obligada por las circunstancias, las habrían facilitado los propios responsables del BPA [los Cierco y Joan Pau Miquel, consejero delegado], que ante el temor de poder perder la licencia para ejercer en España como banca privada a través de la marca Banca Madrid [sic] han optado por aceptar prestar colaboración con las autoridades judiciales y/o fiscales españolas”, señala el informe.

Este documento lleva la fecha del 1 de julio de 2014, pero hay una pista para entender que la fecha está antedatada. Esto es, el informe fue redactado con posterioridad a que se filtrase el pantallazo por el Ministerio del Interior. He aquí la pista que ofrece Villarejo sin darse cuenta. “En este sentido –dice el informe-, pendiente de la comisión rogatoria en proceso, [los responsables de BPA] han permitido, como gesto de buena voluntad, visualizar un pantallazo de movimientos, no actuales y de un solo mes de duración…”

La pista es que la citada comisión rogatoria no existe en el momento en que Villarejo fecha la nota, es decir, el 1 de julio de 2014. Será el 29 de julio de 2014 cuando la teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, Belén Suárez, dirigirá escrito a la juez del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona en el que solicita el envío de dos comisiones rogatorias a raíz del pantallazo, una a Andorra y otra a Suiza.

Fuentes jurídicas y policiales estiman que Villarejo pudo antedatar la fecha con la intención de atribuirse el mérito de la operación, en la cual el entonces jefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín-Blas, extorsionó, según la declaración de Higini Cierco, a los propietarios de BPA. Poco antes, el ministro Fernández Díaz había condecorado a Villarejo con la medalla al mérito policial con distintivo rojo, una decisión que el ministro declaró, en una entrevista con Vanity Fair, no recordar, pese a que supone una pensión mensual vitalicia.

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