El espectáculo de la justicia

MadridEl martes 6 de noviembre pasará a la historia como uno de esos días negros de la historia judicial española. Mientras 28 magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la Sala Tercera, deliberaban para resolver sobre quién –si los clientes o los bancos- debía asumir el pago de los actos jurídicos documentados de las hipotecas, de Estrasburgo llegaba un soberbio varapalo: Arnaldo Ortegi y otros cuatro dirigentes aberzales vascos no tuvieron un juicio justo en la Audiencia Nacional por el caso Bateragune en 2010. Los jueces de Estrasburgo se pronunciaron de forma unánime calificando de falta de imparcialidad la conducta de la magistrada Ángela Murillo, presidenta del tribunal de enjuiciamiento.

Durante la tarde del citado martes, la Sala Tercera se partía en dos mitades – 15 votos a favor de que los clientes sigan, como hasta ahora, pagando los gastos jurídicos de las hipotecas, contra 13 partidarios de aplicar la nueva doctrina según la cual debían ser los bancos- después de un debate coartado por el presidente de la Sala, Luis Díez-Picazo. Diez magistrados, según publicó Ara levantaron la mano para pedir la palabra, pero Díez-Picazo consideró que supondría alargar el debate y urgió a que se votara. El magistrado José Manuel Sieira, anterior presidente de la Sala Tercera, le espetó: “Estás hurtando el debate”. Díez-Picazo no se echó atrás: “Yo soy el presidente, yo dirijo el debate. A votar”.

En la genésis del comportamiento de la Sala Tercera hay que situar el estilo de liderazgo de Carlos Lesmes, presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde diciembre de 2013, cuyo mandato vence el 4 de diciembre próximo. Un estilo autoritario que le llevó el 18 y 19 de octubre -tras conocer que la sección segunda de la Sala había resuelto tres sentencias, según las cuales los citados actos jurídicos hipotecarios debían ser asumidos por los bancos, principales interesados en conceder hipotecas- a interferir y sugerir al presidente Díez-Picazo la necesidad de emitir un comunicado sobre el asunto. Aunque Díez-Picazo se resistió finalmente destacó en una nota “las enormes repercusiones económicas y sociales” de las resoluciones. Las acciones de los bancos que habían bajado en la Bolsa de Madrid el jueves 18, experimentaron subidas tras conocerse el comunicado el viernes 19.

Y aunque Lesmes prometió que las sentencias no se podían anular, al convocarse un pleno de la Sala para el 5 de noviembre, las sospechas sobre el cambio eran un secreto a voces. El presidente Pedro Sánchez advirtió el mismo martes por la noche que la Sala Tercera y su crisis habían puesto el balón en la línea de penalti para que el Gobierno modificase la ley a fin de que en adelante los bancos asuman los gastos jurídicos. Y el jueves 8, el consejo de ministros chutó el balón, decretando además que estos actos jurídicos ya no podrían ser deducidos por las entidades financieras como gasto en la liquidación del impuesto de sociedades.

Parecía que este sería, de momento, el último episodio de la crisis del sistema judicial pero, como ocurre con la actualidad en las series de moda que producen Netflix y otras compañías, también la justicia de España es una fuente inspiradora para fabricar, con extraordinaria celeridad, nuevos capítulos­.

El pasado lunes, día 5 de noviembre, cuando empezaba la deliberación de 28 magistrados de la Sala Tercera, tras la intervención descarada quince días antes del presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, comenzaba a gestarse una nuevo capítulo.

El exministro de Justicia del gobierno de Mariano Rajoy, Rafael Catalá, proponía, en nombre del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, “una alternativa de consenso” a la ministra de Justicia, Dolores Delgado: el nombramiento del actual presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, para el puesto de presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ.

Que la propuesta se hiciera entre los dos negociadores de la renovación del CGPJ, cuando lo normal es que la presidencia sea resultado de un pacto entre los máximos responsables del PSOE y del PP, es decir, Sánchez y Casado, parecía extraño.

En septiembre de 2008, por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero anunció que proponía a Carlos Dívar para presidir el Supremo y el CGPJ, tras recibir a Rajoy en La Moncloa, una decisión que fue muy criticada por aflorar una elección que, formalmente, realizan los vocales. Son ellos quienes toman posesión antes que el presidente al que eligen en su primer acto como consejeros.

El intercambio entre Delgado y Catalá asumía un riesgo evidente: la filtración del nombre de Marchena a tres semanas del nombramiento del sucesor de Lesmes.

Y el riesgo se materializó el pasado viernes, día 9 de noviembre, cuando el diario El País reveló que el PP proponía a Marchena y que el PSOE rechazaba la iniciativa.

La idea de nombrar a Marchena, que, según diversas fuentes judiciales consultadas por ARA, el propio interesado conocía, fue formulada por Catalá a Delgado en el punto más extremo de la crisis de la justicia –el debate de la Sala Tercera-, pero venía siendo madurada hace tiempo en el estado mayor de Pablo Casado.

Marchena había sido rival de Lesmes en la pugna por la presidencia del Supremo y del CGPJ en 2013, pero entonces era solamente magistrado de la Sala Segunda, la sala de lo Penal del Supremo. Con todo, no era la única oportunidad. Cinco años después, es decir, en diciembre de 2018, podía ser la suya al vencer el mandato de Lesmes. En septiembre de 2014, Marchena aumentó su poder al ser nombrado con el respaldo de Lesmes y el apoyo del sector conservador del CGPJ presidente de la Sala Segunda.

Sin embargo, en octubre de 2017, la querella criminal presentada por el fiscal General del Estado, José Manuel Maza, por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, contra los dirigentes independentistas catalanes, pareció frustrar el plan para el cual Marchena se había preparado, es decir, ser el futuro presidente del Supremo y del CGPJ. Porque como presidente de la Sala Segunda presidió la Sala de Admisión de la querella y fue ponente del auto que la admitió. Y, a su vez, sería presidente y ponente del tribunal del juicio oral.

Precisamente, el 25 de octubre pasado –hace 18 días- Marchena firmaba dos autos: la confirmación de la conclusión de la instrucción del magistrado Pablo Llarena, desestimando 296 diligencias propuestas antes del juicio por las defensas de los 18 procesados y decretaba la apertura de juicio oral.

En estas condiciones, nombrar a Marchena presidente del Supremo y del CGPJ implicaría, teóricamente, dos cambios adicionales: nombrar presidente de la Sala Segunda por parte del nuevo CGPJ en sustitución de Marchena y designar un nuevo presidente y ponente del juicio del procés a la vez que un nuevo juez para sustituirle. La presidencia y ponencia recaería sobre el magistrado más antiguo del tribunal de siete miembros, ya designado en el auto de apertura de juicio oral.

Se trata de Andrés Martínez Arrieta, quien, junto con otros miembros del tribunal, fuera recusado por las defensas, incidente que fue desestimado precisamente por la sala del 61 del Supremo, presidida por Lesmes, a primeros de septiembre pasado. La magistrada Susana Polo podría, a su vez, cubrir la vacante que se produciría en el tribunal. En tal caso, Martínez Arrieta tendría que tomarse un tiempo para estudiar la causa con mayor detalle.

Los plazos son muy ajustados. Porque a primeros de diciembre, momento en que se consumaría, teóricamente, este encaje de bolillos, está previsto celebrar las sesiones en las que el tribunal del procés abordará, con las defensas de los procesados, los llamados artículos de previo pronunciamiento –la declinatoria de jurisdicción o cuestión de competencia del Supremo sobre la causa del procés, entre otras-, previstas para después del puente de la Constitución.

El PSOE ya aceptó en 2013 el nombramiento de Lesmes como presidente del Supremo y el CGPJ, pero la diferencia es que entonces gobernaba el PP. Rubalcaba centró su oposición sobre Marchena y consideró a Lesmes como un mal menor.

Ahora gobierna el PSOE, y, se ha dicho, prefiere el nombramiento de una mujer para cubrir esa presidencia, desde la candidata de la vicepresidenta Carmen Calvo –la catalana Lourdes Arastey, miembro de la sala de lo Social, la Cuarta, del Tribunal Supremo-, a Pilar Teso – de la Sala Tercera del Supremo, rival de Lesmes en 2013-, pasando por la catalana Encarna Roca, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, y por Ana Ferrer, la primera mujer que rompió la unanimidad de hombres en la Sala Segunda, cuya candidatura defiende la ministra Delgado.

La pregunta es: ¿se apresta Pedro Sánchez ha embarcarse en una de esas operaciones que son de su gusto, a saber, apoyar a un candidato que promueve el PP –Marchena- para lanzar el mensaje a los independentistas de que el magistrado que ha apoyado y confirmado la instrucción de Llarena no será el presidente y ponente de la sentencia que debería dictarse hacia el mes de julio si el juicio comienza a finales de enero próximo?

Sánchez ya nombró a un magistrado que había escalado puestos con el apoyo del PP, el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una operación de prestidigitación para que “uno de los suyos” –es decir del PP o próximo a dicho partido durante largos años- diera la cara por medidas –acercamiento de presos en Euskadi y Cataluña, entre otras- a modo de escudo de protección del gobierno.

Con todo, un hipotético nombramiento de Marchena supondría una interferencia de los dos grandes partidos –PSOE y PP- en el juicio del procés nada menos que a través del cambio del presidente y ponente, lo que a su vez, puede arrojar sombra, retrospectivamente, sobre las actuaciones durante el proceso de instrucción. Todo ello, claro, con las consecuencias posteriores, en las demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.

“La teórica nominación de Marchena como el bombero de la crisis de la justicia, desplazándole desde la presidencia y ponencia del juicio del procés puede ser presentada como que se aparta a un juez que ha respaldado todas las medidas de Llarena y al que se ve con la estaca en ristre de cara al juicio oral y a la sentencia, de ahí que sin duda una vez más el procés está en el núcleo de la crisis en curso y de las propuestas para abordarla”, señala a ARA un fiscal que prefiere mantener su nombre en reserva.

“Es el juicio del procés, estúpido, podríamos decir”, señala otro exmagistrado a este diario. “Es este juicio lo que guía las principales maniobras, tanto por parte del Gobierno como por parte de los magistrados implicados”.

El espectáculo de la justicia española es el rayo que no cesa aunque a diferencia del poemario de Miguel Hernández el protagonismo lo tienen las luchas de poder, las aspraciones –puras y duras- de poder.

Ayer, según fuentes conocedoras de las negociaciones, Catalá volvía a ponerse en contacto con la ministra Delgado para acercar posiciones, ante la necesidad de presentar, a partir de mañana, las listas de vocales que serán nominados en calidad de juristas para el nuevo CGPJ. Se da por hecho que el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, vetado por Lesmes y el Supremo para ir por el capítulo de jueces, será nominado por el de juristas de prestigio.