El juez aumenta hasta 72 los imputados en la financiación irregular del PP de Madrid

A los 42 ya investigados se añade la declaración de otros 30

El juez Manuel García-Castellón ha enfilado hacia los nueve meses pendientes para terminar el 6 de junio de 2020 la investigación de la Operación Púnica-corrupción del Partido Popular de Madrid- con la citación como imputadas de las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, que se suman al expresidente Ignacio González y al exvicepresidente Francisco Granados, y a los que se añaden ahora también los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes así como el exconsejero de Medio Ambiente Borja Sarasola y el empresario José Luis Ulibarri, también imputado en los casos Gürtel y Enredadera.

El juez ha imputado, asimismo, a la empresa de servicios Indra como persona jurídica y a su presidente, Javier Monzón, en el momento de pagos de 566.479 euros a la campaña de las elecciones autonómicas de 2011, en las cuales Aguirre fue candidata. Esos pagos fueron disfrazados por servicios inexistentes mediante facturas falsas. Monzón, citado a declarar el 4 de octubre, es actualmente presidente no ejecutivo del consejo de administración del grupo de comunicación Prisa.

La expresidenta Cristina Cifuentes declarará el día 1 de octubre, mientras que Ignacio González lo hará el 17 y Esperanza Aguirre el día 18. Antes, el 19 de septiembre ha sido citado Ulibarri.

En total, el juez imputa en uno de los seis autos -el que versa sobre la financiación presuntamente irregular del PP de Madrid- a 30 personas que no han prestado hasta ahora declaración en el juzgado; estos nuevos imputados se suman a los 42 ya imputados en la causa, cuya investigación comenzó en 2014.Y totalizan 72.

Fuentes solventes señalan que la imputación más “problemática” ha resultado ser la de la expresidenta Aguirre. Una propuesta de imputación del entonces miembro de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Yañez, en relación a la construcción de un campo de golf en Madrid fue descartada por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, en noviembre de 2017.

Y en relación con la imputación finalmente solicitada por las fiscales Carmen García Cerda y María Teresa Gálvez para Esperanza Aguirre en la financiación irregular de las campañas electorales, las dudas e intercambio de opiniones entre fiscales y jueces se mantuvieron hasta el final. Las dos fiscales que propusieron la imputación trabajaron en el examen de los indicios entre febrero de 2019 y el 2 de agosto de 2019, fecha en el que presentaron los escritos al juez pidiendo las 30 nuevas imputaciones.

El juez iba a proceder, según fuentes jurídicas, a dictar los autos en los primeros días de agosto, pero prefirió estudiar detenidamente la propuesta de crear 11 piezas y dar el impulso fresco a cuatro de ellas, entre las que se encuentra la financiación presuntamente irregular del PP, con 30 nuevos imputados. Al tiempo, ello postergó -con la idea de evitar influir- la decisión hasta después de la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, el pasado 14 de agosto.

El juez ha dictado un auto especial para justificar la imputación de la empresa de servicios Indra. La idea, según fuentes jurídicas, es mantener esta pieza al margen de la causa para que no se vea influida por un posible recorrido positivo del recurso contra la imputación de Indra.

Esas fuentes señalan que el actual presidente de Indra, Fernando Abril Martorell, ya procedió a relevar a todos los ejecutivos que participaron en el presunto desvío de fondos hacia la campaña electoral de Aguirre en 2011. Es el caso, por ejemplo, del consejero delegado de la empresa, Javier de Andrés, el que fuera número dos de Monzón. Ya prácticamente todo el personal ejecutivo del momento de los pagos ha sido separado de la empresa. Si, además, el equipo de Indra colabora con la justicia, podría conseguir anular la imputación y convertirse en perjudicado.

Los cargos contra Indra, según fuentes judiciales, están sólidamente fundados. Entre las diligencias que se solicitan figura una especialmente sugerente. Y es la exhortación al juzgado  penal 26 de Madrid para que aporte testimonio sobre una demanda contra Indra por defraudar a la Hacienda Pública. Se refiere a la sentencia correspondiente al procedimiento 125/2019 del juzgado de lo Penal 26 de Madrid, procedente inicialmente  del juzgado 33. 

Lo relevante: la sentencia condenatoria del juzgado de lo Penal se dictó en conformidad con Indra después que  la empresa admitió la emisión de facturas ficticias que no respondían a trabajos reales. Es decir: una situación análoga a la que, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha ocurrido con la campaña electoral de 2011 con los fondos de que dispuso Esperanza Aguirre. Según relata el juez, en base a la información de la UCO y las fiscales este tipo de recolección de dineros se debió a la expresidenta quien "ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba". 

Aparte del debate interno sobre la imputación de Aguirre el otro tema que hasta último momento mereció intercambio entre juez y fiscales ha sido el delito de organización criminal, que ha sido incluido finalmente. Los delitos presuntos delitos investigados son: malversación cualificada, falsedad documental, prevaricación de funcionarios públicos, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad electoral, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, apropiación indebida y organización criminal.