BarcelonaEl gobierno del Estado sigue dedicando esfuerzos a perder a Cataluña y convertir la situación en un caso de repercusiones internacionales por los riesgos sobre la estabilidad económica, la calidad de la democracia, el derecho a decidir y la libertad de expresión y de conciencia. Rajoy está dispuesto a perder a Cataluña como una colonia más.
A pesar de la intensidad de los últimos cinco años de desprecio político a las demandas de reforma o mejora del autogobierno, el Estado actúa estos días entre la sorpresa y la indignación, incapaz de dialogar. Es curioso el grado de estupefacción que muestran los poderes del Estado, a pesar de tantos años de tanteo y tantos años de ver cómo se consolidaba la mayoría por el referéndum y avanzaba el independentismo. Ahora se ve cómo, después de la operación Cataluña en las cloacas de Interior y la vacía operación Diálogo de Soraya Sáenz de Santamaría y Enric Millo, venían la operación Cizaña y la operación Causa General. Lo fiaba todo a la confianza en que el gobierno catalán implosionaría y lo haría también la relación parlamentaria con la CUP.
La sorpresa para muchos ha sido la fortaleza de la conjura en la que Puigdemont y Junqueras asumían inequívocamente las consecuencias de llevar adelante el "referéndum o referéndum". La superación de la crisis de gobierno dentro de las filas del PDECat hizo el resto. La autoconfianza de la vicepresidenta española, que esperaba que la moderación de una parte de Junts pel Sí los paralizaría, y sus cantos de sirena para cambiar los interlocutores ha sido insuficiente para imponerse. El PP ha externalizado la responsabilidad política a través de las decisiones del poder judicial. La aberración democrática llega al punto de que el perímetro de afectados y delitos se puede contar ahora en miles: se amenaza incluso a los ciudadanos que vayan a votar en un referéndum que está ilegalizado en el marco jurídico español pero aprobado por el Parlamento de Cataluña. Estamos en una causa general. El Estado está determinado a impedir el referéndum, pero este está cada vez más cerca de celebrarse. Rajoy presenta una absurda confiscación de carteles electorales entre vivas a la Guardia Civil, mientras la campaña de la Generalitat y las entidades se hace a través de las redes sociales viralizando con celeridad mensajes adecuados a cada situación. La incautación del cubo y la escoba puede convertirse en el símbolo de los nuevos tiempos en que todo el mundo sabe que el 1-O está convocado: el referéndum de independencia y la campaña, como las ideas, es imparable. Los métodos tradicionales no son necesarios.
Donde no quieren llegar (o quizá sí)
Rajoy habla de consecuencias imprevisibles que pueden llevarlo donde no quiere llegar... Es cierto que las consecuencias de la situación actual son imprevisibles, sobre todo para él. Es su incapacidad de tratar a Cataluña como un socio en vez de como a un súbdito lo que ha hecho crecer una mayoría social tan diversa a favor de la independencia. La represión llegará donde quiera y no puede responsabilizar a los demás de su incapacidad política.
En la práctica, Rajoy va directo a la suspensión del autogobierno pensando que puede ser reversible la deconstrucción del sistema autonómico que está en marcha. Después de años de ahogo económico, de imposición de unos objetivos de déficit que pusieron a los servicios del país al límite durante una salvaje crisis, de un sistema de financiación injusto y caduco, el ministro de Economía utiliza la excepcionalidad de las medidas tomadas entonces para intervenir completamente la Generalitat en un momento de recuperación económica. La autonomía financiera ha terminado y Montoro pretende controlar nóminas y gastos confiscando los anticipos del sistema de financiación vigente. La Generalitat solo dispondrá de los impuestos propios o cedidos, los únicos que recauda directamente. Una razón fundamental más para defender la gestión directa de los impuestos que pagan los catalanes. La medida es la humillación de uno de los principales motores económicos del Estado y el principal exportador. Un abuso de poder que tendrá consecuencias internas y también puede tenerlas externas porque Cataluña es un actor económico sistémico para España y el Estado lo es dentro del equilibrio de la Unión Europea.
La nueva conjura
Uno de los principales éxitos del movimiento soberanista ha sido el apoyo de más de 750 alcaldes al referéndum y la posición de la Barcelona de Ada Colau. Aunque no se sabe el alcance del trato cerrado entre el presidente y la alcaldesa, la fotografía de ayer del abrazo entre Colau y los principales protagonistas del movimiento devuelve el relato democrático y mayoritario al soberanismo. Enfrente, la fuerza coercitiva de un Estado que va en busca de carteles y urnas para impedir el acto concreto del 1 de octubre, sin comprender que finalmente, pase lo que pase, España ha perdido a Cataluña. Lo muestra la encuesta que publicamos estos días. El 70% de los catalanes quieren un referéndum y el 52% lo defienden pesar de la oposición del Estado. El sí gana ventaja y la Constitución está muerta para la gran mayoría.
A estas alturas, la desmesura del Estado y la determinación democrática ponen más cerca las urnas. No es solo una lucha por los derechos nacionales, sino una lucha por los derechos fundamentales y los derechos individuales.
