PeriodistaEl montaje artificial de un incendio contra el gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de la ausencia del rey Felipe VI en un acto de de categoría disminuida -deslucido por la Covid-19 y su traslado a la Escuela Judicial en Vallvidriera- ha sido solo uno de los últimos síntomas de un nuevo fenómeno que lleva varios meses de gestación: la penetración de Vox en la derecha judicial, feudo tradicional del Partido Popular.
El pasado miércoles 23 el sector de vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el grupo debatió llevar una propuesta al día siguiente, jueves 24, a la reunión de la Comisión Permanente, para lograr un acuerdo-comunicado para censurar la decisión del Gobierno de impedir la presencia de Felipe VI en el acto de la Escuela Judicial de entrega de los despachos a los nuevos jueces en Vallvidriera, Barcelona.
Uno de los vocales más antiguos, miembro del Pleno, expresó su desacuerdo porque no veía muy recomendable la visita a la Escuela Judicial el viernes.
“El cambio de lugar del acto para llevarlo a Vallvidriera desaconsejaba la presencia del Rey. Conozco bien la sede. Es una ratonera”, dijo a ARA Rafael Fernández Valverde.
Esa división también tuvo lugar al día siguiente. Tanto los vocales Nuria Abad como José Antonio Ballestero propusieron en la Comisión Permanente aprobar el acuerdo-comunicado para expresar la solidaridad de los jueces con el Rey. Recibieron el respaldo de Juan Martínez Moya y Juan Manuel Fernández. Pero cuando tocó hablar a Lesmes, el presidente dijo que no le parecía adecuado emitir el comunicado ni tampoco que los vocales salieran por su cuenta con una declaración. Los vocales del sector progresista también se opusieron: Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda.
Por tanto, eran cuatro más el voto de calidad de Lesmes. La derecha aceptó su derrota y no se sometió a votación la iniciativa.
Pero los tres vocales de la Permanente, más otros tres miembros del Pleno, difundieron enseguida el comunicado. Todo estaba preparado.
Este escenario, según se ha apuntado, es el último de una serie. Ya Vox consiguió, después de una primera votación perdida para el sector más derechista, el respaldo en el Tribunal Constitucional para llevar a pleno el asunto de los juramentos al acta de diputados y senadores de la pasada legislatura. Si ello se hubiera aplicado a la legislatura en curso, la situación podía afectar a la mayoría parlamentaria.
Y un tercer frente en la derecha judicial es el que abrió la exfiscal general el Estado y actual fiscal de sala de Supremo, Consuelo Madrigal, a primeros del pasado mes de mayo, al publicar un artículo en el cual acusaba al gobierno de haber implantado un estado de excepción con la ley de estado de alarma, ocultar el número de muertes y ser responsable de la devastadora crisis económica. Y luego, junto con sus compañeros, los fiscales del procés Fidel Cadena y Javier Zaragoza, ha intentado torcer el contenido del informe del teniente fiscal, el número dos de la Fiscalía General del Estado, Luis Navajas, sobre las querellas de la pandemia, hecho que Navajas ha denunciado públicamente y sobre el cual se han abierto diligencias informativas en la Inspección de la FGE.
“La irrupción de Consuelo es lo más significativo porque el choque se produce en la derecha, Navajas representa los puntos de vista del PP tradicional, fue ascendido a fiscal de sala con Aznar y a teniente fiscal con Rajoy (primero con Jesús Cardenal y después con Eduardo Torres Dulce), su pedigrí conservador no lo cuestiona nadie, pero tampoco se cuestiona su pedigrí institucional, el es conservador moderado y pone por delante los intereses de la institución. No es normal que un fiscal conservador, como es el caso de Consuelo, acuse al gobierno de criminal y delictivo. Varias frases de su artículo de primeros de mayo la colocan en el mismo terreno que Vox”, señaló a ARA un magistrado que prefiere mantener su nombre en reserva.
