El fiscal de la Audiencia exigió a Trapero fianza de 50.000 euros por las dos reuniones del Palau

Trapero es un viejo conocido, por así decir, de las fiscalías de la Audiencia Nacional y del Supremo

Escolta l'anàlisi d'Ernesto Ekaizer

Los diferentes escenarios judiciales de la causa del procés -por voluntad del instructor Pablo Llarena y el respaldo del Tribunal Supremo- crea dificultades todos los días en el juicio del procés por la citación de testigos que se encuentran imputados en otros tribunales. El más sonado ha sido…Josep Lluís Trapero. Tanto interés de los fiscales del Supremo durante el interrogatorio del mayor chocó con la circunstancia de que ni siquiera propusieron su declaración testifical.

Pero Trapero es un viejo conocido, por así decir, de las fiscalías de la Audiencia Nacional y del Supremo. 

Escolta aquí la declaració de Josep Lluís Trapero a l'Audiència Nacional

El 18 de diciembre de 2017, la letrada Olga Tubau presentó un escrito en la Audiencia Nacional – entonces se imputaba al mayor dos delitos de sedición- en el que daba cuenta de la celebración de las reuniones del 26 y 28 de septiembre de 2017 en el Palau de la Generalitar entre la cúpula de los Mossos y Carles Puigdemont y otros miembros del Govern. Y solicitaba que se citara como testigos a los comisarios que acudieron y a los miembros del Govern Oriol Junqueras, Joaquim Forn y “cuando sea posible”, según decía, a Puigdemont. 

El fiscal, Pedro Rubira, se opuso a la diligencia inmediatamente. La magistrada Lamela la denegó y los recursos fueron desestimados.

El 23 de febrero de 2018 Trapero fue citado para declarar una tercera vez -tras el 6 y 16 de octubre de 2017-, pero en esta ocasión sobre los hechos del 1-O. La magistrada le imputaba además del delito de sedición por los hechos del 20 de septiembre en la consejería de Economía otro delito de sedición por el 1-O.

Escolta aquí la petició de fiança a Trapero per part del fiscal

Durante la declaración, la abogada de Trapero preguntó:

OT: En relación a las reuniones en el Palau de la Generalitat los días 26 y 28 de septiembre de 2017, ¿se les hizo por parte de algunos de los políticos, el entonces presidente, vicepresidente o consejero de Interior, alguna indicación, orden, cuando ustedes manifiestan que van a cumplir con el auto [del 27 de septiembre de la magistrada Mercedes Armas que ordena impedir el referéndum] cuando ustedes dicen que van a apoyar el auto y que no están para apoyar el proceso de deriva independentista se les da alguna orden, se les objeta alguna cosa?

T: A nosotros, el president Puigdemont nos dice: “Ustedes hagan su trabajo”.

OT: El día 27 de octubre de 2017 se lleva a cabo lo que se ha llamado la declaración unilateral de independencia en el Parlament, ¿puede explicar si usted se puso en contacto con alguna autoridad judicial o de fiscalía?

T: Con las dos. Con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) [Jesús Barrientos] tanto por teléfono como por escrito para comentarles ante los hechos que habían sucedido el cuerpo de Mossos se ponía a disposición evidentemente de las órdenes que pudieran emanar de los órganos judiciales para cumplir la legalidad [ver reproducción de escritos].

OT: ¿Si les hubieran ordenado la detención del entonces presidente de la Generalitat o de cualquier miembro que hubiera podido participar de esa declaración lo hubiera cumplido usted?

T: Si un órgano judicial ordena una detención evidentemente de la persona que sea se hubiese cumplido eso es obvio. También le voy a decir que se había previsto un dispositivo por parte de Mossos desde dos días antes para si se recibía cualquier orden judicial ante los hechos que podían suceder.

OT: Desde su cese el día 27 de octubre ha ejercido alguna labor o función de mando, tiene capacidad usted para dar instrucciones, órdenes en el cuerpo?

T: Ninguna.

A continuación, el fiscal Rubira interesa agravar las medidas cautelares. El Ministerio Público, dice, ha recibido orden de imponer una fianza de 50.000 euros. Porque ahora se le imputa dos delitos de sedición…

Pero veamos su argumento central. 

“Además -afirma- hoy ha habido un dato relevante, nos hemos enterado de la reunión que hubo entre miembros de los Mossos patrocinada por el declarante con respecto al señor Carlos Puigdemont. Si el investigado hubiera cooperado más activamente entendemos que hubiera evitado mucho trabajo a la Administración de Justicia de haber encauzado el procedimiento”

La letrada Tubau se opone. Explica: “Estas reuniones que se mantuvieron en el Palau de la Generalitat en 26 y 28 de septiembre de 2017 no son un hecho que sorpresivamente se ponga de manifiesto hoy en esta tercera declaración del señor Trapero sino que concretamente mediante un escrito de 18/12 se expuso a Su Señoría la existencia de esas reuniones, se expuso que a la vista de ese hecho que se evidenciaba en el juzgado y con el fin de acreditar cuál había sido el comportamiento del señor Trapero sino de toda la cúpula de Mossos, entendíamos que podía ser pertinente a los efectos de la instrucción que declararan no solamente los comisarios y el señor Trapero en relación a ese hecho sino también los miembros del Gobierno que habían participado en esas reuniones y que tenían la condición de investigados por mor de este procedimiento penal. Se dio traslado al MP que se opuso a dicha diligencia, Su Señoría también acordó que no había lugar a la misma, se ejecutaron recurso de reforma y apelación y la sala de lo pena confirmó la decisión de Su Señoría. No se está dando aquí una información con cuentagotas a medida que avanza la instrucción sino que lo que se tiene se aporta…”

La magistrada Lamela desestimó la petición de la fianza de 50.000 euros.

La fiscalía es una sola: acusa por rebelión. Los jueces no: Llarena ha procesado por rebelión y Lamela por sedición.

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