El gobierno de Rajoy arruina en diferido el relato de rebelión

Las certificaciones aportadas por La Moncloa, prueba de cargo contra la Fiscalía

Lo que para el instructor Pablo Llarena y los fiscales es la prueba suprema de la violencia como elemento típico del delito de rebelión en Cataluña- la manifestación del 20 de septiembre de 2017 en Rambla 19-21 y la celebración del referéndum del 1 de octubre- ni Mariano Rajoy ni Soraya Sáenz de Santamaría lo consideraron hechos tan alarmantes como para llevar ambos asuntos al consejo de ministros y al Consejo Nacional de Seguridad. Ya no digamos para proponer el estado de sitio o la aplicación de la ley de Seguridad Nacional: ni siquiera para examinar los pros y contras de adoptar estas medidas. Es más: la declaración de independencia origina un intercambio el 11 de octubre entre Rajoy y Puigdemont para aclarar lo que se resolvió en el Parlament el 10 de octubre sobre la declaración y suspensión de la misma, el proceso para desencadenar el artículo 155 de la Constitución Española.

    ¿Era incompatible declarar el estado de sitio o la ley de Seguridad Nacional con la aplicación del 155? No. Pero Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría nunca consideraron que la situación merecía ir por el camino de esas medidas. Eso es lo que ahora  ha quedado certificado por La Moncloa al cumplimentar los oficios que le ha enviado a primeros de febrero el Tribunal Supremo a solicitud de la defensa del ex consejero Joaquín Forn.

    Los  documentos confidenciales aportados por La Moncloa el 13 de febrero entre los que se incluyen certificaciones del Consejo Nacional de Seguridad dan una idea bastante precisa de cómo valoraban Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría la gravedad de la situación. Por ejemplo, el 25 de septiembre de 2017, cinco días después de la manifestación del 20 de septiembre,  Rajoy convoca el Consejo de Seguridad Nacional para el 6 de octubre. Lógico ¿no? Para examinar el 1-O. El punto 3 del orden del día de esa reunión era el siguiente: "Informe de la Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia sobre la situación en la Comunidad Autónoma de Cataluña"

   Pero he aquí que el 30 de septiembre, veinticuatro horas antes del 1-O, se aplaza la reunión. La Moncloa aporta el oficio. La reunión se "posterga a una nueva fecha que se comunicará por razones sobrevenidas". Esa reunión se convoca, finalmente, para el 1 de diciembre a las 9:00 hs. El orden del día prevé el informe de la vicepresidenta del 6 de octubre sobre la situación en Cataluña.

     Pero el 28 de noviembre se cambia el orden del día y se apunta que la vicepresidenta ya no informará sobre Cataluña. En cambio, Soraya Sáenz de Santamaría, según el oficio, debía informar sobre "ciberseguridad". El instructor Llarena y los fiscales intentan una tarea imposible: reconstruir una rebelión-insurrección inexistente. Lo fue para Rajoy y para Soraya Sáenz de Santamaría en aquellos días decisivos.

   La ex consejera Dolors Bassa dijo una palabra clave ayer casi al final de su declaración: desistimiento. Y después habló por primera vez en el plenario, hasta ahora, de la intención frustrada de Carles Puigdemont de convocar elecciones autonómicas mediación mediante [del lehendakari Iñigo Urkullu].Los fiscales intentan, pues, pintar una conjura desistida como una rebelión realmente existente.

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