El gobierno de Sánchez espera una sentencia por el delito de sedición

El Supremo la notificará el lunes 14 para evitar antes una reacción ante la fiesta nacional del 12 de Octubre

Ernesto Ekaizer
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El presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, en una sesión del juicio al Procés

MadridEl gobierno de Pedro Sánchez tiene grandes expectativas de que el tribunal del Procés dicte una sentencia condenatoria por el delito de sedición, según la calificación elevada por la Abogacía General del Estado de noviembre de 2018 a diferencia de la rebelión que ha defendido la Fiscalía del Tribunal Supremo. Fuentes judiciales señalan que el Palacio de la Moncloa vería así reivindicada su conducta que concitó criticas furibundas del Partido Popular y de Ciudadanos al estimar que la calificación de sedición suponía la prueba del pacto de Sánchez con los partidos independentistas.

El tribunal notificará la sentencia, según fuentes próximas al Supremo, el próximo lunes, día 14 de octubre. Las mismas fuentes habían avanzado la posibilidad de dictar la sentencia entre el 7 y 9 de octubre (el lunes y este miércoles), pero, según dijeron, se trata de no provocar, esto es, tratar de que tras el conocimiento de la sentencia no se convoquen manifestaciones multitudinarias en Cataluña ante la fiesta nacional del 12 de Octubre. Se ha querido evitar la imagen de un enfrentamiento, propalado por los medios de comunicación y las televisiones a todo el mundo, durante el desfile de las Fuerzas Armadas, a la que asiste el Gobierno, los magistrados del Tribunal Supremo con la sentencia en ristre, y los del Tribunal Constitucional, por un lado, y por un sector importante de la población de Cataluña, por el otro.

Las sentencias, según jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) debe ser notificada a cada acusado en persona. Es posible que para evitar el traslado de los doce acusados desde Lledoners a Madrid, el tribunal notifique primero a los procuradores y luego por exhorto a Barcelona para que se comunique allí personalmente a los condenados.

La Fiscalía, que a través del fiscal Javier Zaragoza había anunciado la sentencia para antes del 12 de Octubre, pidió este martes al tribunal la convocatoria de la audiencia (vistilla) prevista por el artículo 504 de la ley de Enjuiciamiento Criminal para prorrogar en dos años más la prisión de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, quienes cumplirán dos años de cárcel el próximo miércoles 16 de octubre.

La Fiscalía solicita la vistilla, ya que es necesario trasladar a ambos acusados, que deben estar presentes, desde la prisión de Lledoners a Madrid, ante la posibilidad de que la sentencia no sea dictada antes de esa fecha.

El tribunal del Procés, por su parte, ha señalado este martes que no suspenderá el dictado de la sentencia hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la inmunidad de Oriol Junqueras en su calidad de eurodiputado electo el 26 de mayo pasado, según solicitaba la defensa del exvicepresident. No deja de ser paradójico que el Supremo notifique la sentencia el lunes 14, según se ha apuntado, precisamente el día en que el TJUE celebrará la vista sobre la cuestión prejudicial de la inmunidad planteada por el tribunal del procés. Después del 14 el asunto dejará de ser, obviamente, “prejudicial”, porque ya se habrá dictado la sentencia del procés.

El Gobierno en funciones espera una sentencia por el delito de sedición (artículo 544 del Código Penal o conspiración para la sedición (artículo 548) pero ve alejada la posibilidad del delito de rebelión o conspiración para la rebelión.

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