El gobierno español apuesta por no prorrogar el estado de alarma en Madrid

Ábalos espera que Ayuso dote de garantías jurídicas las medidas que se implementen

El gobierno español apuesta por no prorrogar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid y busca así ahorrarse una votación incierta en el Congreso. Alargar quince días más la intervención requiere el aval de la mayoría absoluta de la cámara baja y no está claro que pueda conseguir los apoyos, teniendo en cuenta de entrada que la triple derecha votaría en contra. A pesar de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya había apuntado este escenario, este lunes lo ha confirmado el ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, que en una rueda de prensa ha asegurado que la intención de la Moncloa es que la Comunidad de Madrid dote de "garantías jurídicas" las medidas que haya que implementar. 

Hace dos semanas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó la orden del gobierno de Isabel Díaz Ayuso a través de la cual vehiculaba lo que se había decidido en el Consejo Interterritorial de Salud: confinar Madrid y ocho ciudades más de la periferia que superaban tres umbrales vinculados a la crisis del coronavirus. Estos umbrales son estar por encima de 500 casos por 100.000 habitantes, el 35% de ocupación de las UCI y un 10% de positividad en pruebas PCR. El ejecutivo madrileño dictó estas medidas amparándose en la ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud, de 2003, en virtud de la cual se adoptó la declaración de actuaciones coordinadas que habilitaba las nuevas medidas, pero el TSJM lo rechazó. En cambio, días antes se había amparado en la ley de salud pública de 1986, que en repetidas ocasiones los tribunales habían aceptado para aplicar confinamientos puntuales. Una "maniobra jurídica", para la Moncloa, que obligó a aplicar el estado de alarma de manera unilateral. Era la tercera opción que Sánchez puso sobre la mesa a Ayuso: la primera había sido que dictara una nueva orden amparándose en la norma de 1986, la segunda un estado de alarma pactado y la tercera un estado de alarma impuesto, como acabó pasando.

Ahora Sánchez no quiere volver a caer en la trampa y situará otra vez la pelota en el tejado de Ayuso, con la esperanza de que esta vez no se atreverá a una nueva "maniobra jurídica" que ahora quedaría todavía más a cuerpo descubierto. "El gobierno quiere que la Comunidad de Madrid ejerza sus competencias y le dé las garantías jurídicas para que sean respetadas las medidas", ha remarcado Ábalos.

La resistencia de Madrid

La reunión del Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles se prevé, pues, otra vez caliente. Illa llevará una propuesta diferente de la que defiende la Comunidad de Madrid, que se mantiene firme en el confinamiento por áreas básicas de salud. La semana pasada trascendió un borrador en el cual Sanidad proponía cuatro niveles –bajo, medio, alto y extremo– en función de la situación epidemiológica y asistencial de cada territorio para aplicar según qué medidas. En una entrevista al  El Mundo este domingo, el consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero, calificaba de "francamente mejorable" la propuesta de Sanidad e insistía en su idea. Además, cargaba duramente contra lo que habían sido, a su parecer, "criterios políticos" para el confinamiento de Madrid hace dos semanas. El hecho de que el estado de alarma se levante a finales de esta semana es una prueba, según Ruiz Escudero, de que aplicarlo fue un "disparate".

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