TRES AÑOS DEL REFERÉNDUM

La incógnita de las órdenes marca las causas por las cargas del 1-O, que miran a Europa

Las causas no han podido determinar quién fue el máximo responsable del operativo, pero buscarán una respuesta en la justicia europea

Hasta 27 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han estado en el punto de mira por el dispositivo del 1-O, que en algunos casos la Audiencia de Barcelona ha calificado de “desproporcionado”. Las causas no han podido determinar quién fue el máximo responsable del operativo, pero buscarán una respuesta en la justicia europea.

Barcelona insiste en la cadena de mando

La causa por las cargas en Barcelona es la que suma más investigados: 63 policías nacionales y tres más pendientes de declarar. Después de llegar hasta los ocho jefes de núcleo en la ciudad, los abogados de los lesionados miran ahora hacia sus superiores, el jefe de los antidisturbios que ese día usaba el apodo de Marte y el jefe de la brigada de información. “La Audiencia considera que los ciudadanos estaban ejerciendo el derecho de reunión. Quien diseñó el operativo policial no lo tuvo en cuenta y por eso hubo extralimitaciones”, afirma la abogada Marina Roig. De momento el juez ha rechazado investigar estos dos mandos y los abogados han presentado un recurso en la Audiencia, que también tiene sobre la mesa otra petición de la Fiscalía para archivar toda la causa. Recientemente Òmnium se ha incorporado al caso como acusación popular.

Girona, a la espera de si se abre juicio o se archiva

La causa judicial por las cargas del 1-O en Girona, Aiguaviva y Sant Julià de Ramis afronta un momento clave. El juzgado de instrucción número 2 de Girona da la instrucción por cerrada y ahora tiene que decidir si envía el caso a juicio o lo archiva. “Hay indicios claros de los delitos que presentamos en la querella de lesiones y torturas”, asegura el portavoz del colectivo Dret de Defensa, el abogado Albert Carreras. Pero de la actuación en Sant Julià de Ramis no se ha podido investigar a ninguno de los guardias civiles que cargaron en el pabellón donde se preveía que votara el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. En el juzgado han declarado 25 policías nacionales como investigados que intervinieron en Girona y tres guardias civiles que actuaron en Aiguaviva, donde también lanzaron gas pimienta.

Cinco investigaciones abiertas en Lleida

Los juzgados de Lleida abrieron varias causas por las cargas del 1-O. Tres años después algunas se han archivado, dos policías nacionales han quedado absueltos por dos actuaciones y cinco continúan abiertas. Las denuncias “se trocearon” entre juzgados, recuerda la abogada Esther Sancho, del colectivo Advocacia per la Democràcia. De las cinco que quedan, una investiga la intervención en su punto de votación Benestar Social de Lleida, por la cual han declarado tres policías nacionales como investigados -los responsables del dispositivo-, explica Sancho. El juzgado ultima la instrucción de esta causa, que entremedias se llegó a archivar, y mantiene otra abierta por la agresión a un vecino de Lleida que sufrió un ataque de corazón. En este caso todavía tienen que declarar cinco policías nacionales de los seis que están investigados, dice la abogada Anna Llauradó, que critica los “palos a las ruedas” que ponen la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Dos de las tres otras causas pendientes son por delitos leves de policías nacionales y el resto ahora está en un proceso de mediación.

La causa del Bages busca una rendija en el TEDH

Las causas por las cargas en el Bages son las que se han investigado más rápidamente. Tanto la juez del caso como la Audiencia de Barcelona avalaron el dispositivo de Castellgalí. El equipo de abogados que representa a los heridos presentó un recurso de amparo al Tribunal Constitucional y, ante la nueva negativa, ha presentado una demanda al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). El abogado David Casellas cree que “se han vulnerado derechos recogidos en la declaración de derechos humanos”, como por ejemplo no haber escuchado a algunos de los lesionados, y apunta que “la acción de la Guardia Civil constituyó una tortura, entendida como un uso innecesario de la fuerza”. El letrado considera que las causas de Callús -con tres guardias civiles investigados- y Fonollosa pueden acabar también en Europa. En Sant Joan de Vilatorrada hay cuatro agentes más investigados y la juez ha ordenado al cuerpo identificar al agente que lesionó al ex concejal Jordi Pesarrodona. El teniente coronel que lideró el operativo en el Bages declaró como testigo y reveló que el 1-O se comunicaron por móvil. Según Casellas, esto “hace imposible” averiguar quién ordenó cargar.

Òmnium prueba la vía internacional

Òmnium Cultural ha abierto un nuevo frente para conseguir que la justicia internacional se pronuncie sobre las cargas del 1-O. La entidad ha denunciado al Estado ante las Naciones Unidas y el Consejo de Europa por haber incumplido los tratados internacionales y no haber investigado por iniciativa propia el operativo policial durante la jornada del referéndum. A pesar de que hay diferentes causas judiciales abiertas en Cataluña por la violencia policial de la Guardia Civil y la Policía Nacional, Òmnium considera que el Estado no está colaborando para aclarar los hechos. “Si el Estado no investiga, no da garantías de que unos hechos así no se repetirán”, considera el abogado de la entidad en Europa, Olivier Peter. “España tiene la obligación de investigarlos”, insistía ayer también Marcel Mauri, vicepresidente de Òmnium.

Un capitán, en su punto de mira a la Ràpita

La causa por las cargas en el pabellón de Sant Carles de la Ràpita ha sumado nueve guardias civiles investigados últimamente -en total son 14- después de que la juez encargara a los Mossos unificar las grabaciones aportadas por los vecinos y que el cuerpo identificara a todos los agentes con TIP (tarjeta de identificación profesional) visible que levantaban la porra contra algún ciudadano. El abogado Josep Canicio, que representa a los lesionados, ha insistido en pedir la declaración como investigado del capitán del operativo. La Audiencia de Tarragona ya constató que los informes “probaban” que este mando había estado sobre el terreno aquel día. Su declaración puede arrojar luz sobre quién ordenó cargar. Canicio admite que “nadan a contracorriente”, después de más de dos años y con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en contra, pero asegura: “Haremos lo que haga falta para llegar a juicio y condena”. Confía en que se pueda acusar a los agentes por las lesiones y no descarta atribuirles otro delito por el trato degradante infringido a los votantes. De momento, ya han pasado por los juzgados.

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