La inmunidad de grupo y el escollo de las patentes de la vacuna

Para conseguir la inmunidad de grupo al covid-19, la comunidad científica prefiere, tal y como explicamos en el periódico, que cerca al 90% de la población adquiera resistencia al coronavirus, pasando la enfermedad o, mejor, vacunándose. Al inicio de la pandemia se había hablado, a partir de los primeros datos obtenidos en Wuhan e Italia, de un 60% de la población. Pero cuanto más se sabe del covid, más claro queda que su capacidad de contagio es más alta y va en aumento; así lo demuestra, por ejemplo, la variante detectada recientemente en el Reino Unido. Por lo tanto, al margen de que la mejora de los tratamientos para combatir la enfermedad una vez adquirida la hagan menos letal, si realmente se quiere hacer desvanecer el virus, hará falta una acción masiva y mundialmente coordinada de vacunación. Solo así se conseguirá volver a la normalidad social también a nivel global. Pero para conseguirlo se dibuja en el horizonte inmediato un doble problema evidente y encadenado: por un lado, las vacunas están saliendo a través de patentes en manos de las farmacéuticas y, del otro, los países ricos están acaparando las existencias presentes y futuras, incluso por encima de sus necesidades. Este doble factor hace que los países en vías de desarrollo, que representan tres cuartas partes de la población mundial, tengan muy difícil el acceso a la vacuna.

La solución plausible tendría que pasar por las farmacéuticas: si no pudieran explotar patentes el precio de las vacunas se reduciría sustancialmente y, por lo tanto, sería más accesible. Porque tal y como ahora está organizado el mercado, el compromiso retórico de mandatarios como Merkel o Macron - en el sentido que harían esfuerzos para que la vacuna llegara en todas partes- en la práctica no se está cumpliendo. Aparte de la evidencia científica de que la inmunidad de grupo puede llegar a requerir hasta un 90% de la población, hay otro argumento de tipo político a favor de esta socialización de la vacuna: para conseguirla se ha producido una inmensa e inédita inyección de dinero público, de la que ahora, en cambio, sobre todo se beneficia la indústria. Si normalmente puede ser cierto que el sistema de patentes en manos privadas impulsa la investigación, en este caso es evidente que la investigación ha recibido una gran financiación pública. Por lo tanto, no solo se tendría que pensar en hacer vacunas sin patente, sino también, y estrechamente relacionado con esto, debería haber unos precios regulados que permitieran recuperar la inversión privada y garantizar una ganancia, sí, pero a la vez también garantizar la distribución de la vacuna no solo en los países acomodados. De hecho, este enero la Organización Mundial del Comercio (OMC) tiene que debatir la posibilidad de suspender las patentes de las vacunas, de los tratamientos y de los tests del covid-19 mientras dure la pandemia. Una decisión así supondría, sin duda, un paso adelante en la lucha contra el virus, además de fijar un interesante precedente a la hora de hacer pasar el interés común (en este caso la salud global) por encima del interés económico particular. Hará falta, pues, estar atentos a los debates y a las decisiones que se tomen en el marco de la OMC.