España deniega tres de cada cuatro peticiones de asilo

BarcelonaHugo Aguilar estaba acostumbrado a recibir amenazas "por todos lados" por su trabajo como periodista en El Salvador. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando vio en peligro a sus hijos, un chico de 20 años y una chica de 14. "Las maras (bandas) nos obligaban a pagar una 'renta': primero eran 150 dólares y después subieron hasta 1.500. Cuando no pudimos pagar amenazaron con violar a mi hija. Estas bandas se alimentan de la juventud. No venimos por gusto: la violencia es extrema, en el triángulo de El Salvador, Honduras y Guatemala. Hablamos de entre 32 y 160 muertos cada día, aunque oficialmente no hay ninguna guerra".

Desde enero 46.000 personas han pedido protección internacional a España. Se suman a las 54.065 que lo hicieron el año pasado, según ha explicado esta mañana la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR). La cifra multiplica por diez las solicitudes recibidas en 2005, pero ello no significa que se supere la capacidad de acogida: los demandantes de asilo siguen siendo un insignificante 0,1% de la población. Y es que la inmensa mayoría de refugiados del planeta terminan en países pobres: las zonas más ricas del mundo solo se hacen cargo del 15% de los que tienen que huir de su país. El problema es que el sistema de acogida español no se ha dimensionado a la nueva realidad, y sigue funcionando como hace diez años, cuando a duras penas pedían refugio en España 2.500 personas cada año. Más de 100.000 peticiones presentadas los últimos años están pendientes de resolver.

Y el Estado español sigue manteniendo una política de cerrazón con respecto a los refugiados: 3 de cada 4 peticiones son rechazadas, un porcentaje muy superior al de Alemania (50%) o incluso al de la Italia del ultraderechista Matteo Salvini (64%). La media europea de denegaciones es del 38%. La única ventaja del sistema español de acogida, muy poco garantista incluso para los estándares de la UE, es la lentitud: mientras los demandantes de asilo esperan a que su petición se resuelva (en la mayoría de los casos negativamente) no pueden ser devueltos a los países de origen y pueden acogerse a una protección social mínima. Las resoluciones tardan una media de un año o un año y medio, y cuando las resoluciones son finalmente denegadas, muchos pueden acceder a los papeles a través de la vía de la extranjería, como migrantes económicos, siempre que tengan trabajo. El proceso es deficiente y no garantista, pero el colapso hace que muchos puedan esquivar la ilegalidad.

España: sistema de acogida colapsado

El año pasado, España se convirtió en el cuarto país de la UE en llegada de refugiados, con el 8% del total de solicitudes presentadas. La primera nacionalidad de solicitantes es Venezuela, y hace unos meses que Madrid decidió otorgar a los venezolanos una protección humanitaria. A continuación se sitúan Colombia, Siria, Honduras y El Salvador. Este año Nicaragua ya ha desplazado a Siria en número de solicitudes, lo que pone de manifiesto el impacto de la violencia en América Central, además de los efectos de la crisis política de Venezuela sobre la población.

Con 8.000 solicitudes en 2018, Cataluña es la segunda comunidad del Estado en acogida, por detrás de Madrid, que cuenta 20.000. Entre enero y mayo en Cataluña se han presentado 6.000 solicitudes más. Los refugiados que quieren pedir hoy protección en Barcelona no obtienen citas hasta enero.

"Hace un año, cuando el Gobierno ofreció el puerto de Valencia para acoger el 'Aquarius' y más tarde el de Barcelona para los migrantes rescatados por el 'Open Arms', tuvimos la esperanza de que habría una nueva política migratoria, pero pronto vimos que no era así", denuncia Pascale Coissard, de la comisión. Ninguno de los migrantes recibidos entonces por el Gobierno con gran pompa ha obtenido todavía protección. "Después, otros barcos como el pesquero 'Nuestra Madre de Loreto', no fueron aceptados y recibieron órdenes del Gobierno de ir a Líbia, donde están demostradas la tortura, las detenciones y la violación sistemática de los derechos humanos", recuerda. Después de que los pescadores se resistieran, y de permanecer diez días a la deriva, los náufragos fueron desembarcados en Malta.

El Mediterráneo, la frontera más peligrosa

Con al menos 2.299 muertos el año pasado, 800 de los cuales intentando llegar a las costas españolas (estos son los que se han documentado, la cifra real es muy superior), el Mediterráneo sigue siendo la frontera más peligrosa del planeta a causa de las políticas de cierre de fronteras de los países de la UE. Aunque las llegadas han caído drásticamente, la mortalidad entre los que intentan el viaje se ha disparado, como resultado, entre otras cosas, de la política de bloqueo de los barcos de las ONG de rescate en el Mediterráneo Central, como el 'Open Arms', que ha estado parado desde diciembre en el puerto de Barcelona por órdenes del gobierno de Pedro Sánchez. Si en 2016 moría uno de cada 72 refugiados que intentaba el viaje, el año pasado uno de cada 52 se dejaron la vida en el camino. "El paradigma de los gobiernos es que debe morir gente en el Mediterráneo para disuadir a otros de intentarlo", concluye Pajares.

Después del acuerdo de la UE con Turquía y de la crisis de Libia, que cerraron las rutas oriental y central, el año pasado llegaron a España por mar un total de 58.569 personas, el primero de la UE, y hay que recordar que a pesar de la visibilidad del fenómeno, las pateras representan solo el 51% de las llegadas: el resto de migrantes llegan a través de los aeropuertos y las carreteras.

70 millones de refugiados en el planeta

A escala global, según los últimos datos disponibles del Alto Comisariado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) el 30 de junio del año pasado habría más de 70 millones de desplazados forzados en el mundo debido a guerras, violencia y violaciones de los derechos humanos. Siria, Afganistán y Sudán del Sur siguen siendo los países que expulsan a más población de manera forzosa, y este año la crisis de Venezuela también ha supuesto un nuevo éxodo. "Medidas como el pacto mundial por las migraciones que se aprobó en diciembre del año pasado son una oportunidad perdida", lamenta Miguel Pajares, presidente de la CCAR. "Es un pacto no vinculante, cargado de buenas intenciones pero que no cuestiona las políticas de externalización ni plantea vías seguras, ni contribuye al reasentamiento de los refugiados en los países que podrían asumir la responsabilidad". Para Pajares la conclusión está clara: "Cada año se baten récords de refugiados en el planeta y cada vez la respuesta de los gobiernos es más contraria a los estándares de derechos humanos, a los derechos humanos y a sus propias leyes".

Otra política migratoria

La CCAR reclama al Gobierno una serie de medidas urgentes que pasan por evitar el uso electoral y la criminalización del fenómeno, dejar de perseguir la solidaridad, unificar los protocolos de actuación en los puertos de llegada, medidas para proteger a las víctimas de tráficos y a los niños, que se aceleren las citas para formalizar las solicitudes y que los familiares de los que ya se han establecido en España puedan acceder con seguridad a las embajadas y consulados españoles para poder seguirles. También propone que en el plan estatal de vivienda se tenga en cuenta la situación de los refugiados como colectivo vulnerable.