Irlanda pide perdón por la violencia institucional contra las madres solteras

Un informe destapa la muerte de 9.000 bebés y la crueldad hacia las mujeres en los hogares de acogida

La crueldad, la violencia contra las mujeres y la frialdad de la Irlanda más ultracatólica y "intolerante" han salido una vez más a la luz este martes, después de que el gobierno de Dublín hiciera público un informe muy esperado sobre el maltrato y la discriminación recibidos por miles de madres solteras y sus hijos, institucionalizados y marginados de la vida pública en las llamadas Casas de Madres e Hijos entre los años 1922 y 1998. 

En concreto, se han analizado las circunstancias específicas de catorce establecimientos y cuatro instituciones más regidas por las administraciones de sendos condados. 

La edad de las que ingresaban se situó entre los 12 y los 40 y algo años. El 80%, sin embargo, tenían entre 18 y 29.  5.616 mujeres, el 11,4% del total del cual se disponía de información sobre la edad, eran menores de 18 años.

Instituciones creadas los siglos XIX y XX, en algunos casos regidas por órdenes religiosas de monjas –pero también por religiosos protestantes– y otras que dependían directamente del estado, eran el lugar de acogida, pero sobre todo de ocultación, de las mujeres que se quedaban embarazadas fuera del matrimonio, la única característica en común de todas las que ingresaban.

Unos 9.000 niños –el 15% de los 57.000 que nacieron o acabaron viviendo en estas instituciones– murieron entre las dieciocho instituciones investigadas. Se trata de "un nivel espantoso de mortalidad infantil", describe el informe. Además, miles de las 56.000 mujeres que pasaron por estos centros fueron sometidas a todo tipo de abusos emocionales. Una práctica habitual era negarles el contacto con los hijos después del parto y forzarlas a dar a los bebés en adopción. Los niños que se quedaban, todos considerados ilegítimos, sufrieron discriminación a lo largo de su vida.

Se calcula, además, que unos 25.000 niños también pasaron por el resto de las instituciones que el estudio no ha tenido en cuenta.

El gobierno de coalición que preside Micheál Martin ha expresado su horror ante los resultados de la investigación. El informe revela que el país tenía una "cultura sofocante, opresora y brutalmente misógina" y describe un "capítulo oscuro, difícil y vergonzoso" de la historia irlandesa. "Como nación tenemos que hacer frente a la completa verdad de nuestro pasado", ha dicho el primer ministro. "Las jóvenes madres y sus hijos fueron obligados a pagar un precio terrible por unas actitudes repulsivas en relación con el sexo y la intimidad". Con todo, no se han encontrado pruebas de que sufrieran abusos físicos, como sí pasó en las escuelas industriales y otros centros, también regidos por religiosas, que utilizaban a las mujeres como mano de obra esclava.

Una sociedad cómplice

El análisis, de 3.000 páginas, que se ha gestado a lo largo de los últimos cinco años, no es solo una autopsia precisa de un sistema despiadado y sin alma, sino que, de rebote, supone, como ha denunciado Martin, una radiografía de la sociedad que lo hizo posible y le dio cobertura hasta hace prácticamente solo veinte años.

El estudio condena sin paliativos las rígidas reglas de la católica Irlanda, las convenciones represoras sobre el sexo, "la salvaje intolerancia", los juicios implacables y la "crueldad anticristiana", afirmó el primer ministro, y añadió: "Durante décadas, la sociedad irlandesa se definió por su silencio y, en esto, por su complicidad sobre lo que se hizo a algunos de nuestros ciudadanos más vulnerables".

El número más grande de admisiones se produjo en los años sesenta y principios de los setenta. También se ha comprobado que, antes de la década de los sesenta, los hogares de acogida no hacían prácticamente nada para salvar la vida de los niños "ilegítimos". Más bien al contrario. Sus posibilidades de supervivencia se reducían notablemente.

No hay, sin embargo, una acusación directa contra las órdenes religiosas que regentaban los hogares. Y los que quieran desviar la culpa de personas individuales y familias hacia las congregaciones que dirigían los establecimientos encontrarán pocas conclusiones a las que agarrarse.  El estudio apunta que la responsabilidad del brutal trato que sufrieron las mujeres "recae principalmente en los padres de sus hijos y en sus propias familias".  Sí, sin embargo, se insiste en que las costumbres sociales predominantes que promovieron estas prácticas de marginación "tuvieron el apoyo y fueron incitadas tanto por el estado como por la Iglesia".

A pesar del infierno al que podían hacer frente, el estudio también sostiene que las casas "proporcionaban refugio" a las mujeres "cuando sus familias no se lo daban". Y si bien no se han encontrado pruebas explícitas de que las mujeres fueran obligadas a entrar en los hogares, la idea generalizada es que no tenían alternativa.

Derecho a conocer la identidad

La Coalition of Mother and Baby Home Survivors, que incluye a Bethany Home Survivors y The Castlepollard Mother & Baby Home Group, ha reaccionado de manera ambivalente ante el informe. El grupo asegura que miles de personas nacidas en instituciones o adoptadas por familias por parte de "agencias de adopción ilegales" no han sido analizadas.

El gobierno ha aceptado las recomendaciones de la Comisión y establecerá un plan para proceder a compensar a los supervivientes. Compensaciones que no solo, o no especialmente, serán económicas, sino que también incluirán acceso a la información personal relevante, como por ejemplo la identidad de padres e hijos y su paradero.

En este sentido, Orla O'Connor, directora del Consejo Nacional de las Mujeres, ha asegurado que el informe es una condena sobre el tratamiento de las mujeres y los niños por parte de las instituciones estatales y de la Iglesia. O'Connor ha dicho que sufrieron "abusos horribles, violaciones de los derechos humanos y traumas en instituciones de todo el país". "Estamos enfadados y sorprendidos al saber que hasta 9.000 bebés murieron en las instituciones y que tantas mujeres se vieron obligadas a dar a sus hijos en adopción".

Este miércoles la sede del Parlamento de Dublín, el Dáil, vivirá un acto oficial de petición de perdón del estado a las víctimas.

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