Oscar Camps: "El 'Open Arms' no vuelve a España: el plan es continuar con los rescates"

BarcelonaOscar Camps, director de Proactiva Open Arms, se iba ayer de Italia después de haber vivido la que ha sido la misión más difícil de todas las que ha hecho la ONG badalonesa desde que comenzó los rescates en la isla griega de Lesbos en 2015. El pulso con las autoridades italianas, y en particular con el ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, ha durado 20 días y la desesperación de los rescatados, traumatizados por los abusos que han sufrido en Libia y el miedo de volver a aquel infierno, ha puesto el equipo de la ONG al límite. Ayer la vicepresidenta española, Carmen Calvo, no descartaba emprender acciones penales contra la ONG, que se dispone a continuar desafiando las prohibiciones de los estados en nombre del derecho humanitario.

La vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que el Open Arms "no tenía permiso para rescatar".

Cada vez que habla sube el tono. Parece que alguien en el gobierno la utiliza para provocar o para generar un relato de confrontación. Nos amenaza con multas y con sanciones y eso suena al discurso de Salvini. Que nos lo digan en Italia, que ha hecho un decreto para perseguirnos, ya nos lo esperamos; pero que nos lo diga el gobierno español nos sorprende. Calvo tergiversa las cosas: también dijo que no habíamos querido ir a Malta, cuando por escrito nos negaron incluso entrar en sus aguas para resguardarnos de un temporal. Open Arms se constituyó para proteger la vida y para defender los derechos humanos en el mar. Para nosotros, el rescate no es un objetivo en sí mismo, es una obligación a la que está sometida cualquier embarcación que se encuentre ante una situación de riesgo. Nosotros protegemos con nuestra presencia, porque cuando no estamos la gente se ahoga y no lo sabe nadie. Como ocurrió hace unos días, cuando un pescador informó que había visto un naufragio con más de 100 muertos y no ha pasado nada.

¿Pero la ONG desobedece las prohibiciones impuestas por el gobierno español?

Nos limitaron la navegación a determinadas zonas. Y presentamos un contencioso administrativo de protección de los derechos humanos que se está viendo en Madrid. Porque nos imponían requisitos absurdos. Decían, por ejemplo, que el Open Arms no está preparado para llevar tanta gente a bordo cuando las lanchas de Salvamento Marítimo llevan más: somos un barco de rescate, no un crucero de lujo. Pero el último despacho nos autorizaba a una misión de observación y advertía que si hacíamos un rescate debía ser en coordinación con los países de la zona. Y eso es lo que hemos hecho: el primer rescate fue una patera que se estaba hundiendo y los otros dos los hicimos bajo la coordinación de Malta. El problema es que el gobierno español está enfadado, despistado.

¿Cómo valora la gestión de la crisis por parte de Madrid?

En ningún momento han hablado con nosotros directamente: todo lo hacían a través de los medios de comunicación. Nadie en nombre del gobierno se ha interesado por nuestra situación. Y lo que han hecho aún nos ha complicado más las cosas. Cuando habíamos ganado dos resoluciones judiciales contra las trabas impuestas por Salvini (la primera doblaba el decreto que nos prohibía entrar en aguas italianas y la segunda autorizaba el desembarco de los menores), cuando parecía que ya estábamos a punto de recibir la autorización para entrar en el puerto de Lampedusa, Pedro Sánchez va y nos ofrece el puerto de Algeciras. ¿Se han vuelto locos? ¡Algeciras, ni más ni menos, a mil kilómetros. Habíamos tenido que evacuar a 65 personas en 17 días para urgencias médicas! Y luego nos dicen que en Palma. Y luego nos envían un barco de la armada. ¿Sabemos cuánto cuesta esto? Será ridículo haber enviado este barco a recoger, como mucho, los quince inmigrantes que corresponden a España en el acuerdo de reparto. ¿O es que no sabían, cuando decidieron enviar el Audaz, que teníamos el fiscal italiano a bordo? La gente saltaba por la borda. No era difícil imaginar que nos dejaría entrar a puerto.

Ahora el investigado es el gobierno italiano.

Sí, no hay ninguna investigación contra nosotros en Italia. Si el barco está bloqueado es porque es un objeto probatorio: lo que quiere el fiscal es determinar si el estado de los náufragos es consecuencia también de la negativa de las autoridades italianas al desembarco. Y por eso necesitan la documentación que hay a bordo.

¿Y ya les va bien que el Open Arms no tenga que volver a España, donde las autoridades lo pueden volver a inmovilizar y además los amenazan con una multa de hasta 900.000 euros?

Hoy por suerte estamos seguros. En la nota de prensa del gobierno español que anunciaba el envío del barco de la armada decía que nos "acompañaría" hasta Mallorca. El Open Arms no vuelve a España: el plan es volver a la zona de rescate cuando las cosas se hayan calmado. Queremos continuar haciendo nuestro trabajo. Con el Open Arms y también con el Astral [el velero de la ONG].

¿Ha sido la misión más difícil?

Sin duda. Hemos aprendido que no basta con el rescate físico sino también un rescate psicológico, porque el nivel de violencia que los migrantes han sufrido en Libia es tan alto que se producen situaciones explosivas. Hemos visto gente destrozada: brotes psicóticos, ataques de pánico, los que se arrojaban al mar ... Había una chica de 17 años que no paró de llorar, un chico al que habían disparado un tiro en cada pie ... La cubierta del Open Arms era la casa de los horrores. También hemos aprendido que debemos agotar todas las vías legales y administrativas.

¿Y qué espera que cambie?

Que a partir de ahora los estados -que no los gobiernos- se impliquen más. Y que se establezca una plataforma de desembarco permanente para repartir inmediatamente los rescatados entre los países europeos. Que cuando haya un rescate puedan ser desembarcados enseguida sin todo este sufrimiento añadido, que es del todo absurdo e innecesario. No podemos estar todos pendientes del Salvini de turno.

Ninguna acusación contra la ONG en Italia

El Open Arms está inmovilizado desde ayer en Porto Empedocle, en Sicilia, a instancias de la fiscalía de Agrigento. Pero el secuestro dictado por la justicia italiana no significa que haya un procedimiento abierto contra la ONG. En la resolución el fiscal Luigi Patronaggio explica que tomó la decisión de decretar el desembarco de los 83 migrantes en la isla de Lampedusa porque la negativa de las autoridades italianas a permitir la entrada del barco humanitario en el puerto había provocado "la exasperación de los rescatados "y" ponía en peligro "su seguridad y la de la tripulación. La fiscalía recogerá la documentación y grabaciones del barco de rescate en el marco de una investigación por "omisión del deber" por parte de funcionarios públicos italianos que por ahora no ha identificado.