La aprobación de Coney Barrett culmina el sueño judicial republicano

Los conservadores aprovechan la presidencia de Trump para llenar todas las vacantes al circuito federal

El 26 de septiembre, Donald Trump presentó en un acto en la Casa Blanca a su nominada para ocupar la silla vacante de la jueza Ruth Bader Ginsburg en el Tribunal Supremo. Esta pasada madrugada, exactamente treinta días después, el Senado se disponía a votar y a confirmar a la conservadora Amy Coney Barrett como nueva integrante del alto tribunal. Para encontrar un proceso más rápido hay que remontarse 45 años. En 1975, el juez John Paul Stevens fue nominado por el presidente Gerald Ford y aprobado por unanimidad en tan solo 19 días. Ahora el proceso tiene lugar una semana de las elecciones a la presidencia, que se celebrarán el 3 de noviembre, y cuando ya han votado más de 60 millones de norteamericanos . 

La votación era una formalidad porque la gran mayoría de senadores se habían posicionado de acuerdo con la línea de su partido: todos los demócratas han votado en contra y solo una republicana, Susan Collins, ha roto la disciplina, con el resultado de 52 a 48. Collins, que se juega la reelección en el estado de Maine, aclaró que no se opone por las credenciales de Coney Barrett, sino por las prisas del proceso a las puertas de las elecciones.

El Partido Republicano culmina con éxito un proceso que dejará una profunda impronta en el país durante décadas: un tercio de los jueces del Supremo han sido elegidos por Trump. El tribunal queda escorado a la derecha con una mayoría de seis jueces conservadores por tres progresistas. La elección de la candidata de Trump, antítesis de Bader Ginsburg, implica, por ejemplo, que un derecho como el del aborto, constitucional desde hace casi medio siglo, corra el riesgo de quedar anulado: en 2013 Coney Barrett estampó su firma en un anuncio que calificó de "infame" la decisión del Supremo de 1973 que lo reconoció como un derecho constitucional. 

A pesar de que la mitad de la cámara le ha dado la espalda, en su discurso de aceptación Barrett ha agradecido a los senadores la "confianza". El presidente Donald Trump la ha presentado proclamando que su incorporación a la más alta instancia judicial norteamericana impulsa "la causa por la libertad". Barrett ha asegurado que ejercerá el cargo "independientemente del gobierno" y de sus "preferencias personales".

Cambio de criterio

La aprobación de Amy Coney Barrett supone para los republicanos la guinda a un pastel judicial que han cocinado por su cuenta durante el primer mandato de Trump. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, aprovechó la mayoría conservadora en la cámara alta durante los dos últimos años de presidencia de Barack Obama para cerrar las compuertas a sus nominados. En 2016, y durante once meses, le negó incluso la toma en consideración de Merrick Garland para ocupar en el Supremo el puesto del fallecido juez Antonin Scalia. La excusa de McConnell, ignorada convenientemente en este 2020, es que era año de elecciones. Las compuertas se abrieron para Trump. La silla de Scalia la ocupó Neil Gorsuch, el primero de sus tres nominados. 

El liderazgo de McConnell ha permitido que los republicanos hayan conseguido algo inédito en más de cuatro décadas: acabar la legislatura sin dejar una sola vacante en el circuito federal de apelaciones. Alrededor del 30% de quienes forman parte de este nivel judicial inmediatamente inferior al Supremo han sido elegidos por Trump. Por lo tanto, incluso en caso de victoria en la Casa Blanca y el Senado, los demócratas no dispondrán de las mismas opciones que los republicanos en estos cuatro años. Los más progresistas sugieren una ampliación del número de sillas en el Supremo para compensar el desequilibrio ideológico. A Joe Biden no le entusiasma la idea y se ha limitado a decir que, si es elegido, una comisión bipartidista estudiará posibles cambios en el sistema judicial. Ambigüedad para no alienar votantes moderados. 

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