Soldados australianos asesinaron a al menos 39 civiles desarmados en Afganistán

Una investigación interna del ejército revela los crímenes de guerra cometidos por fuerzas de élite

"A la gente de Afganistán, en nombre de la Fuerza de Defensa de Australia, les pido disculpas sinceramente y sin reservas por cualquier delito cometido por las fuerzas australianas. He hablado con mi homólogo afgano, el general [Yasin] Zia, para trasladarle este mensaje", ha proclamado este jueves en una impactante e histórica rueda de prensa el jefe del ejército australiano, Angus Campbell.

El general ha comparecido para hacer públicos los resultados de una investigación interna que ha puesto a cuerpo descubierto el asesinato de al menos 39 civiles afganos y el tratamiento cruel de dos más por parte de 25 soldados de las fuerzas especiales del ejército. Unos hechos constitutivos de crímenes de guerra y que el propio Campbell admitió que no eran aislados, sino producto de una "cultura egocéntrica de guerreros" y de "competitividad" promovida por los mandos de esta unidad especial.

Ejecuciones de civiles desarmados, colocación de armas y radios junto a los cadáveres para hacerles pasar por combatientes e incluso una macabra "iniciación ritual" de los soldados nuevos, a los cuales se forzaba a matar a un prisionero indefenso para apuntarse "su primera muerte". Son algunas de las revelaciones del informe, que  asegura que "ninguno de los asesinatos descritos se hizo en plena batalla", como ha admitido el general Campbell.

" Cuando oí los rumores por primera vez a finales de 2015 [de algunas actuaciones inapropiadas del ejército en Afganistán] tuve la sensación de que había algo detrás, pero nunca me habría esperado algunos de los pasajes que he leído estas últimas semanas", ha admitido el jefe del ejército.

El informe que se ha hecho público este jueves, elaborado por el inspector general del ejército Paul Brereton después de una investigación de cuatro años, llevó ya la semana pasada al primer ministro de Australia, Scott Morrison, a anunciar que ponía en marcha una oficina especial de investigación para llevar a la justicia a los sospechosos de haber cometido estos delitos. Unos crímenes que el propio Brereton define en su informe como "una traición profunda y vergonzosa de los estándares profesionales y las expectativas de la Fuerza de Defensa de Australia".

La investigación de Brereton se puso en marcha después de la filtración de documentos clasificados facilitados por un abogado del ejército, David McBride, que sirvió en Afganistán y que al volver denunció las actuaciones ilegales de los soldados australianos en el país. McBride está todavía pendiente de juicio imputado por delitos de revelación de secretos. Pero su filtración dio lugar a investigaciones periodísticas que permitieron sacar a la luz grabaciones de algunos de los hechos, como la ejecución sumaria de un afgano desarmado que quedó grabada por la cámara del casco de uno de los soldados de las fuerzas es peciales.

Los crímenes de guerra que se han podido probar, con un total de 23 incidentes investigados que acabaron con "39 personas asesinadas ilegalmente" y dos más maltratadas cruelmente, involucran a hasta 25 soldados del Grupo de Trabajo de Operaciones Especiales, con preeminencia de los soldados de los Servicios Aéreos Especiales (SAS, en las siglas en inglés). De todos ellos, el informe recomienda investigar especialmente la muerte de 36 civiles a manos de 19 soldados de las fuerzas especiales. 

Entre 2005 y 2015, hasta 25.000 soldados australianos estuvieron desplegados en Afganistán, de los cuales unos 3.000 eran del Grupo de Trabajo de Operaciones Especiales, la unidad a la que pertenece el SAS. El primer efecto de las revelaciones publicadas este jueves ha sido la revocación, anunciada por Campbell, de la distinción militar al mérito que se había dado a estas fuerzas especiales por su tarea en Afganistán.

"Nos tenemos que asegurar de que la investigación criminal que ha puesto en marcha el gobierno australiano sea realmente independiente y tenga suficientes recursos para poder ofrecer justicia real a las víctimas afganas de estas atrocidades", apunta por teléfono desde Australia la investigadora de Humans Rights Watch (HRW) Sophie McNeill. Recuerda el "fracaso" de experiencias similares de otros países, como la operación Northmoor del Reino Unido para investigar posibles crímenes de guerra también en Afganistán y que "se cerró sin llevar a juicio a ningún soldado". "Hubo interferencia política, eso no fue una investigación independiente, y no podemos permitir que pase lo mismo en Australia. Tenemos que hacerlo rápido, porque el tiempo se agota para poder ofrecer justicia a las víctimas afganas", dice McNeill.

De hecho, se desconoce todavía quién formará parte de esta oficina de investigaciones especiales y qué poderes tendrá para pedir información o llamar a testigos, un aspecto importante teniendo en cuenta "la opacidad y secretismo" que caracteriza al ejército australiano, dice McNeill. Una investigación nacional que permitirá evitar la intervención del Tribunal Penal Internacional, pero que las organizaciones de derechos humanos como HRW seguirán muy de cerca para asegurar que "sirva realmente para compensar a las víctimas, hacer justicia a los afganos y asegurar que la cultura de impunidad y encubrimiento del ejército se acaba por siempre jamás".

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