"España debe aprender de la lucha contra la impunidad de la dictadura argentina"

Hacía días que un Ford de color verde oliva como los que usaban los servicios secretos estaba aparcado frente a la puerta de su casa, en un barrio obrero de San Martín, al norte de la provincia de Buenos Aires. El 4 de febrero de 1982 Ana María Martínez, una joven trabajadora fabril argentina que militaba en la izquierda revolucionaria, salió por la noche para ir a comprar: un hombre la agarró y la hizo entrar en el vehículo. Unos días más tarde encontraban su cuerpo medio enterrado junto a un arroyo, con un tiro en la nuca y otro en la barriga. Estaba embarazada de 3 meses. Han pasado 36 años, pero sus familiares y sus compañeros no lo han olvidado y no han parado hasta conseguir que los que ordenaron el asesinato -altos responsables de la inteligencia militar- fueran condenados a cadena perpetua. Su ex marido, Guillermo Schelling, exiliado en Cataluña, ha sido una pieza clave en el proceso de lo que se considera el último crimen de la dictadura argentina.

"Hace diez años nos enteramos de que la justicia argentina estaba a punto de archivar el caso y, como yo era un familiar directo, pude presentar una querella para evitarlo", explica Schelling, que llegó a Madrid en 1977 , después de que la policía se presentara en casa de su abuela, donde se había escondido cuando los compañeros de su célula en Mar del Plata cayeron. "El mensaje es que los años no lo pueden tapar todo. España debe aprender de la lucha contra la impunidad de la dictadura argentina. Cada 24 de marzo, en el aniversario del golpe de estado, aunque salen a la calle miles de personas y el movimiento por los derechos humanos, 43 años después, sigue muy vivo. No es sólo el caso de Ana María: son los 100 compañeros del Partido Socialista de los Trabajadores [PST, que en la época tenía tres mil militantes] y todos los 30.000 desaparecidos bajo la dictadura argentina ".

La sentencia ha sido contundente: cadena perpetua para dos generales argentinos, Jorge Norberto Apa y Raúl Pascual Muñoz, por el secuestro y el asesinato de Ana María Martínez, que tenía 32 años. Los acusados, ahora octogenarios, están en arresto domiciliario y apelarán, pero ya han perdido todos sus privilegios. El tercer responsable del crimen ya está muerto. En el juicio se presentaron hasta veinte testigos (vecinos, familiares y compañeros de la joven asesinada) y las pruebas recogidas por la comisión de amigos y familiares. Schelling fue a Buenos Aires para seguir el proceso y también prestó su testimonio.

"Fue complicado revivir todo aquello. Apa dijo que él había sido nombrado general por Raúl Alfonsín ya en democracia. E insistió, como habían hecho en la época, que era un tema privado, no político. Todo ello para que no se considerara un crimen de lesa humanidad, que no prescriben", apunta Schelling, que acaba de jubilarse.

Infiltrados por la policia

La prueba determinante fue un documento del archivo de la policía de Buenos Aires, que hace unos años fue entregado a la Comisión Provincial por la Memoria, encabezada por el premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel. Es el informe de un agente infiltrado de la dirección de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires que se hacía llamar Juan Pedro Peters. Se hizo pasar por un empleado de banca despedido para seguir a Ana María (alias Rosalía) y a sus compañeros, que intervenían en una huelga contra una ola de despidos en el sector. El informe demostraba que un año antes del asesinato la policía había infiltrado a dos agentes dentro del PST. Uno fue descubierto, y el otro asistió a decenas de reuniones del grupo y desapareció poco antes de que la mataran.

Para Pablo Llonto, el abogado especializado en derechos humanos que ha llevado el caso, lo más difícil fue superar la idea de que en los últimos años de la dictadura ya no había crímenes políticos. "Aquí algunos sectores del mundo judicial y también del periodístico creen que lo peor fueron los tres primeros años de la dictadura, entre 1976 y 1978, y que el resto se debe mirar con otros ojos. Pero hubo violaciones de los derechos humanos antes del golpe y también después de la recuperación de la democracia ".

No habría llegado tan lejos sin el esfuerzo de Carmen Mitrovich, la cuñada de Ana María, que organizó la comisión, localizó a los testigos y llevó el caso ante los organismos de derechos humanos y la fiscalía. "Hemos hecho un trabajo de hormiguita. Al principio no teníamos nada de nada, no sabíamos ni quienes eran los compañeros de Ana María, porque sólo habíamos oído los alias. Hace seis años comenzamos a ir a todos los actos para preguntar si alguien los conocía, buscamos por todas partes... y poco a poco fuimos reconstruyendo la historia ", recuerda. "Fuimos a los tribunales: dentro y a manifestarnos en la puerta para que escucharan nuestro clamor de justicia. La fiscalía nacional y la provincial nos ayudaron mucho, y también la comisión de la memoria, con todos los documentos que demostraban la infiltración". Para esta ama de casa, que se dedica en cuerpo y alma a recuperar la memoria de su cuñada, la sentencia sólo es la primera parte: ahora se disponen a descubrir a los autores materiales. "Será más difícil, pero no hay nada imposible: fuimos hace unos días al cementerio donde se suponía que estaba enterrado uno de los de la banda que la mató, pero resultó que no estaba". No es la primera vez que dudan de si agentes de la dictadura estan realmente muertos.

Heridas abiertas

Mitrovich dice que no olvida ni perdona, y niega que hacer justicia reabra las heridas, sencillamente porque no se han cerrado nunca. "A mí me quitaron a la cuñada y al hijo que llevaba en el vientre, que habría sido mi primer sobrino o sobrina, el primer nieto o nieta de mis padres. No lo he olvidado. Lo que no podemos permitir es que nos borren la memoria". Para ella fue doloroso tener al asesino de su cuñada a pocos metros durante el juicio: "Incluso dijo que era vulneración de los derechos humanos juzgarlos a su edad: si hubiera podido le habría respondido que no se acordaron de los derechos humanos cuando ordenaron matar a tanta gente". Pero también hubo cosas buenas, como los estudiantes de secundaria que asistieron como público al juicio. "Un chico me dijo que ahora quiere estudiar derecho para defender causas como la nuestra".