El presidente censurado en nombre de la democracia

Cerramos una semana convulsa en cuanto a libertad de expresión. El lunes la justicia del Reino Unido denegaba la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, aunque los argumentos están relacionados con el potencial riesgo de suicidio. El miércoles le negaban la libertad condicional, horas antes del asalto al Capitolio supuestamente instigado por Trump a través de las redes sociales. La reacción de las plataformas contra el todavía presidente fue inmediata e implacable: vídeos censurados en Facebook, Instagram y YouTube, tuits eliminados y cuenta suspendida (inicialmente por 12 horas, ahora indefinidamente). Si lo buscáis hoy en Twitter, no encontraréis ni rastro de lo que ha vociferado durante todo su mandato. Intentad seguirlo y os aparecerá un mensaje advirtiendo de que este usuario no existe.

La censura de las plataformas digitales llega al presidente más tuitero que hemos conocido. Hace tan solo tres meses ni hubiéramos imaginado que esto era posible, porque las redes sociales se han escudado históricamente en su rol de canal y no de intermediarias de la información que circula a través de ella. Este era el argumento principal hasta 2018, el año en el que estalla el debate social sobre el efecto de las noticias falsas en la elección de Trump, el resultado del referéndum del Brexit o la victoria de Bolsonaro. Es entonces cuando se desvanece la libertad ilusoria, cuando entendemos que si los algoritmos que distribuyen el contenido están a la caza del clic, lo que se alimenta es la polarización.

Con el estallido de la pandemia y la infodemia, las redes toman partido públicamente y se alinean para combatir la conspiranoia. Dan un giro de guion y pasan de eludir responsabilidades a ser juez y parte. Poco antes de las elecciones eliminaron tuits que difamaban al hijo de Joe Biden. Varias fuentes y un grupo de verificadores confirmaron que era información falsa, pero el borrado preventivo ya se había ejecutado. Y las secuelas digitales del episodio del miércoles son un aviso para navegantes, no solo para Trump, QAnon y otras manifestaciones extremistas. Que expulsen a un presidente en nombre de la democracia es la forma más contundente de mostrar quién tiene la última palabra. La razón explícita y presente en todos los comunicados oficiales de las redes implicadas es la retirada de los contenidos porque violan sus políticas. Lo más preocupante es que desconocemos cuáles son los criterios para el comisariado digital que se esconden en unas guías corporativas y arbitrarias. Hemos aceptado el chantaje de la conveniencia y ojalá este espectáculo comunicativo nos ayude a entender que quien dibuja el mostrador pone las normas. Con esta demostración podemos ver -hoy- dónde ponen el límite entre seguridad nacional y libertad de expresión, pero nadie nos garantiza que mañana no vayan en sentido contrario.

¿Un bien público?

No olvidemos que tras las redes hay empresas privadas y mucha presión de inversores que están más alineados con los beneficios que con la defensa de los derechos humanos. Las políticas de contenidos velan por esquivar mensajes con violencia explícita, drogas, armas, pedofilia, terrorismo y otros elementos de la moral estadounidense. El objetivo no es la justicia, es la confianza de los anunciantes. Trasladémoslo a otros ejemplos: ¿aceptaríamos que el código de circulación internacional lo escribieran de forma tácita cuatro marcas de coches? ¿Dejaríamos que dictaran los estándares de salud respiratoria las empresas de tabaco? En cambio, dejamos que las redes sociales escriban y apliquen un código ético particular e interesado, de efectos globales y silenciosos.

El dilema entre derecho de admisión, libertad de expresión y memoria histórica no se resolverá con regulaciones antimonopolio. Preguntémonos si las redes sociales deberían estar sujetas al escrutinio ciudadano. Planteémonos también si para garantizar la vocación de servicio deberían ser un bien público.

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