La estrategia de los países ricos deja sin vacuna a los pobres

LondresLa pandemia será global pero la solución no parece que vaya a serlo, cuanto menos, de momento. Y la máxima responsabilidad recae en los países ricos (el 14% de la población mundial), que de momento han comprado el 53% de la previsión de producción del 2020 y del 2021 de las ocho vacunas en un estado de desarrollo más avanzado: la ya aprobada en diferentes países de Pfizer/BioNTech, y las de Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, Sanofi/GSK, la china Sinovac y la rusa Sputnik V, estas dos últimas también ya en proceso de despliegue.

El resultado de la política de acumulación del mundo occidental es que 67 países del sur económico solo podrán acceder a una vacuna por cada diez habitantes, según la denuncia hecha por diferentes organizaciones humanitarias, entre las cuales Oxfam, Amnistía Internacional, Frontline AIDS y Global Justice Now. La inmensa mayoría, pues, se quedará sin. Estas organizaciones hace tiempos que piden un acceso equitativo para todo el mundo.

El acceso, en principio, será a través del programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, en el cual participan como beneficiarios 92 estados. Pero se quedará corto. A lo largo del 2021 solo tendrán 700 millones de dosis para una población de 3.900 millones de personas. Es decir, solo serán inmunizados 350 millones, puesto que todas las vacunas, con la excepción de la de Johnson & Johnson, son de dos inoculaciones. Dicho de otro modo: de los 3.900 millones de personas se vacunará un 9%. El dinero con que cuenta el fondo, además, 1.650 millones de euros, no es suficiente.

Los datos son insultantes cuando, de acuerdo con el estudio hecho por la compañía científica de información y analítica Airfinity, publicado por Oxfam y las otras entidades antes mencionadas, los países más ricos han comprado suficientes dosis para vacunar a sus poblaciones enteras al menos tres veces cuando se llegue a finales del 2021. Canadá encabeza la clasificación de dosis por habitantes, con 8,9, el equivalente a cinco inmunizaciones a cada ciudadano. Los Estados Unidos se encuentran en el segundo lugar del ranking, después de haber conseguido 7,3 dosis por cabeza, bastante para vacunar cada norteamericano casi cuatro veces. El Reino Unido ha encargado 5,7 dosis por ciudadano.

Demanda sobre las patentes

Coincidiendo con el llamamiento a una vacuna de alcance global, India y Sudáfrica han renovado este jueves ante el Consejo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionada con el comercio (ADPIC) –grupo de trabajo de la Organización Mundial del Comercio (OMC)–, la petición que ya presentaron el 2 de octubre ante esta entidad para que se permita a todos los países miembros decidir si hacen valer o no las patentes y otros derechos de propiedad intelectual sobre medicamentos, vacunas, instrumentos de diagnóstico y otras tecnologías relacionadas con el covid-19 durante el tiempo que se alargue la pandemia. Una propuesta que un portavoz de la OMC admite que plantea "diferencias considerables entre los miembros".

La propuesta de India y Sudáfrica cuenta, a estas alturas, con el apoyo de casi un centenar de países, todos del sur económico. "La oposición ha venido en gran parte de los ricos, muchos de los cuales ya han acumulado las dosis de vacuna covid-19 por adelantado y han dejado muy pocas existencias para los países pobres y de bajos ingresos", dice al ARA Heidi Chow, del grupo Global Justice Now.

En este sentido, ni España ni ningún país de la Unión Europea, ni tampoco los Estados Unidos, Canadá, Suiza, Noruega, Israel o Australia, entre otros del club de los privilegiados, apoyan la medida. De acuerdo con la representante de Global Justice, "las grandes farmacéuticas están patentando las vacunas y compitiendo por las ventas. Los gobiernos compiten para obtener dosis. No solo es injusto, sino que alargará la pandemia".

Difícilmente, sin embargo, la propuesta de India y Sudáfrica recibirá la luz verde de la próxima Conferencia Ministerial de la OMC, que tiene que tener lugar el próximo mes de junio en Kazajistán. El argumento habitual es que dejar las patentes libres y no ejercer los derechos sobre la propiedad intelectual desincentiva la innovación, la investigación y la inversión.

Con la única excepción de la anglo-sueca AstraZeneca, prácticamente ninguna de las empresas farmacéuticas implicadas en la carrera por la vacuna ha hecho ni un solo gesto en este sentido. Cuando se analizan las decisiones de las que hay detrás de la primera de las vacunas que se está inoculando ya al mundo occidental, la de Pfizer/BioNTech, las pruebas son concluyentes: BioNTech tiene los derechos de la propiedad intelectual, pero ni la biotecnológica alemana ni la norteamericana Pfizer se han querido comprometer con la Organización Mundial de la Salud para abastecer a la plataforma Covid-19 Technology Access Pool para poner al alcance del mundo la tecnología y el conocimiento utilizado.

La también norteamericana Moderna ha decidido no aplicar los derechos de patentes durante la pandemia y está dispuesta a licenciar la propiedad intelectual una vez se acabe la emergencia sanitaria. Como en el caso de Pfizer/BioNTech, sin embargo, tampoco se ha comprometido con la mencionada plataforma de la OMS para compartir tecnología y conocimiento.

Compromiso ético

Repasando una por una las otras siete vacunas, solo la de Oxford/AstraZeneca ha adquirido un cierto compromiso ético. La propiedad intelectual de la vacuna pertenece en la Universidad de Oxford. AstraZeneca tiene una licencia exclusiva para desarrollarla y fabricarla a escala mundial, incluyendo la transferencia de tecnología para contratar a otros fabricantes. Con todo, los contratos no son transparentes y Pascal Soriot, consejero delegado de la farmacéutica, se ha opuesto a cualquier intercambio público de tecnología.

Que Pfizer/BionTech y Moderna han buscado sobre todo el provecho se pone en evidencia también por los mercados a los que han vendido las vacunas. En el primer caso, el 96% de la producción actual y la del año próximo ha ido a parar en los países ricos; en el segundo, el 100%. Solo AstraZeneca destinará el 64% de sus contratos a los países más pobres y ha garantizado que no buscará el provecho económico en perpetuidad para los países más pobres.

Atendidas las grandes inversiones públicas que han conseguido estos tres proyectos específicos (4.120 millones de euros), la alianza que forman Oxfam, Amnistía Internacional, Frontline AIDS o Global Justice Now se preguntan si no tienen una responsabilidad moral de actuar por el bien del interés público.