¿Qué cabe esperar del juez europeo?

Cada juez a su manera, pero todos juntos, van a decidir qué es el delito de rebelión y qué no lo es

Formalmente son cuatro órganos jurisdiccionales de cuatro países europeos los que se van a tener que pronunciar sobre la eurorden dictada por el Juez Pablo Llarena. Cada uno de ellos lo va a tener que hacer respecto de una sola persona, excepto el juez belga, que tendrá que hacerlo respecto de dos. No hay, en consecuencia, propiamente un “juez europeo” que vaya a tomar una decisión, como doy a entender en el título del artículo.

Y sin embargo, aunque formalmente no hay un juez europeo, materialmente creo que sí lo hay. Cada uno de ellos va a decidir independientemente de los demás. Pero cada uno de ellos sabe que hay un punto de unión entre los asuntos que cada uno de ellos tiene que resolver de manera individualizada. Y cada uno de ellos sabe que se trata de un asunto que ocupa un lugar central en la atención de la opinión pública europea, como la lectura de los medios de comunicación pone de manifiesto. No solamente la europea. Ahí está el editorial del New York Times.

Hay ocasiones en las que la decisión de un órgano jurisdiccional de un país se constituye en referencia para todos los demás. El caso de la opinión del Tribunal Supremo de Canadá sobre Quebec sobresale inmediatamente. A pesar de que no se trató de una sentencia, porque no se produjo en un juicio, sino en el marco de una consulta elevada por el gobierno federal y carecía, en consecuencia, del valor de cosa juzgada, dicha opinión se ha convertido en la doctrina más influyente sobre qué es y qué no es el derecho de autodeterminación, así como también sobre las condiciones en que debería celebrarse un referéndum para decidir la secesión de una parte del territorio de un Estado democráticamente constituido.

En el caso, en los casos, sobre los que han de pronunciarse los jueces alemán, suizo, belga y escocés, formalmente nos encontramos ante casos particulares, pero con un punto de unión: ¿qué debe entenderse por el delito de rebelión en un estado democrático europeo a estas alturas del siglo XXI?

La Fiscalía General del Estado, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han jugado con fuego y se van a quemar

Esta es la cuestión a la que los órganos jurisdiccionales de los cuatro países en los que están retenidos los políticos nacionalistas catalanes contra los que va dirigida la eurorden tienen que dar respuesta. Y todos saben que con su respuesta van a establecer el común denominador europeo respecto del delito de rebelión. Cada uno a su manera, pero todos juntos, van a decidir qué es el delito de rebelión y qué no lo es; qué características tiene que tener la “violencia” para ser constitutiva del tipo penal de la rebelión.

Nadie puede llamarse a engaño. La decisión, o, mejor dicho, las decisiones va a ser formalmente nacionales, pero materialmente van a ser europeas. Más que cuatro decisiones individuales, van a ser cuatro votos concurrentes de una misma decisión. Todos van a buscar el común denominador europeo, aquello que pueda ser justificado de manera objetiva y razonable ante la opinión pública europea.

Y ese común denominador europeo no puede ser en ningún caso el contenido en los autos o en la eurorden del Juez Pablo Llarena. Respecto del delito de rebelión todas las decisiones van a ser desestimatorias de la eurorden. Los jueces de los cuatro países europeos no van a autorizar que los políticos catalanes puedan ser juzgados por rebelión en España, porque es imposible que esa pudiera ser su decisión conjunta. Y ellos saben que no pueden tomar decisiones contradictorias.

La Fiscalía General del Estado, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han jugado con fuego y se van a quemar. Es imposible que se produzca una coincidencia en Europa con los máximos órganos de la administración de justicia española en su definición del delito de rebelión aplicado a los políticos nacionalistas catalanes. Con la detención de Carles Puigdemont se ha dado por hecho desde diversos sectores mediáticos y académicos que se iba a producir la entrega a la justicia española en los términos en que lo había solicitado el juez Pablo Llarena. No va a ser así. Lo único que la justicia española va a conseguir es reducir todavía más su prestigio en Europa.

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