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Llarena previene una derrota jurídica en Bruselas

El magistrado podía haber esperado a la decisión del día 14 y desistir después, pero esta actitud habría sido muy mal interpretada en la UE

El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha renunciado a la orden de entrega y detención (OEDE) en tramitación judicial en Belgica para la extradición de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Luis Puig y Antonio Comín.

La decisión sobre esta posibilidad anticipada ayer por ARA ha sido adoptada por el magistrado formalmente de oficio. Pero fuentes de ARA señalan que la Fiscalía del Tribunal Supremo ya venía barajando la opción de desistimiento.

El problema fundamental que trata de prevenir el magistrado Llarena es un pronunciamiento del juez de instrucción de Bruselas muy desfavorable para las pretensiones penales de la justicia española. Ese pronunciamiento, fijado para el 14 de diciembre  puede dar luz verde a la extradición por un único delito, el de malversación.

Este es el problema fundamental. El magistrado Llarena señala en su auto de desistimiento que los delitos de sedición y rebelión no tienen el mismo sentido que en el código penal español.

En román paladino: los delitos más importantes por los que España solicita la entrega de Puigdemont y los cuatro exconsejeros no encajan en el principio de doble incriminación.

La información que ha venido llegando a Madrid desde la Fiscalía belga, el llamado Parquet, es que el único delito que encajaría sería el de malversación que se presentaría en Bélgica bajo la etiqueta de corrupción.

El magistrado, según anticipamos ayer, podía esperar al fallo del día 14 y decidir el desestimiento a la vista del auto del juez de instrucción de Bruselas.

Pero esta actitud hubiera sido mal interpretado en la Unión Europea. Porque supondría reaccionar ante una decisión de la justicia belga desfavorable.

Llarena ha pretendido, pues, curarse en salud con una decisión preventiva, admitiendo por adelantado la derrota judicial.

Puigdemont y los cuatro ex consejeros quedarán libres de cargos en Bélgica y podrán hacer campaña electoral desde allí, o desde donde quieran, mientras no esté en España, puesto que el juez Llarena poco después también ha dejado sin efecto la orden de detención internacional. La única orden que se mantiene es la detención dentro del territorio español.

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