El juez aplaza al 28 de septiembre la declaración de Corinna y ahora deniega la videoconferencia

El juez Manuel García-Castellón ha dado marcha en las dos diligencias previamente acordadas respecto a Corinna zu Sayn-Wittgenstein: aplaza su declaración prevista para el 8 de septiembre -posibilidad que hemos anticipado- hasta el 28 del mismo mes y se echa atrás respecto a realizarla por videoconferencia, decisión que él mismo había ordenado.

José Antonio Choclán, abogado de Corinna, que ha cuestionado la competencia de García-Castellón, recurrirá también la nueva citación.

La defensa de Corinna -aparte de cuestionar su competencia, recurso pendiente que no suspende las diligencias- ofreció al juez la colaboración de su cliente y solicitó tanto el aplazamiento de la declaración del 8 de septiembre así como su realización por videoconferencia desde el despacho de abogados londinense Kobre&Kim.

El juez dispuso por providencia del 30 de julio que la declaración se realizara el mismo día, el 8 de septiembre, pero accedió a que se materializara por videoconferencia “entendiendo que la opción por el medio técnico de la videoconferencia podía generar un resultado razonablemente equiparable al de la presencia física en el juzgado de la investigada”.

Pero, según señala el juez, “las dificultades en la tramitación de la cooperación [judicial con el Reino Unido] sumada a la exigencia de acceso por la defensa de las actuaciones impiden, en este momento, mantener como fecha de la declaración el 8 de septiembre de 2020”.

Pero si bien el juez accede a la solicitud de suspensión de la declaración ahora “no identifica en los argumentos esgrimidos [por la representación de Corinna] motivos sustanciales que desde la utilidad para la causa, justifiquen que la declaración se realice desde el despacho de los abogados de Londres”.

El juez señala que no puede asegurar que en efecto la declaración de Corinna se vaya a celebrar desde el citado despacho de abogados y expresa su duda sobre cómo se puede dar “fe alguna de la efectiva identidad de aquella [es decir de Corinna]”.

Se desliza así la posibilidad de que Corinna sea sustituida por otra persona que asumiría su identidad. Es verdad que todo lo que rodea esta historia es rocambolesco, pero esta vuelta de tuerca que insinúa el juez no resulta fácil de entender.

Pero el juez considera otra posibilidad. Que Corinna en virtud del riesgo del coronavirus alegue problemas de salud que le impidan desplazarse a Madrid y, en tal caso, “se valoraría la declaración por medio de videoconferencia”, pero, en todo caso, no en el despacho de abogados sino por ejemplo “en la embajada de España en el Reino Unido y en presencia del magistrado instructor”.

La redacción es confusa al punto de que parece que el juez viajaría a Londres para interrogar por a Corinna por videoconferencia en la embajada de España. ¿Ambos en la embajada de España y por videoconferencia?

Aunque el juez nada dice de las declaraciones de los imputados José Villarejo y Rafael Redondo, citados para el 7 de septiembre, y Juan Villalonga, el expresidente de Telefónica que hizo de intermediario entre Corinna y Villarejo en reuniones en Londres (de junio de 2015 y octubre de 2016), fuentes judiciales señalan a ARA que también han quedado aplazadas para finales de septiembre.

El objeto de la investigación es saber si Corinna encargó a Villarejo el trabajo de espiar a su empleada doméstica, Noelia Muñoz.

La defensa de Corinna ya ha acreditado que en 2015 Villarejo ya estaba jubilado y, por tanto, no existía delito en un eventual encargo, el que, por otra parte, según Corinna nunca existió.

El abogado Choclán recurrirá la nueva resolución del juez porque, según ha explicado, su cliente ofreció colaborar con la justicia y se acordó la realización de una videoconferencia que ahora ha quedado sin efecto, señala, sin fundamento alguno.

Corinna ya prestó declaración en Londres, en diciembre de 2019, ante el fiscal Luis Pastor, a cargo de la investigación de presuntas comisiones en la adjudicación del proyecto de construcción del AVE Medina-La Meca.

Y volverá a prestar declaración el próximo 18 de septiembre en la Audiencia Provincial de Madrid, por videoconferencia, en calidad de testigo, a propuesta de Villarejo, que se sienta en el banquillo por presunto delito de calumnias e injurias cometido contra el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán. Tanto Villarejo como Corinna han acusado públicamente a Sanz Roldán de haber amenazado la integridad física de la examante de Juan Carlos I y de su familia.

Los delitos de calumnias e injurias, por el que la Fiscalía de Madrid pide 2 años de cárcel para Villarejo, podría ser desactivado por Corinna si su testimonio confirma los hechos, produciéndose la exceptio veritatis.

El artículo 207 del Código Penal señala: “El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado”