Llarena y el 'desminado' de la campaña del 21-D

Llarena da un viraje inicial en la instrucción del conjunto de la causa de rebelión

 

ERNESTO EKAIZER
ERNESTO EKAIZER

El magistrado Pablo Llarena ha iniciado la operación desminado o desactivación del campo de minas en que parecía convertirse la precampaña y campaña de las elecciones del 21-D, con la irrupción de un bulldozer llamado José Manuel Maza tras la declaración de la independencia, la aplicación del artículo 155 y el cese del Govern de la Generalitat.

Al frenar las expectativas de la Fiscalía de enviar a  Carme Forcadell y otros tres miembros de la Mesa de la Diputación Permanente del Parlament a prisión incondicional y al adoptar la decisión de reducirlas a medidas eludibles con fianza, Llarena da un viraje inicial en la instrucción del conjunto de la causa de rebelión.

Porque, en paralelo, el magistrado ha solicitado el pasado miércoles, día 8, por teléfon y providencia, a su entrañable amiga, María Eugenia Alegret, magistrada instructora en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC),  que le remita las actuaciones en la querella contra Forcadell y la Mesa por prevaricación y desobediencia.

Este es un primer paso para que el Tribunal Suprema asuma la instrucción de todas las causas relacionadas con el referéndum del 1-O. El segundo será, dentro de pocos días, idéntica solicitud a la Audiencia Nacional para que le envié todas  las actuaciones de la magistrada Carmen Lamela. Quizá cuando la sala de lo Penal resuelva las apelaciones a los autos de prisión de ocho ex consejeros encarcelados por Lamela, quien el miércoles confirmó la prisión.

La Fiscalía, tras interrogar a Forcadell, Luis Corominas, Luis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Nuet solicitó en la vistilla conjunta prisión incondicional para Forcadell, Corominas, Guinó y Simó, y prisión eludible con fianza para Barrufet.

Los cuatro fiscales de Sala del Supremo -Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno, que integran lo que podría llamarse el generalato de la carrera fiscal- se dividieron en dos turnos de tres declaraciones cada binomio.

La estrategia diseñada era probar si se podía lograr el reconocimiento de que el respeto a la Constitución Española era el único marco para impulsar los ideales independentistas y que no cabían declaraciones unilaterales por la vía de los hechos.

El eslabón más importante era, sin duda, Carme Forcadell. Por haber sido la presidenta de ANC hasta mayo de 2015 y por haberse convertido, según palabras recogidas por ARA, en la “heroína” del independentismo.

Forcadell, que decidió responder a todas las preguntas de los fiscales y del magistrado instructor – a diferencia de su conducta en el TSJC donde solo contestó a su letrado Andreu Van den Eynde- dijo que acataba el artículo 155 y que la declaración del Parlament había sido una “declaración política”. Si bien admitió que había tramitado leyes sobre las que que el Tribunal Constitucional le había requerido para no hacerlo, defendió el derecho del Parlament a debatir.

Negó Forcadell que tuviera capacidad para malversar o que hubiera convocado manifestaciones violentas, al ser preguntada por los hechos del 20/21 de septiembre ante la Consejería de Economía, en Rambla de Cataluña. Forcadell trató, por esta vía, de desactivar el delito de rebelión, que exige violencia.

Pero esta declaración de dos horas y media no podía “derrotar” el principal planteamiento de la querella de la Fiscalía: que el Parlamento ha sido uno de los “frentes” de la rebelión o conspiración para rebelión con el objetivo de alcanzar la independencia.

El plan de la Fiscalía se había venido ejecutando paso a paso.

Veamos. El auto de admisión de la querella de la Fiscalía, señala que la rebelión  “parte de la base de una estrategia concertada dirigida a declarar la independencia, que habría tenido como protagonistas a autoridades gubernamentales, parlamentarias y de movimientos sociales ideológicamente afines, cada uno de los cuales habría contribuido a ese objetivo desde el espacio funcional que le es propio”.

Primero, el Govern está encarcelado o huido. Segundo, los dirigentes de la ANC y Omnium permanecen en prisión. ¿Qué  eslabón faltaba? El Parlament.

Dejar que Forcadell retornase a casa, a ojos de la Fiscalía, tras el encarcelamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y de los ocho ex consejeros del Govern, y con Puigdemont y cuatro ex consejeros en Bélgica, suponía un quiebro en la construcción político-penal.

Llarena ha dejado al margen, de facto, esa construcción al menos para justificar la prisión incondicional. Los miembros de la Mesa, por definición, ya no pueden reiterar los delitos, habida cuenta de que el Parlament está inactivo, a la espera de las elecciones del  21-D. Las fianzas, a su vez, cubren el riesgo de fuga.

Al desestimar la pretensión de la Fiscalía de prisión incondicional, Llarena busca, también, enviar un mensaje a Bélgica, en el sentido de que no todas las peticiones de la Fiscalía son atendidas a rajatabla.

Una vez que solicite a la Audiencia Nacional las actuaciones, Llarena podrá aplicar el criterio utilizado para el “frente parlamentario” de la presunta rebelión al “frente del Govern”, imponiendo libertades bajo fianza para los exconsejeros, terminado así la labor de desminar la campaña del 21-D.

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