El magistrado Enrique López confirma 'en diferido' la relación con el PP que provocó su recusación en Gürtel

Pablo Casado le catapulta a consejero de Justicia en Madrid

El magistrado Enrique López, cuyo nombramiento en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional fue anulado a mediados de julio pasado por el Tribunal Supremo, ha sido escogido por el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, para ocupar el cargo de consejero de Justicia del nuevo gobierno de Isabel Sánchez Ayuso. 

López, que se aprestaba a fichar por un bufete de abogados de Madrid, según fuentes consultadas por ARA, confirma ahora en diferido, con su nombramiento, las estrechas relaciones con el PP que provocaron su recusación y separación, en 2015 y 2016, de los tribunales encargados de enjuiciar cuatro piezas del caso Gürtel en 2015 y 2016, entre ellas la de 1999-2005 cuya sentencia condenatoria para el PP como partícipe lucrativo provocó la moción de censura que tumbó al gobierno de Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018.

López fue recusado en esa pieza – el efecto dominó se trasladó más tarde a otras tres piezas- el 30 de octubre de 2015. Catorce de 18 magistrados, incluyendo en la votación final al presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, actual ministro del Interior en funciones, apoyaron la recusación basada en una falta de apariencia de imparcialidad del magistrado por sus relaciones con el PP, que era parte procesal en la causa.

Los catorce jueces consideraron que López había sido nombrado a propuesta del PP vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el año 2001, cargo que ejerció hasta el año 2008. Asimismo, que intervino en dos mesas redondas celebradas en las conferencias políticas del PP sobre el modelo de Estado, en los años 2006 y 2007, conferencias que forman parte de la vida del partido. Y que, poco después, en 2008, fue propuesto por los grupos parlamentarios del PP en diversos parlamentos autonómicos como candidato a magistrado del Tribunal Constitucional. Su candidatura, por ejemplo, fue votada en la Asamblea legislativa de Madrid por dos acusados en el caso Gürtel, los diputados Alberto López Viejo y Carlos Clemente Aguado. Y cuando la Mesa del Senado rechazó la candidatura de López, dicha decisión que fue recurrida por el grupo del PP en 2010.

Los magistrados de la Sala de lo Penal, al estimar la recusación, también valoraron otros dos aspectos: López fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional por el Gobierno de la Nación en junio de 2013, cuyo presidente era Mariano Rajoy, candidato presentado por el PP en las elecciones del 20 de noviembre de 2011. El apoyo de la candidatura de López recibió el respaldo de la ministra de Sanidad, Ana Mato, en calidad de integrante del gobierno. Mato era acusada de ser partícipe a título lucrativo en Gürtel.

Y, finalmente, consideraron el hecho de que López hubiera participado en 68 seminarios de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) desde junio de 2003 hasta febrero del 2015: intervino en dos actividades en el 2003, en nueve en el 2004, en doce en el 2005, en cinco en el 2006, doce en el 2007, siete en el 2008, seis en el 2009, cinco en el 2010, seis en el 2012, una en el 2013 y otra en el 2014 y en dos en el presente año 2015. Fue ponente en cuatro de las actividades y coordinador en una, interviniendo como asistente en el resto de seminarios. Percibió remuneraciones por asistir, coordinar y presentar ponencias por una cuantía total de 13.102,37 euros.

Precisamente, FAES mantenía una vinculación al PP desde su creación, se define como “gran laboratorio de ideas y programas que enriquecen el pensamiento y la acción política del centro reformista”, y cuyo presidente es el expresidente del Gobierno José María Aznar; al tiempo la ministra Mato formaba parte del patronato de la Fundación. 

López pudo evitar la recusación pero se resistió a abstenerse ante estas evidencias que ilustraban la falta de apariencia de imparcialidad como miembro del tribunal. En sus alegaciones, Lópezseñaló que no concurría ninguna causa legal para apartarse del tribunal y recordó que la abstención injustificada está calificada como una infracción grave en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Y, advertía, asimismo, que «jamás» había ostentado cargo alguno bajo la disciplina del PP, recordando y que tampoco había sido nombrado ministro, secretario de Estado, subsecretario o director general, ni ha ocupado un escaño como diputado o senador. «Ni en lo más recóndito de mi voluntad existe algún tipo de interés que no sea la recta aplicación de la norma», concluía.

El que la sigue…la consigue. López ha conseguido ese nombramiento que en 2015 echaba en falta en sus alegaciones. Será consejero de Justicia, un puesto en el que dos de sus antecesores están imputados: Alfredo Prada (2003-2008) y Francisco Granados (2008-2011.

El magistrado se hace cargo de la consejería de Justicia en un momento especialmente delicado, cuando el juez Manuel García-Castellón se apresta a resolver a finales de agosto y primeros de septiembre a más de treinta imputados en operaciones de financiación presuntamente irregular  del PP de Madrid, entre los cuales se cuentan Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Juan José Güemes, Manuel Lamela y el que fuera gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez Moliner.

El juez resolverá a final de agosto sobre la imputación de Aguirre, Cifuentes y Monzón

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