El mirlo blanco

Puigdemont y la formación del nuevo gobierno de la Generalitat en medio de la acción penal del Tribunal Supremo

Ernesto Ekaizer
5 min
El president Puigdemont, entre Elsa Artadi i Artur Mas, a l'acte de Junts per Catalunya a Brussel·les el passat 6 de desembre

El mirlo es un ave de plumaje negro y brilla por su pico amarillo anaranjado. La hembra posee las plumas de color pardo y su pecho tiene trazas de color rojizo. Y hay un mirlo blanco. Te topas extraordinariamente con él o ella. De ahí que en el lenguaje popular se hable del mirlo blanco también como el candidato o candidata, por ejemplo, de un líder político en un proceso de sucesión o el de un empresario para dirigir su compañía.

La mayoría absoluta liderada por el movimiento de Carles Puigdemont el 21-D ¿conducirá a la formación del nuevo gobierno de la Generalitat de Cataluña? Parece una pregunta de Perogrullo, pero a veces la respuesta a este tipo de interrogantes ayudan a entender una situación.

Si Puigdemont retorna a Cataluña será detenido automáticamente en ejecución del auto de prisión que sigue vigente en España. Ni siquiera pasará primero por el Tribunal Supremo; antes será encarcelado, por ejemplo, en Estremera, y una vez allí será llevado a comparecer ante el magistrado Pablo Llarena, quien le comunicará la querella criminal por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, entre otros delitos.

La Fiscalía pedirá al magistrado en la conocida vistilla del 505 de la ley de Enjuiciamiento Criminal la confirmación de la medida cautelar y su defensa solicitará su libertad. Ya podemos suponer lo que hará Llarena: mantener su prisión provisional devolviéndole a Estremera.

Esta manera cruda y realista de plantear la cuestión sirve para concluir que Puigdemont no vendrá a España. Pero a pesar de ello, como ha dicho por activa y pasiva, quiere terminar con la vigencia del artículo 155 o la intervención de la autonomía catalana. Pues para que eso ocurra es él quien tiene, sobre todo después de su liderazgo en la victoria del 21-D, la llave del Palau de la Generalitat.

Si a pesar de la aplicación del 155 has ido a las elecciones convocadas por Rajoy, ¿vas a desperdiciar la posibilidad de volver a gobernar? La respuesta es no.

Puigdemont, con sus socios de ERC y la CUP, tendrán que encontrar la fórmula…y el mirlo blanco: la persona para asumir la presidencia de la Generalitat en la nueva etapa, una condición para acabar con la aplicación del artículo 155.

La fórmula puede ser un gobierno "provisional" en Cataluña que coexista con Puigdemont y su grupo en Bruselas mientras dura una fórmula de “transición”. Hasta se puede instalar una pantalla de plasma en el Palau para que Puigdemont participe en algunas reuniones del Govern por videoconferencia. Todo sería explicado como parte de un plan estratégico de "restauración" a medio plazo del Presidente que permitió alumbrar la República Catalana el 27 de octubre.

Puigdemont se sacrificaría temporalmente, pues, una "abdicación" transitoria, para acabar con el 155 y para que un elenco de gobierno comience a gestionar el día a día de las instituciones catalanas.

Si bien se mira, deteniéndonos estrictamente en el terreno de la pura gestión, no sería muy diferente a cómo funcionaban Oriol Junqueras y Puigdemont durante los dos años de gobierno desde 2015. Porque era el vicepresidente quien había asumido la organización del gobierno en su punto más relevante –la economía- y la del referéndum.

Esto nos lleva al mirlo blanco. O si prefiere, ya que hablamos de “restauración”, esto nos conduce al valido, es decir, al hombre o, en estos tiempos, mujer que goza de la amistad y confianza de un rey a quien se le faculta para ejercer el político, como ocurrió, por ejemplo, con el conde-duque de Olivares, el valido de Felipe IV”

Puigdemont podría emular a Junqueras en este punto y, por ejemplo, delegar la presidencia de la Generalitat en Elsa Artadi, artífice de la metamorfosis del PDdeCAT en el movimiento del President Puigdemont.

Pero es lo cierto que hay cinco votos en la investidura que no se pueden perder: los de Puigdemont y los cuatro ex miembros del Gobierno que permanecen en Bruselas. Si no regresan por las mismas razones que Puigdemont, tendrán que renunciar a su acta para que corra la lista y ser reemplazados.

Puigdemont no solo sale reforzado por haber liderado la victoria de la mayoría absoluta en el campo independentista sino que con el nuevo auto del magistrado Llarena, difundido ayer, por el que se imputa el delito de rebelión a Artur Mas y a Marta Pascal, la situación del PDdeCAT, la figura del expresidente como referente se hace casi absoluta.

El magistrado Llarena tenía escrito el auto antes de las elecciones. Ha mantenido contactos personales con la Guardia Civil desde hace varias semanas y ha recibido uno de los informes que solicitaba, de “individualización” de las responsabilidades en la organización del referéndum del 1-O, el pasado 15 de diciembre.

Dar traslado a las partes y difundir el auto antes del 21-D hubiera echado más gasolina en los últimos días de la campaña electoral; esperar hasta la semana próxima presentaba otro problema: el lunes 25 era poco oportuno o perverso para difundir las nuevas imputaciones como regalo de Navidad, lo que obligaba a esperar unos días más, pero ello suponía meterse en las negociaciones entre los partidos soberanistas para formar gobierno. Llarena decidió que, como ya se conocía su orientación a imputar a un número mayor de dirigentes, lo mejor sería el día después del 21-D. Aunque pudiera ser usado para presentar la resolución como una respuesta a la nueva mayoría absoluta soberanista”.

El auto debe de haber sido víctima de un error administrativo porque en el encabezado la fecha que pone es la del 4 de diciembre de 2017 y ya más abajo la del 22 de diciembre, es decir ayer. El 4 de diciembre Llarena dictó el auto de prisión incondicional de Junqueras; Joaquín Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

El auto delimita de manera genérica, sin un relato pormenorizado de hechos, las nuevas imputaciones que elevan la suma total a 28.

Y Llarena considera, según dice en el auto, que “se han practicado las diligencias de investigación que este Instructor ha considerado pertinentes y que han podido ser culminadas por el grupo de policía judicial actuante”.

En realidad, las diligencias ya estaban hechas en el juzgado de instrucción 13 y la Guardia Civil, a petición de Llarena, ha “rellenado”, por así decir, los siguientes nombres: Marta Rovira i Vergés (Portavoz a la fecha de los hechos del Grupo parlamentario Junts per Sí y Secretaria General del partido político Esquerra Republicana de Cataluña); Mireia Boyá Busquet (Presidenta del Grupo parlamentario de la Candidatura de Unidad Popular); Anna Gabriel Sabaté (Portavoz del Grupo parlamentario de la Candidatura de Unidad Popular); Artur Más Gavarró (Presidente de PDeCAT); Marta Pascal Capdevilla (Coordinadora General de PDeCAT) y Neus Lloveras i Massana (Presidente de la AMI).

El magistrado ha dejado en claro con su auto que es él quien -está dedicado en exclusiva a la causa de rebelión- dirige la investigación. Porque, curiosamente, el mismo día que ha anunciado lo que ya estaba escrito días antes, la Fiscalía ha solicitado sus primeras diligencias en el Supremo.

Y no son solamente diligencias "complementarias”. Porque solicita incorporar a la causa que lleva Llarena al mayor José Luis Trapero, exjefe de los Mossos, y a Josep María Jové, ex número dos de Junqueras. A Trapero le imputa dos conductas que lo incluyen en la rebelión: la actitud de los Mossos en la manifestación del 20 de septiembre en la puerta de la consejería de Economía y la orden dada a su cuerpo sobre la manera de impedir el referéndum del 1-O.

El hecho es que Trapero ya está investigado. ¿Se puede tener en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo por los mismos hechos, el 20/9 y le 1-O? Fuentes judiciales señalan que Llarena difícilmente admita esta propuesta. Precisamente, podía haber decidido incluir a Trapero y a Jové – a este último le nombra en su auto en referencia a la agenda Moleskine hallada en su domicilio- pero no le imputa.

Llarena cree que puede terminar la instrucción en seis meses, lo que permitiría, señalan fuentes cercanas al magistrado, celebrar el juicio a finales de 2018 o en el primer trimestre de 2019. Una de las razones de esta creencia sería que la mayor parte de las diligencias –la Guardía Civil trabaja sin descanso- ya están realizadas.

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