La misión imposible de acabar toda la prueba antes de Semana Santa

MadridA primeros de febrero pasado, el tribunal de enjuiciamiento tenía previsto acabar toda la prueba (testifical, documental y pericial) hacia el comienzo de la Semana Santa para oir las conclusiones definitivas en la última semana de abril y permitir así que el presidente, Manuel Marchena pronuncie solemnemente las tres palabras, "visto para sentencia", a finales de abril o primeros días de mayo, en el umbral de la precampaña de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. Este calendario, como el de empezar con las declaraciones de los acusados el 5 de febrero, era claramente voluntarista.

Ayer, precisamente, hizo un mes desde que tuvo lugar la primera sesión, el pasado 12 de febrero. Y ya hay lista de testigos de la acusación hasta el 28 de marzo. Pero, claro, no son todos los testigos. Quedan alrededor de otros cien de la acusación admitidos y que, por tanto, deberían testificar.

Luego quedan varios centenares de testigos de las defensas. Y, después, si se toma la palabra al presidente Marchena, el tribunal ha asumido, en reiteradas oportunidades, el compromiso de reproducir en el plenario la totalidad de la prueba documental: videos, fotografías y otro material ya admitido. Y todavía quedaría la prueba pericial.

El tiempo disponible para todo esto, si se quiere llegar al 12 de abril, son veinte días hábiles completos, lo que exigiría una dedicación exclusiva de los siete magistrados al juicio oral. Por tanto, ya se puede deducir que es una misión imposible a menos que las partes renuncien masivamente a testigos, documentos y pericias. Y eso no va a ocurrir.

Ya la convocatoria sorpresiva de las elecciones generales anticipadas al 28 de abril supone que la campaña, que comenzará el 13 de abril, convivirá con el juicio del Procés. Y tal como hemos visto, es altamente probable que también las elecciones previstas para el 26 de mayo se crucen en el camino.

Es hasta cierto punto una reedición de lo que pasó en Andalucía. La campaña de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre se cruzó en el camino del juicio de los ERE y coexistió con el mismo.

Coexistiendo con las elecciones

España pasa por una larga fase política que bien podríamos denominar "estado judicial". Por tanto, aquella regla no escrita del Tribunal Supremo según la cual dicha institución se abstenía de dictar sentencias o adoptar resoluciones que pudiesen interferir las campañas electorales va siendo cosa del pasado.

La celeridad con la que se ha instruido la causa del Procés –mediante un instructor que ha pretendido escoger las piezas que más encajaban en su puzle acudiendo al juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona- recomendaría introducir, cuando todavía se está a tiempo, sosiego en la práctica de la prueba. Y, por tanto, se trataría de llevar con normalidad las campañas electorales.

La idea de reproducir toda la prueba documental no es una apuesta baladí. El tema de la violencia tipifica el delito de rebelión así como el alzamiento tumultuario lo hace con el de sedición. Aquí las imágenes valen más que las palabras. Hasta ahora las preguntas de la acusación han girado en torno a si se preveían tensiones o hechos violentos, tanto para el 20 de septiembre de 2017 frente a la consejería de Economía como en la votación del 1 de octubre.

Lo que importa no es lo que podía haber ocurrido, sino lo que pasó. No se trata de reconstruir una conjetura -palabra muy utilizada por el magistrado Marchena para objetar preguntas de la Fiscalía o de la Abogacía del Estado- sino enjuiciar los hechos realmente existentes. Y aunque el delito de rebelión o sedición, por las elevadas penas solicitadas, está en el centro del juicio, tampoco el delito de malversación parece ser, a la luz de las primeras testificales, el paseo militar que se podía suponer desde Madrid.