La obligación del presidente del gobierno

Lo que se vive en Cataluña es la rebelión contra el golpe de Estado que dio el PP a través del TC

No sé donde cursó la licenciatura Mariano Rajoy, pero lo hiciera donde lo hiciera, la asignatura de Derecho Constitucional se la enseñaron mal. La primera obligación del Gobierno es “hacer política” y la segunda “ejecutar la ley”. Así lo dice el artículo 97 CE: “El Gobierno dirige la política interior y exterior…” son sus primeras palabras, para añadir a continuación que “ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria…”.

El orden es importante, porque en el Derecho Constitucional el orden de los factores sí altera el producto. La función ejecutiva, de aplicación de la ley, es tributaria de la función de dirección política y no a la inversa. Una función ejecutiva desvinculada de la tarea de dirección política conduce directamente a la catástrofe.

A través de la dirección política el Gobierno tiene que preocuparse de que existan las mejores condiciones para ejecutar la ley. La ejecución de la ley no se produce nunca en abstracto, sino que se hace siempre en unas determinadas circunstancias. Un Gobierno no puede desentenderse nunca de esas circunstancias. De lo contrario, se puede encontrar con que la ley únicamente sea ejecutable con un coste brutal para los ciudadanos a los que se le aplica y con una presión insoportable para los jueces que tengan que participar en el proceso de aplicación de dicha ley así como para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han de cumplir las órdenes de los jueces.

La abdicación de hacer política por parte del Gobierno y limitar su obligación constitucional a la aplicación de la ley no puede no tener resultados funestos

Esto es así siempre, pero más todavía cuando el terreno que se transita es el de la integración de un ente subcentral (llámese Estado, Land, Provincia, Región o Comunidad Autónoma) en el ente central (llámese Federación, Bund o Estado). Este es el territorio más difícil de transitar que hay en el mundo del derecho. Es el único problema constitucional por el que la gente se mata. La evidencia empírica disponible es incontestable.

En consecuencia, la abdicación de hacer política por parte del Gobierno y limitar su obligación constitucional a la aplicación de la ley no puede no tener resultados funestos.

Lo hemos podido comprobar en estos últimos días. El Presidente del Gobierno que está en el origen de la situación actual, ya que fue él como presidente del PP en la oposición quien inició la recogida de firmas en 2006 contra la Reforma del Estatuto de Autonomía y quien encabezó la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra el mismo, que dio como resultado el “golpe de Estado” de la STC 31/2010, no puede desentenderse una vez investido Presidente del Gobierno de las consecuencias de sus actos y considerar que políticamente no hay nada que hacer y que la política territorial se reduce a la ejecución de la ley.

Esa manera de proceder conduce inexorablemente al 1-0 que se ha vivido en Cataluña este pasado fin de semana y que, en cierta medida, se sigue viviendo desde el domingo. Si el Gobierno se descarga de la tarea de hacer política, dicha tarea recae inevitablemente en los fiscales en primer lugar, en los jueces después y, por último en Policías y Guardias Civiles. Ninguno de ellos puede hacer nada para resolver el problema. Todo lo contrario. Su intervención únicamente puede conducir a dificultar todavía más una respuesta.

Pretender hacer frente a una rebelión popular de esta naturaleza y de esta magnitud sin hacer política es ridículo

Porque lo que se está viviendo en Cataluña es la rebelión contra el golpe de Estado que dio el PP a través del Tribunal Constitucional. Rebelión que se inició apenas se hizo pública la STC 31/2010 con una manifestación multitudinaria a los tres días de conocerse la sentencia. Y que, en contra de lo que pensaba el Gobierno que sucedería, no ha dejado de aumentar en volumen e intensidad hasta hoy.

Pretender hacer frente a una rebelión popular de esta naturaleza y de esta magnitud sin hacer política, sino únicamente con denuncias de la Fiscalía, autos y providencias de los Tribunales, y cargas de la Policía y de la Guardia Civil, es ridículo.

No hay alternativa a cumplir con la obligación de hacer política por parte del Gobierno. Mientras el presidente del Gobierno no lo entienda así y considere que su tarea es única y exclusivamente aplicar la ley, más lejos llegará la rebelión ciudadana y más difícil será encontrar una salida al laberinto en el que nos encontramos.

No tengo la más mínima esperanza en que Mariano Rajoy vaya a rectificar. Mi impresión es que es un boxeador “sonado”, incapaz de hacer nada con criterio. Tener a un presidente de gobierno en esas condiciones es preocupante. Pero más todavía lo es que el sistema español no encuentre la forma de sustituirlo.