Residencias: la lógica del beneficio contra la vida

Lo que se está viviendo hoy era simplemente un desastre anunciado

La UME (Unidad Militar de Emergencias) entrando en una residencia en Barcelona / DANI RÍOS

Las grietas ya estaban, el coronavirus solo las ha profundizado y las ha hecho estallar. En muchas residencias de ancianos ya existían graves carencias, desatención y condiciones laborales deplorables, una combinación que estos días nos han dejado escenas dolorosas: muertes masivas, ancianos conviviendo con cadáveres en la misma habitación o geriátricos privados intervenidos por el Estado por falta de personal. 

A día de hoy todavía no hay datos completamente fiables pero se calcula que en estos centros han fallecido por coronavirus al menos 11.600 personas, más de la mitad del total de las muertes oficiales. Es cierto que los ancianos que residen en ellos son un grupo de riesgo por edad y por las patologías que sufren. Además de que las residencias son especialmente vulnerables al contagio ya que en las más grandes pueden convivir estrechamente hasta 600 ancianos. Sin embargo, no se puede explicar el elevado número de muertes sin contar con los problemas anteriores que arrastraban muchas de ellas: hacinamiento, falta de medios y de personal. Un personal feminizado, precarizado y mal pagado que soporta altas cargas de trabajo –hasta 30 o más ancianos con gran nivel de dependencia a cargo de cada trabajadora–. De hecho en Cataluña estos días, numerosas residencias han intentado contratar personal para hacer frente a las abundantes bajas laborales causadas por el coronavirus, pero no han encontrado. Pocas mujeres quieren arriesgarse al contagio o a contagiar a los suyos por los 600-850 euros de sueldo medio ofrecido en lugares donde muchas veces tampoco se cuenta con las medidas de seguridad o los equipos de protección necesarios. Con esta situación, lo que se está viviendo hoy era simplemente un desastre anunciado. 

Medidas que no han llegado o ha llegado tarde. La tónica general ha sido la de la desatención

Con tasas de envejecimiento de las más altas del mundo, la atención a los mayores es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos como sociedad. Hoy son principalmente las familias –es decir, las mujeres– las que solucionan este problema como pueden. Mientras que las soluciones colectivas que debería proporcionar el Estado se han revelado un fracaso. En general estas se han apoyado en las externalizaciones y la privatización del servicio a través de la concertación, una buena parte a grandes empresas. A día de hoy las multinacionales y los fondos buitre controlan el 75% de las plazas de un negocio mueve al menos 4.500 millones de euros anuales y que se sostiene en gran medida con fondos públicos. Hay muchos intereses económicos en juego, sobre todo por parte de las empresas que van abriendo nichos de negocio sobre nuestras vidas.

Tanto Madrid como Cataluña podrían ser comunidades paradigmáticas de estas privatizaciones. Si el problema de las ratios –número de ancianos muy alto por trabajador– afecta tanto a privadas como a las públicas, en las privadas se agudiza –con peores salarios y menor formación–. El beneficio manda. Hoy ambas comunidades son las que presentan más proporción de muertes por covid-19 en residencias respecto del total –junto con las dos Castillas–. Aunque faltan datos totalmente fiables, a día de hoy en Madrid en ellas se han registrado oficialmente 4.953  y en Cataluña más de 1.800. Ambas comunidades lideran también el ranking de menor gasto social por habitante y Cataluña es la que menos se ha recuperado de los recortes realizados durante la última crisis.

Lo que pedían los trabajadores de estas residencias durante la pandemia eran tests, material de protección y medicalizar las residencias –muchas de ellas no han tenido atención médica presencial–. Medidas que no han llegado o ha llegado tarde. La tónica general ha sido la de la desatención. La Comunidad de Madrid además, para hacer frente a la saturación de la sanidad ha elaborado un protocolo que impedía trasladar a los hospitales a los enfermos de las residencias que tuviesen dependencia física –porque no caminen, por ejemplo– o bien psíquica, por alto deterioro cognitivo. Es decir, la amplia mayoría han sido abandonados.

El covid-19 ha impactado de lleno en ciertas áreas de nuestra sociedad evidenciando sus fracturas. Y lo que las residencias nos dicen de nuestra forma de organización social es que desprecia la vida, que la lógica del beneficio es contraria a su preservación. Esta crisis ha dejado experiencias sociales durísimas y muertes que quizás hubiesen sido evitables. Ojalá cuando pase deje también espacio a la reflexión sobre la necesidad de proteger y cuidar adecuadamente a los que lo necesitan –que somos todos en uno u otro momento de la vida– y a las luchas que lo hagan posible.

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