El sistema de asilo en Europa

Nos jugamos mucho, no sólo en el terreno de los derechos y los valores europeos

Anna Terrón
3 min

Presidenta de InstrategiesLa libre circulación de personas dentro de la Unión Europa implica un grado extraordinario de integración entre sus miembros. Por primera vez en un marco internacional, un grupo de estados pone en común un elemento sustancial a su naturaleza, el territorio, y decide compartir el control de quien accede con un sistema común de gestión de las fronteras exteriores. En un mundo donde la movilidad de las personas es altísima, los Acuerdos de Schengen suponen el sistema más sofisticado de gestión común de las fronteras, y deberían ser una esperanza para la gobernanza de la movilidad global. Lejos de defender y profundizar en esta Europa sin fronteras interiores, donde una mayor cooperación permite disfrutar de más libertad y más seguridad, hoy en la mesa del Consejo de Ministros de la Unión Europea se vive un peligroso giro hacia la renacionalización del control de fronteras, especialmente en relación a la aplicación del derecho europeo e internacional de asilo.

La Unión Europea tiene un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) que se fundamenta en el principio de territorialidad del derecho de asilo -como norma general, es responsable de cada persona demandante de asilo el primer país adonde ésta llega-, en unos criterios comunes para tramitar y conceder la protección internacional, y en unos estándares mínimos de acogida que deben ser garantizados en cualquiera de sus estados. Pero este sistema es mucho menos común de lo que debería ser y, como ya sucedió después de la crisis de los Balcanes, ha sido incapaz de dar respuesta en situaciones de estrés. La Comisión ha puesto sobre la mesa una propuesta que pretende forzar a los estados a cumplir las normas comunes. Pero esta reforma ya se atascó en la mesa de los ministros de Interior de la Unión, hace unos días, en medio de la ya larga discusión entre estados miembros con tradición de asilo y un sistema fuerte, como Alemania y Suecia -que acogen a la mayoría de los refugiados- y algunos estados de frontera, donde las cifras de primera llegada son más altas. Un debate estéril que está impidiendo tanto la solidaridad con los demandantes de asilo como la solidaridad entre los estados europeos. La pelota está ahora en el tejado de los jefes de estado y de gobierno, que se reunirán dentro de unos días en Bruselas. La tensión entre la necesidad de avanzar en el sistema común y la tentación renacionalizadora volverá a dominar un debate -a veces con tintes muy tóxicos- que puede tener, para la Unión, consecuencias más devastadoras que la crisis del euro.

El primer gesto cooperativo en mucho tiempo ha venido del nuevo gobierno de España con la autorización de entrada de las personas atrapadas en el 'Aquarius', un gesto que también ha dado visibilidad a la implicación de regiones y ciudades de toda Europa (incluyendo las ciudades italianas, a pesar de la posición del gobierno, que ha rechazado la llegada del barco) en las soluciones reales y factibles, que las hay, a la crisis. Más allá del impacto humanitario de la decisión, que es el primero y el más importante, este gesto también tiene efectos políticos. Sitúa a este gobierno en muy buena situación para incidir en el próximo Consejo Europeo, ya que ha demostrado que quiere jugar en este terreno y quiere hablar de la Unión en primera persona del plural, como deberían hacer todos los socios. Hablar de Europa en tercera persona cuando uno se sienta a la mesa de mando es falsear la realidad. Es importante, en este momento, ampliar el grupo de los que quieren alejarse del funambulismo político y la visión a corto plazo, paso previo a dar algún paso adelante, que no será nada fácil. Nos jugamos mucho, no sólo en el terreno de los derechos y los valores europeos. Una Unión incapaz de hacer reformas y de avanzar en la gestión común de la migración y el asilo no podrá sostener la libre circulación interior ni otros pilares fundamentales de su existencia. Y tendrá menos fuerza para empujar hacia una gobernanza global de las migraciones, tal como pide la agenda del desarrollo sostenible adoptada por las Naciones Unidas en 2015. Muchos elementos del sistema de Schengen -cooperación, control común y minimización de la frontera física- podrían servir de modelo para la gobernanza global de un hecho, la movilidad de personas, que no desaparecerá de nuestras realidades. La renacionalización de las fronteras podría dejarnos con una Unión muy debilitada internamente y fuera del debate internacional: unos costes humanitarios y políticos muy altos, y del todo exagerados en comparación con las dimensiones reales, no las pretendidas, del problema que afrontamos.

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