El análisis de Antoni Bassas: 'El estado español que va en contra de Cataluña'

La noticia nos sirve para entender el tipo de muro que el Estado puede oponer al independentismo

Ayer supimos que en época de Rajoy el Ministerio del Interior pagó dinero con fondos reservados para que agentes de los Mossos convertidos en confidentes de la Policía Nacional informaran de los planes de los mandos de la policía catalana sobre los preparativos del 1 de Octubre.

La información es grave, y al mismo tiempo seguro que no les extraña. El Estado creyó, o quería hacer creer, que estaba en juego la unidad de España, y ante la amenaza contraatacó en todos los frentes, incluido el de la guerra sucia.

Dejo para el consejero Buch la pregunta de si ya ha ordenado una investigación interna en los Mossos para saber quiénes eran los mandos que cobraron e informaron. Este no es el caso, pero que la noticia nos sirva para entender, una vez más, el tipo de muro que el Estado puede oponer al independentismo. Añadamos hoy las tres multas que la Junta Electoral Central impone al presidente Torra.

Una de 3.000 euros por haberse negado a retirar los lazos amarillos durante la campaña de las generales; otra de 3.000 por el mensaje de San Jordi -cinco días antes de las elecciones- en el que criticaba la "represión del Reino de España" y lamentaba la situación de los "presos políticos y exiliados"; y la tercera, de 2.500 euros, por haber enviado un mensaje electrónico a los funcionarios aquel mismo día en que calificaba el artículo 155 de "nefasto". ¿Cómo puede España considerarse una democracia de calidad si multan a un político electo para utilizar la libertad de expresión? La Junta Electoral, con el apoyo de la ley que los partidos no quieren derogar, convierte las campañas en estados de excepción.

¿Quieren saber más, sobre el Estado al que pagamos nuestros impuestos? En Madrid, la extrema derecha y la derecha nacionalista española que gobiernan el Ayuntamiento acaban de aprobar un plan urbanístico en el norte de la capital muy parecido al del distrito financiero de La Défense, en París, la apoteosis del centro que vacía la periferia, una nueva joya en la corona de la España radial. Y mientras tanto resulta que, según datos de la propia Intervención General del Estado, la ejecución presupuestaria real en Cataluña entre 2015 y 2018 ha sido del 66%. De cada 100 euros que el Estado dice invertir en Cataluña en los presupuestos anuales en la práctica se gastan solo 66. ¿Saben cuál es la inversión real en Madrid? El 114%.

Nada de esto nos sorprende. Los pagos a Mossos, las multas al presidente Torra, la baja ejecución presupuestaria y las huelgas de cada verano en el Prat se suman a la lista de mil razones para afirmar que es perfectamente racional salir de un Estado que te va contra. Lo que no es racional es la falta de estrategia para conseguirlo.


Libertad para los presos políticos, para los procesados, para los exiliados.

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