Cuando el imperio de la ley es sinónimo de catástrofe

La aplicación de la ley no debe hacer imposible la convivencia

Sin el imperio de la ley no se va a ninguna parte. Con el imperio de la ley exclusivamente, tampoco. La tarea de dirección política que la Constitución atribuye como la primera de todas al Gobierno de la Nación no puede reducirse al cumplimiento de la ley. Esto es algo que se aprende en los primeros cursos de la licenciatura y que no es necesario siquiera ir a una Facultad de Derecho para saberlo.

La dirección política tiene que consistir en crear las condiciones para que la aplicación de la ley no haga imposible la convivencia. En esto es en lo que tiene que centrarse el presidente del gobierno de una sociedad democráticamente constituida. Hacer política, a fin de que la ley pueda ser aplicada razonablemente. La tarea de aplicación de la ley es tributaria de la de dirección política y no a la inversa. Quien no lo entienda así, está incapacitado para el ejercicio de esa función.

Y esto es lo que le viene ocurriendo a Mariano Rajoy en relación con la integración de Catalunya en el Estado. El Gobierno, en opinión de su presidente, no tiene que hacer nada. Con Fiscales, Jueces, Policías Nacionales y Guardias Civiles es suficiente. “Descabezamos” al nacionalismo y problema resuelto.

Ocurre, sin embargo, que con el imperio de la ley el problema no solamente no se soluciona, sino que cada vez resulta más difícil de manejar. Desde que se ha hecho intervenir a fiscales y jueces para perseguir penalmente a dirigentes nacionalistas catalanes, nos hemos ido alejando cada vez más de una respuesta susceptible de ser aceptada con carácter general para la integración de Catalunya en el Estado. Como le recordó el portavoz del PNV, Aitor Esteban, al Presidente del Gobierno en una de las últimas sesiones de control en el Congreso de los Diputados, en este terreno tenía que optar entre la “victoria” o la “solución” del problema. La victoria es el “imperio de la ley” sin más. La “solución”, hacer política.

Estamos llegando a un momento límite. El Gobierno de la Nación ha destituido al Govern de la Generalitat, ha disuelto el Parlament y ha convocado elecciones. El Fiscal General, inmediatamente después de estos actos del Gobierno, cuando estaban ya, por tanto, convocadas elecciones, se ha querellado contra los miembros del Govern destituidos y contra los miembros de la Mesa del Parlament ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que han adoptado medidas cautelares sobradamente conocidas. En esas condiciones han acudido los ciudadanos a votar el pasado 21-D.

¿Se ha conseguido algo con ello? ¿Hay alguien que crea que se puede conseguir algo con más de lo mismo, es decir, con más querellas o con más prisiones provisionales?

El imperio de la ley se ha convertido en algo absurdo. Los dirigentes de los partidos que han ganado las elecciones convocadas por el propio Presidente del Gobierno de la Nación, no van a poder ocupar los escaños en el Parlament y convertirse alguno de ellos eventualmente en President de la Generalitat como consecuencia de una decisión judicial que tiene su origen en la querella de un Fiscal General que depende del Gobierno. O los van a tener que ocupar saliendo para hacerlo del centro penitenciario donde estén recluidos y ejerciendo las funciones propias del cargo desde dicho centro penitenciario. Porque el imperio de la ley exige que, hasta que no haya una sentencia firme que conlleve pena de inhabilitación, no pueden ser desposeídos de su derecho de sufragio pasivo.

El imperio de la ley se ha convertido en una prisión para el propio Presidente del Gobierno. Con dicho imperio nos lleva a la catástrofe y, tras los años que lleva con el mantra del imperio de la ley, no puede tener credibilidad con cualquier otro discurso. Este es el círculo vicioso en el que nos encontramos.

¿Hasta cuándo?

Etiquetes

Més continguts de